El PP no acredita las 36 facturas de Piaf en Vila-real

La firma está siendo investigada en la trama de presunta financiación irregular de los populares

Ni el exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert, ni los responsables del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento han dado explicaciones o han podido acreditar la existencia de facturas por casi 600.000 euros a la constructora Piaf, una de las empresas investigadas en la presunta causa de financiación de los populares valencianos. En total, 36 facturas que se presentaron a los técnicos municipales el 30 de mayo, días después de las elecciones locales que provocaron el cambio de gobierno en Vila-real. La mitad de ese importe, 277.000 euros, fueron endosados a una entidad bancaria un día antes del traspaso de poderes y estando Rubert en funciones.

El alcalde, José Benlloch (PSPV), anunció ayer que el Consistorio firmará un decreto para anular el pago después de que, tras trasladar al anterior equipo de gobierno, a la empresa (a través de su administrador concursal) y a la entidad bancaria a la que se cedió el pago de las facturas el expediente para que presentaran alegaciones, ninguna de las partes haya dado respuesta.

Benlloch explicó que sólo el exalcalde se ha pronunciado pero que “lo alegado no desvirtúa ni aclara nada”. “Está todo el expediente escrupulosamente acreditado”, dijo.

El regidor socialista apuntó que fueron los técnicos municipales los que iniciaron la investigación. “Pasadas las elecciones aparecen todas estas facturas, el 30 de mayo, cuando parece que alguien se da cuenta de que en Vila-real va a haber un cambio”, dijo. Los técnicos pidieron al anterior equipo de gobierno que las facturas se registran oficialmente, lo que se hizo el 6 de junio.

Cláusula de endose

Un día después se pidió al edil del área, Ramón Tomás, que las firmara (puesto que sólo iban con cuño del Ayuntamiento) “pero se negó”. Tres días después, Juan José Rubert firmó una cláusula de endose cediendo al banco el pago de 277.000 euros. El resto se hizo antes.

Con el plan de pago a proveedores la entidad reclama al Ayuntamiento esos cerca de 600.000 euros y se inicia el expediente para acreditar que se trata de facturas por trabajos no realizados. Por otro lado, el Ayuntamiento también ha iniciado una investigación para acreditar una nueva tanda de facturas, esta vez presentadas por Becsa, por importe de 1,9 millones. De ellas, están en proceso de comprobación cargas por importe de 400.000 euros.

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