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El Consell aprueba nuevos impuestos y tasas para ingresar 156 millones de euros

Se gravarán actividades medioambientales y los servicios judiciales Se recupera el impuesto de patrimonio

El consejero José Manuel Vela y el vicepresidente José Ciscar, en la rueda de prensa sobre el pleno del Consell.
El consejero José Manuel Vela y el vicepresidente José Ciscar, en la rueda de prensa sobre el pleno del Consell.KAI FÖRSTERLING (EFE)

El Gobierno valenciano espera ingresar unos 156 millones de euros anuales con la aplicación de dos nuevos impuestos medioambientales, la implantación de tasas judiciales, la aplicación del Impuesto de Patrimonio y la subida en un punto del impuesto aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas.

El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Impuestos Medioambientales de la Comunidad Valenciana y la nueva tasa judicial, medidas avanzadas ya en el plan de reequilibrio económico financiero de la Generalitat y que aún no se habían concretado, según ha recordado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, José Manuel Vela.

La nueva tasa por servicios personales y materiales en el ámbito de la Justicia supondrá entre 8 y 10 millones de euros de ingreso. La Generalitat cobrará a los ciudadanos en la jurisdicción civil entre 50 y 95 euros por procedimientos concursales, apelaciones y casaciones, así como por casos de cuantía superior a 3.000 euros, entre otros. En la jurisdicción contencioso-administrativa, presentar un recurso ordinario o abreviado de cuantía superior a 3.000 euros costará 75 euros, mientras que las apelaciones y casaciones implicarán un desembolso de 95 euros al ciudadano que decida pleitear contra la Administración.

Quedan excluidas de la tasa la jurisdicción penal y la social, así como los casos de familia, sucesiones, y contenciosos referentes a personal y derechos fundamentales. No la pagarán la fiscalía, los que tengan derecho a asistencia jurídica gratuita, el Estado, comunidades autónomas y entidades exentas del impuesto de sociedades. En el caso de los autónomos y familias numerosas habrá una bonificación.

Los dos nuevos impuestos medioambientales gravan las actividades que inciden en el medio ambiente y la eliminación de residuos en vertederos, respectivamente, y con ellos se espera ingresar anualmente 30,94 millones de euros, que se destinarán exclusivamente a políticas medioambientales. Según el consejero Vela, estos impuestos parten de la premisa de "quien contamina, paga".

El de residuos no grava la basura doméstica, según ha precisado Vela, para evitar una doble imposición, ya que los municipios ya cobran por este servicio a sus ciudadanos. Las empresas que llevan a vertedero residuos no peligrosos pagarán entre tres y cinco euros por tonelada; los de construcción costarán 0,5 euros por metro cúbico, y los residuos peligrosos se gravarán con entre siete y diez euros por tonelada.

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En el caso de las actividades que repercuten en el medio ambiente, se gravará la producción de energía eléctrica -0,0018 euros por kilovatio hora en centrales nucleares; 0,0008 euros en las térmicas, y 0,0004 euros en las hidroeléctricas-, pero estará exenta la generación eólica y solar. El almacenamiento de residuos radiactivos costará entre cinco euros por kilogramo a 1.000 euros por metro cúbico dependiendo de su actividad. Para los gases contaminantes se establece una escala progresiva con tipos de entre 36 y 200 euros por tonelada.

La aplicación del Impuesto de Patrimonio en 2012 -en principio el Consell lo iba a bonificar al 100% este año y el próximo- busca que "contribuyan más los que más tienen" y supondrá ingresos suplementarios de 70,66 millones de euros, ha explicado Vela. El Consell ha dado marcha atrás en su pretensión de no aplicar el impuesto, recuperado por el anterior Gobierno socialista. Preguntado al respecto, Vela ha afirmado que "las circunstancias mandan" y que "rectificar es de sabios".

La subida del 7% al 8% del tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de transmisiones onerosas, permitirá ingresar 44,75 millones de euros.

Abucheo por el ERE de RTVV

Un grupo de trabajadores de Ràdio Televisió Valenciana ha aprovechado la celebración del pleno del Consell para protestar de nuevo contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que implicará el despido de más de un millar de empleados del ente público.

Los manifestantes han abucheado al consejero de Hacienda, José Manuel Vela y al vicepresidente, José Ciscar, a la salida de la rueda de prensa sobre los asuntos tratados en el pleno y les han gritado "lladres, lladres" (ladrones).

Aprobado el endeudamiento para pagar a proveedores

El Consejo de Ministros ha autorizado el endeudamiento de la Comunidad Valenciana, que se había acogido al mecanismo extraordinario de pago a proveedores para la suscripción de los préstamos con el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores, por un importe de 4.300 millones de euros. En concreto, la Comunidad Valenciana figura como la autonomía que tiene la mayor cantidad pendiente de pago, y además registró un total de 571.715 facturas a un total de 6.358 proveedores. Otras 13 comunidades autónomas se acogieron al plan de pago a proveedores por un importe de 17.718 millones de euros.

El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ha hecho mención esta mañana que la aprobación del endeudamiento estaba prevista para el Consejo de Ministros de hoy.  La Comunidad Valenciana podrá hacer frente así al "70% de deudas pendientes". Preguntado en este sentido por si se baraja la posibilidad de ampliar el pago a proveedores para incluir, entre otras, las deudas con las farmacias, Vela ha destacado que el Ministerio de Economía "está abierto a ampliar los supuestos de tipos de actividades que se pueden acoger" a este plan, dado que ha habido un remanente en la financiación.

"Desde el Consell hemos solicitado que se amplíe" dicho plan, "especialmente" en lo que se refiere a convenios y farmacias, ha aseverado Vela, quien ha indicado que esto podría decidirse en el próximo Consejo de Ministros. Si así fuera, ha contemplado la posibilidad de que los receptores de esta segunda "oleada" de pagos cobren a "finales de julio".

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