_
_
_
_
_

El ‘caso Bahía’ suma 12 imputados por el fraude de ayudas en Cádiz

La trama creó 50 empresas fantasma para blanquear 21 millones de Industria

Javier Martín-Arroyo
Manifestación en Cádiz el pasado 7 de junio para pedir la reindustrialización de la provincia.
Manifestación en Cádiz el pasado 7 de junio para pedir la reindustrialización de la provincia.VÍCTOR LÓPEZ (EFE)

Una red desarticulada de 12 personas, 21 millones defraudados, 50 empresas fantasma… Son los detalles de otro escandaloso fraude en las subvenciones públicas que ahora cumple 15 meses de investigación policial: el fiasco del Plan Bahía Competitiva ocurrido en Cádiz. Y como en el caso de los ERE, se repite una supuesta connivencia de la Administración para que los empresarios, en este caso gallegos y vascos, recibieran una lluvia de millones sin acreditar las inversiones para luego supuestamente blanquear el dinero. Afortunadamente, el fraude se detectó a tiempo, porque las sociedades iban a recibir la friolera de 80 millones (13.311 millones de pesetas).

La juez Lourdes del Río dirige las diligencias previas (2.000 folios) que dio a las partes la semana pasada. En ellas la policía desgrana el plan trazado por los empresarios, que contaron con la necesaria colaboración del exdirector del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales, para recibir las ayudas del Ministerio de Industria. “Antonio Perales ha desempeñado un rol fundamental en la trama de defraudación de subvenciones y ayudas investigadas con una intercesión permanente (…) No parece lógico que el mismo director del plan descienda al nivel de presentación física de documentos, en funciones de recadero, ante el organismo encargado de tramitarlos”, censura la policía.

Los actores de la trama (empresarios, gestores y funcionarios) fueron señalados por vez primera en febrero de 2011 cuando la Junta denunció ante la Fiscalía de Sevilla una falsedad documental detectada. Dos semanas después el fiscal de delitos económicos y actual consejero de Justicia, Emilio Llera, firmó el decreto para efectuar los primeros registros y pinchazos telefónicos de los sospechosos de la trama.

La policía subraya las falsedades que llevó a cabo la red para obtener ayudas

Alejandro Dávila ofertaba proyectos industriales relacionados con la energía, las aguas y una promoción de 20.000 viviendas eficientes, y desgranaba cifras del todo imposibles. “El proyecto global supondría según Dávila unos 500.000 puestos de trabajo en toda España”, destaca el informe policial. Este empresario gallego selló alianzas con los empresarios de las familias Retolaza y Arespacochaga, entre los que se encuentra un nieto del alcalde de Madrid entre 1976 y 1978. Los empresarios contaban con la consultora Ana Isabel Fuentes, que percibió de las sociedades 150.000 euros en solo dos años. La trama invirtió parte del dinero recibido (seis millones) en comprar parcelas, pero todo apunta a que fue un anzuelo para ganarse la confianza de los funcionarios y poder seguir cobrando las subvenciones. Mientras, Dávila invirtió 100.000 euros en tres coches de lujo.

Cuando la Administración sospechó de su solvencia, los empresarios esgrimieron certificados de un fondo de inversión procedente de Emiratos Árabes Unidos, Kunert Investment Fund Limited, que aportaría hasta 44,5 millones para empresas como Alcornocal Kork, SL, y Jellyfish Fishing, SL. Pero la falsificación era bastante burda, a juicio de la policía, que ve “graves irregularidades” sobre la identidad de los destinatarios, “incomprensible e injustificable”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

A pesar de que los técnicos de la Diputación de Cádiz alertaron de que Dávila despertó “dudas sobre la capacidad financiera para responder al total de la inversión”, el comité de gestión de Industria aprobó conceder las ayudas. A la reunión del 3 de marzo de 2011 asistieron Perales y representantes de la Diputación, pero no hubo voto discrepante.

Sombras sobre Antonio Perales

Los investigadores subrayan la escasa pericia de Perales para gestionar un plan con subvenciones millonarias: “Esta labor de intermediación debe ser calificada, a la luz de la importancia económica de los proyectos, como altamente imprudente, con una mínima o nula labor de comprobación de la solvencia de los proyectos”. Salvando las distancias, el ex director general Javier Guerrero también admitió su nulo seguimiento de las subvenciones que otorgaba.

Perales alegó ante la magistrada que le engañaron y que “carecía de capacidad” para comprobar la solvencia del grupo de empresarios. Pero los indicios en contra de esa supuesta ingenuidad son numerosos. Además, su sobrina Ofelia Perales trabajó para Dávila Ouviña, cerebro de la trama.

La policía subraya cómo la mayoría de los proyectos pretendían ubicarse en el pueblo de Perales, Alcalá de los Gazules (Cádiz). "Se ha podido comprobar cómo de forma evidente carece de la más mínima infraestructura capaz de asumir una inversión del tipo que se pretendía", dice sobre esta pequeña localidad de 5.500 habitantes a la que le iba grande esta inversión industrial. Un correo electrónico menciona que el líder del PSOE gaditano Francisco González Cabaña decidía los proyectos subvencionados en su despacho junto a Perales, destacan los agentes. Estos elaboran ahora un atestado ampliatorio con interrogatorios a testaferros y conseguidores.

La consultora empresarial imputada Ana Isabel Fuentes comentó con sarcasmo el desconocimiento de Perales sobre los desmanes de Dávila, según reveló un pinchazo: “No tenía ni idea de la investigación… por eso el delegado de Agricultura le acompañaba a Galicia, un mes antes de salir los resultados de la reindustrialización… iban los dos a Galicia… pobre Antoñito que le han engañado”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_