Promotores de empleo a medio gas
El Estado recorta el presupuesto para una figura de mediación laboral creada en 2011
Las tres promotoras de empleo de la oficina Cartuja-Almanjáyar de Granada, que atienden y orientan a los parados de una de las zonas más castigadas por la crisis de la capital, temen perder su puesto de trabajo antes de lo firmado. Como ellas, hay más de 400 promotores de empleo en toda Andalucía en la misma situación. La incertidumbre forma parte de su día a día desde hace semanas, ya que su contrato finalizaba en diciembre de 2012, pero una modificación en los Presupuestos Generales del Estado lo adelanta al 30 de junio. La Junta de Andalucía se va a hacer cargo hasta septiembre, pero negocia las condiciones que, según han conocido a través de los sindicatos, pueden suponer una reducción a la mitad de la jornada y el salario.
Los promotores de empleo son una figura creada para toda España por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2010 para reforzar la atención a las personas desempleadas y a las empresas que ofertan empleo. En total, el Ejecutivo previó la incorporación de 1.500 personas en toda España a estos puestos desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de este año. En breve pueden pasar de ayudar a la gente a encontrar un empleo a buscarlo ellos mismos.
“Estamos huérfanos de padre y madre”, resume una de ellas, tras ver como las instituciones se culpan unas a otras por falta de fondos. “El problema ya no somos nosotros, sino el serio perjuicio que se va a ocasionar a las personas desempleadas”, subraya Pilar García, otra de las promotoras afectadas.
La oficina Cartuja-Almanjáyar atiende a la zona norte de la capital, donde la tasa de paro está en un 70% de la población activa. La Delegación de Empleo reconoce que es una de las que mejor funciona, y defiende la atención específica e individualizada a colectivos especialmente vulnerables, que van en aumento en toda la comunidad, que cuenta con la tasa de paro más elevada del país.
La orientación a personas desempleadas, adaptaciones profesionales o recalificación formativa son algunas de las funciones de estos profesionales. “Es obvio que la obra o servicio por la que fuimos contratados no solo no ha acabado, sino que va a aumentar considerablemente”, recalca una de ellas.
Desde que iniciaron las movilizaciones, los promotores de empleo han logrado arrancar de la Junta de Andalucía el compromiso de asumir tres meses más la financiación, pese a disminuir los fondos. Durante ese plazo, el consejero encargado de Empleo, Antonio Ávila, confía en que el Gobierno central “reconsidere” la merma de recursos en políticas activas de empleo para Andalucía y lograr así un plan especial que, como ha ocurrido en Extremadura, permita dar continuidad a estos promotores. Para ello ha pedido una reunión con la ministra Fátima Báñez.
El anuncio de los tres meses “no es una prórroga”, advierten los promotores, que han conocido a través de CCOO, UGT y CSIF que la propuesta pasa por una reducción de jornada y salario del 50%. Los afectados se concentrarán el jueves ante el Parlamento Andaluz puesto que se consideran “estafados”, si bien fuentes de Empleo aseguran que la negociación no ha terminado.
