Juzgados por estafa los gestores de la Fundación Puigvert

La fiscalía pide cuatro años de cárcel por facturar indebidamente 365.000 euros en litotricias

La exdirectora y actual presidenta del patronato de la Fundación Puigvert, Esperanza Martí, defendió ayer la legalidad de las facturas cargadas al Departamento de Salud por unos tratamientos que, según la fiscalía, se practicaron de forma inútil. El fiscal pide cuatro años de cárcel por estafa para Martí y para otros dos responsables de la clínica: el exdirector del servicio de radiodiagnóstico, Fernando Izquierdo, y la exdirectora de servicios básicos, Helena Isàbal. Los tres se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados por facturar litotricias de forma injustificada por 365.000 euros.

Según la fiscalía, los acusados desviaron dinero del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) por facturar indebidamente 237 intervenciones entre 2003 y 2004. Esas litotricias fueron inútiles, según la fiscalía, porque los pacientes habían expulsado ya las piedras del riñón de forma natural. A estos se les sometió a un tratamiento por ondas de choque, pero a intensidad mínima y por tiempo insuficiente.

Martí defendió que se pasaban las facturas a la Generalitat “caso por caso” y en función del historial clínico de los pacientes. La presidenta del patronato era responsable de los convenios con Catsalut desde 1992 para tratar a pacientes con cálculos renales procedentes de la sanidad catalana. Martí declaró, ante los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, que la clínica facturaba por todas las litotricias, con independencia de si se desarrollaban en una o más sesiones o requerían más intensidad o tiempo.

El exjefe de radiología, por su parte, explicó que los tratamientos de baja intensidad no eran inútiles, ya que se hacían para eliminar los residuos que dejaban los cálculos que se expulsaban de forma natural, es decir, “microfragmentos” de piedras y arenilla. Izquierdo defendió que aplicaba en cada caso únicamente “criterios médicos” y que disparaba las ondas en función de las necesidades del paciente.

Izquierdo sentía, dijo, la “obligación moral” de tratar a todos los pacientes que venían programados desde el departamento de urología, ya que manifestaban dolor. Ello con independencia de si habían expulsado ya el grueso del cálculo. “No sería ético mandarlos a casa”, apostilló. Isàbal, por su parte, se escudó en que no tenía ninguna responsabilidad en la facturación del centro, sino que su trabajo se limitaba a planificar la labor de enfermeros y médicos.

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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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