La fiscalía pedirá imputar a otras 10 personas en el fraude de las ONG

La Fiscalía Anticorrupción tiene intención de solicitar a la juez que instruye el saqueo de los fondos de cooperación que otorgaba la antigua Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando la dirigía el hasta ahora portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, que impute a al menos otras 10 personas más, según informó este martes la Cadena SER. Aunque la instrucción de la causa está muy avanzada y hasta el propio Blasco está a punto de ser imputado, la fiscalía entendería que todavía falta por practicar nuevas diligencias y tomar declaración a más personas en calidad de imputados.

Según la SER, se trataría de empresarios de más empresas implicadas en la trama de desvío de dinero destinado a países del tercer mundo y presidentes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que obtuvieron ayudas durante los años de gestión de Blasco.

Cuando después de más de un año de investigación la magistrada Nieves Molina —que instruye desde el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el caso del fraude de unos seis millones de euros otorgados por Solidaridad— levantó el secreto de sumario, la causa ya contaba con 22 imputados, de ellos seis trabajando en la Administración. El resto eran miembros de media docena de ONG y personas vinculadas a las empresas de la trama que saquearon los fondos y los desviaron a empresas de España y Estados Unidos, país en el que se compraron varios pisos y un yate.

Días después, el pasado 7 de junio, se ordenó la detención de otras cinco personas y el registro de varios domicilios y empresas. En este caso, la juez perseguía a las personas que proporcionaron las facturas falsas para que las ONG justificaran los proyectos subvencionados.

La ONG de un exdiputado del PP obtuvo dos millones de cooperación

No obstante, a juicio de la fiscalía, y siempre según la emisora, todavía faltaría ampliar la investigación a nuevas firmas y otras ONG aparecidas en el sumario. En concreto, la Cadena SER citó este martes a la Fundación Iberoamérica Europa, cuyo presidente, Pablo Izquierdo, fue jefe de prensa del expresidente José María Aznar. Las conversaciones intervenidas en la causa señalan un posible trato de favor.

Las ayudas a la Fundación Iberoamérica Europa-Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (Cipie) ya motivaron hace unas semanas las críticas de la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, tras desvelarse que de unas conversaciones intervenidas durante la investigación se podría inferir un trato de favor a la fundación que preside desde 2000 Pablo Izquierdo, que fue diputado del PP por Málaga. Cipie es una ONG fundada en 1981 que durante la última década ha recibido cuantiosas ayudas, más de dos millones de euros, de la Generalitat valenciana para proyectos en Panamá, Argentina, Perú y España.

Cipie consiguió casi cada año ayudas para algún proyecto. Así, en 2001 logró una subvención de 222.374 euros; en 2002 logró otra de 98.640; en 2005 captó otros 152.645; y en 2006 la cifra ascendió a 297.081 euros. Ya en 2007, Cipie consiguió de la Generalitat ayudas para cuatro proyectos por 840.539 euros, dos de ellos por más de 300.000.

Llinares ofreció a Izquierdo un trato especial para que su proyecto fuera aprobado

Ya con Rafael Blasco en la consejería, la fundación de Izquierdo logró nuevas subvenciones en 2010 y en 2011 por 412.484 euros. En el primero de los dos ejercicios consiguió dos proyectos para Panamá, uno de 116.540 euros y otro de 255.000. Finalmente, el año pasado consiguió 40.944 euros para un proyecto radicado en España titulado Inmigración, democracia y Desarrollo.

Izquierdo aparece en el sumario del caso de la cooperación porque la policía intervino una conversación suya el 8 de septiembre del año pasado en la que llamó a Marc Llinares, que fue jefe del área de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Llinares es uno de los imputados por la juez Molina.

En la conversación, el jefe de área le ofrece un trato especial para que su proyecto tenga más probabilidades de ser aprobado. Al arrancar la conversación, Llinares habla como si ya supiera el motivo de la llamada de Izquierdo: “Yo lo que creo que habría que ver, si hay interés de presentar alguna propuesta por parte vuestra, yo lo que le estoy diciendo a los amigos, por decirlo así, es que me manden una propuesta lo más detallada posible, como muy tarde la primera semana de octubre y te digo porqué, en primer lugar, analizar el proyecto en esa fecha nos permite, si hay necesidad de mejoras, proponerlas con tiempo para que se hagan”.

Con Blasco en la consejería, Cipie sumó tres ayudas por 412.000 euros

Después añade: “Si en un momento determinado esto entra por convenio, dependiendo de las posibilidades que haya económicas este año, pues se verá de una forma, y en otro lado, si no es así la convocatoria, pues al estar revisado, puntuado y todo lo demás, se ven las zonas donde están peor puntuados y se replantea el tema, de manera que al final el proyecto que vais a presentar va a tener una puntuación lo más alta posible, de manera que compite en condiciones y por tanto con el máximo de garantías por la vía normal”. Después Llinares insiste en que le dé el proyecto con un margen, para que Izquierdo tenga “todavía una quincena para actualizar ese proyecto y presentarlo a la convocatoria en las mejores condiciones”.

A falta de que la fiscalía haga efectiva su petición para ampliar el número de imputados, de momento tiene que preparar el informe que le pidió la juez para ver si cabe hacer lo mismo con Rafael Blasco, aforado por su condición de diputado en las Cortes. Se trata de un procedimiento jurídico incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que la fiscalía ha de argumentar los delitos que habría cometido el político del PP para elevar una exposición motivada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Si el TSJ estuviera de acuerdo se quedaría con el caso y nombraría un instructor.