Vera G. no podía tener hijos y viajó con su pareja de Lanzarote a Barcelona para buscar una solución. La mujer tenía 40 miomas (pequeños tumores benignos del útero) que le impedían procrear. Tras someterse a distintas pruebas, el médico que la atendió le dijo que podía operarla sin riesgos y le aseguró que, al retirar los miomas, su problema de infertilidad quedaría resuelto. El 11 de enero de 2007 a las siete de la tarde, la mujer entró en el quirófano. Al día siguiente, murió como consecuencia de una hemorragia interna sufrida durante la operación.

El médico que la trató se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de homicidio imprudente. La fiscalía considera que actuó “con total inobservancia de los protocolos médicos” -que desaconsejaban una operación de ese tipo porque suponía “un alto riesgo de hemorragia”- y pide que sea condenado a cuatro años de cárcel y a seis de inhabilitación para ejercer la profesión.

La mujer, que entonces tenía 34 años, fue operada en la clínica Dexeus de Barcelona, donde el acusado trabajaba como consultor del servicio de ginecología. El hombre no tuvo en cuenta, según el escrito de acusación, los “estudios prequirúrgicos” que indicaban el riesgo de hemorragia. En el momento de la operación, subraya el fiscal, el médico “constató que había un mayor número de miomas de los previamente previstos”, de modo que era todavía menos aconsejable seguir adelante.

Tres horas después de ingresar en el quirófano, el médico había extraído a la acusada 38 quistes de entre 0,4 y 10 centímetros de diámetro cada uno. Dos quedaron en su interior. Los niveles de hemoglobina de la paciente aumentaron en las horas siguientes y evidenciaron que había sufrido un sangrado. Apenas 24 horas después de la primera operación, la mujer fue llevada de nuevo al quirófano para tratar de detener una hemorragia que acabó por provocarle la muerte.

La acusación particular, que ejerce la familia de la fallecida, pide dos años de cárcel para el médico. En su escrito, relata que la pareja pagó casi 7.000 euros por las pruebas y por la operación. “En ningún momento se informó” a la paciente” de que “una futura concepción era inviable por la gran cantidad de miomas a extraer”. Las cicatrices que le quedarían tras la intervención “constituirían un riesgo muy elevado de rotura del órgano cuando se produjera el embarazo y parto”, por lo que queda en evidencia, según el escrito del abogado de la familia, que el acusado perseguía “un interés económico por encima de la seguridad y garantías del paciente”.

El médico, según ese mismo escrito, asumió “un riesgo conocido y evitable”, y no se aseguró de que, antes de acabar la operación, “no había ningún sangrado activo”. La familia también reprocha la pasividad del profesional en las horas siguientes, lo que agravó el problema. Pese a que la analítica de primera hora de la mañana "daba señales de una hemorragia aguda y severa”, el médico no lo valoró y ni siquiera "fue a ver" a la paciente, "ni dio ninguna orden de transfusiones". La operación se hizo "excesivamente tarde", cuando la situación de la mujer ya era "crítica".