La juez de los ERE imputa al exdiputado socialista Ramón Díaz

Un exviceconsejero, dos ex directores generales y una exasesora declaran como imputados en julio

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. / JULIÁN ROJAS

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado al exdiputado socialista andaluz Ramón Díaz, anterior mano derecha del ex director general Javier Guerrero en la Consejería de Empleo. La magistrada le achaca "su activa participación en la inclusión de intrusos" en tres expedientes de regulación de empleo (ERE). Estas personas nunca trabajaron en las empresas Calderinox, Saldauto y Anovo, pero sin embargo percibieron pólizas de prejubilación. Además, Alaya imputa a Díaz estar implicado en la ayuda a la firma SAT Virgen del Espino de 450.000 euros. "Dicha empresa solo tenía dos trabajadores en la empresa y parece ser que en realidad era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago", sostiene la magistrada.

La juez ha sumado otras cuatro imputaciones: la exasesora María José Rofa por conocer la "presunta ilegalidad" de la gestión en la Consejería de Empleo, así como el exjefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, María Ángeles Gala y Rocío Sayago, dos exsecretarias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Mientras, Alaya ha citado a Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y sucesor de Javier Guerrero, para que declare como imputado dentro de 15 días, el próximo 3 de julio. La magistrada ha modificado el calendario de declaraciones judiciales tras el último atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo y de este modo a Márquez le seguirán María José Rofa el 6 de julio y el director general de Trabajo hasta hace una semana, Daniel Alberto Rivera, el próximo 11 de julio, y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá el próximo 27 de julio. 

La juez Alaya da un vuelco de este modo a las previsiones del caso, ya que la declaración del exdelegado de Empleo Antonio Rivas se suspendió entre otras previstas, para así priorizar la gestión en el corazón de la Consejería. Las declaraciones se aventuran tensas y profusas tras los tres días en los que declaró Guerrero y los cuatro que duró la comparecencia del exconsejero Antonio Fernández. Tras el ingreso en la cárcel de Guerrero y Fernández, la amenaza de la prisión para Barberá, Márquez y Rivera como responsables de la tramitación de pagos que la juez estima irregulares, planea sobre estas comparecencias.

Por otra parte, Alaya ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,3 millones para el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, para el que la Audiencia fijó una fianza de 150.000 euros para recuperar la libertad, ya que se encuentra en prisión preventiva. La juez ha decretado el embargo de ocho cuentas corrientes a nombre de Trujillo.  

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