'CASO GÜRTEL'

El exadministrador del PP afirma ante el juez que su función era burocrática

Páez declara como imputado por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos

Cristóbal Páez, a su llegada al tribunal. / MÒNICA TORRES

Cristóbal Páez, que era administrador del PP nacional durante las elecciones generales de 2008 y que se hizo cargo de la gerencia tras el cese de Luis Bárcenas, afirmó este miércoles ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez está imputado como presunto autor de un delito electoral —financiación ilegal— en la ramificación del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción, apoyada en numerosos informes de la policía, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, ha reconstruido la aparentemente vasta actividad corrupta que la trama desarrolló en Valencia junto a destacados miembros del Gobierno y el PP regionales. Según las evidencias aportadas a la causa, ocho empresas constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas populares en las elecciones de 2007 y 2008.

Las contribuciones, efectuadas supuestamente a través de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, habrían oscilado entre los 110.000 euros de la empresa castellonense Lubasa, pasando por los 150.000 de Sedesa y los 200.000 del Grupo Vallalba. Las ocho empresas, cuyos gestores han sido imputados, eran adjudicatarias habituales de contratos de obra pública de la Generalitat. Para disimular los pagos, Orange Market les habría facturado por servicios inexistentes.

Páez insistió en que eran los gerentes del partido, que en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa, quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

En la causa se investiga, además del delito electoral y de falsificación mercantil, el supuesto amaño en la Consejería de Turismo de las adjudicaciones de la feria Fitur en favor de Orange Market, que obtuvo con este negocio cerca de cinco millones de euros.

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