Traballo detectó un fraude de medio millón en cursos que no se hicieron

Las pruebas apuntan a posibles delitos de malversación de fondos públicos y cohecho

Cuatro imágenes de Gerardo Crespo en diversos actos: con Rajoy, el exalcalde Losada, la conselleira Mato y Feijóo.

Fue completo el registro policial, hace 10 días, en sedes de empresas y entidades de A Coruña que gestionan cuantiosos fondos públicos para la formación y el empleo. Gran parte salen del Fondo Europeo Social. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal también se incautaron de abundante documentación e incluso varios miles de euros en los domicilios privados de dos empresarios coruñeses muy conocidos y próximos colaboradores: Gerardo Crespo Riestra, al frente de un entramado de sociedades y entidades sin fines lucrativos, y Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype).

Ambos comparten, además de su fuerte afinidad con el PP, habilidades por captar de las Administraciones (estatal y autonómica) fondos y contratos millonarios para formación y empleo. Y están en el centro de la investigación judicial de un “posible fraude”, como confirmó el fiscal superior de Galicia, que se calcula millonario. Fue en otoño de 2011 a raíz de diversas denuncias cuando el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña se puso tras el rastro.

El sumario está bajo secreto. Incluye cientos de escuchas policiales a los principales sospechosos. Fuentes de la investigación aseguran que ya se recabaron sólidas pruebas que apuntan a malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental. Fueron las que desencadenaron los registros policiales, bajo orden judicial. La abundante documentación incautada, toda la relativa a las actividades y clientes desde 2008 del entramado empresarial (una decena de empresas, entre ellas dos inmobiliarias, y entidades sin fines lucrativos) de Crespo y su principal socia, su esposa María del Carmen Canel Crespo, puede derivar en más implicaciones. Aunque de momento no hay constancia de que el juez citase a declarar a nadie.

Las “graves irregularidades” que la Consellería de Traballo se jactó de haber denunciado ya en febrero ante la Fiscalía al comprobar que entidades de Crespo cobraron subvenciones por cursos de formación y inserción para desempleados que nunca se hicieron solo son la punta del iceberg. Funcionarios del departamento dirigido por Beatriz Mato, coruñesa y con hasta ahora excelentes relaciones con Crespo, comprobaron que cinco de las 26 entidades sin animo de lucro adjudicatarias de los cuantiosos planes plurianuales de integración para el empleo 2011-2012 nunca llegaron a realizarlos. Incluso los que estaban avalados con facturas emitidas en diciembre de 2011. En total, medio millón de euros en subvenciones para actividades inexistentes.

El entramado empresarial de Crespo, que presumía de facturar cinco millones de euros anuales y emplear unas 120 personas, está en el meollo. Por un lado como adjudicatario directo de dos de esos planes de integración (155.252 euros) a través de sus dos entidades sin ánimo de lucro, la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED) y la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo). Y por otra vía su consultoría Azetanet, subcontratada (cobra entorno al 20% de la subvención en concepto de “gastos de gestión”) por otras tres entidades que también entraron en el reparto de esta línea de ayudas de Traballo: la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), el sindicato USO y la Asociación provincial de Hostelería de A Coruña. Esta última, presidida por Héctor Cañete, empresario próximo a Crespo y Calviño, no renunció voluntariamente a la subvención concedida (126.000 euros) como sí lo hicieron, en abril, USO y la Federación de Autónomos. “Comprobamos que Azetanet no cumplía con los cursos previstos para 100 parados y era imposible alcanzar los objetivos de la subvención”, explican en el sindicato.

Fue Traballo la que revocó las concedidas a Crespo y a los hosteleros (en total 281.252 euros) y trasladó el caso a la Fiscalía. La Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), fundada y presidida por Eliseo Calviño, no está afectada por esta denuncia de Traballo. Pero la sede nacional de este organismo y el domicilio de su presidente, ambos en A Coruña, sí fueron registrados. Caype es el principal cliente de la consultoría de Crespo, Azetanet. Le encargó la realización y gestión de la casi totalidad de los siete millones en ayudas para formación y empleo que captó entre 2005 y 2009 de la Fundación Tripartita, dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero Caype también tiene cientos de miles de euros sin justificar. El ministerio le reclama devoluciones y acudió también a la Fiscalía.

Siempre bien relacionado

La foto posando en la Moncloa junto a Rajoy fue la última que añadió Crespo en su despacho. Acompaña a otras con el Rey, Feijóo, Fraga o Francisco Vázquez. Siempre presumió este empresario coruñés de sus excelentes relaciones con gobernantes y políticos, sobre todo de la órbita del PP. Aunque en el mandato bipartito de la Xunta se cuidó de agasajar también a socialistas en el poder, con premios como el de Coruñés del Año al conselleiro de Presidencia, Méndez Romeu. Pero todo sin renunciar a sus incensantes y combativas iniciativas, desde la atalaya de varias asociaciones coruñesas, contra la gestión del anterior alcalde socialista de la ciudad, Javier Losada.

A Crespo, que fracasó en 2010 en las elecciones para presidir la Cámara de Comercio, también le gusta rodearse de socios con proyección. Aunque sea dudosa. En su extender al ámbito nacional su fundación Fundefo, ahora bajo sospecha de fraude, incorporó en 2006 dos patronos: como vocal, a Jaime López Cossío, director de Colocación y Empleo en la Xunta de Fraga. Y como secretario al catalán Lluís Galvadá. Ex alto cargo de la Generalitat, es uno de los principales encausados en el caso Pallerols, la trama de supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya a través del desvío de subvenciones de la Consejería de Trabajo. El fiscal pide casi 10 años de cárcel para Galvadá.

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