Calparsoro descarta que haya “criterios de venganza” en la dispersión de presos

El fiscal superior opina que la Justicia “no debe quedar impasible” ante la crisis

Desde la izquierda, la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán; Noreña; el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra; el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y Calparsoro, ayer, durante una recepción en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. / FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, consideró ayer que la dispersión que se aplica a los presos de ETA “respeta el principio de legalidad” y descartó que haya en ella “criterios de venganza”. Calparsoro hizo esta apreciación durante su participación en Bilbao en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en respuesta a dos concejales de Bildu en la capital vizcaína. Matizó, no obstante, que una disolución de la banda terrorista propiciaría que el Gobierno central se replanteara su actual política penitenciaria con los reclusos etarras, como ya avanzó días atrás el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El fiscal superior explicó que el hecho de que “se disolviera la organización en cuyo seno han cometido sus delitos los presos, sin duda alguna, mejoraría exponencialmente el pronóstico de reinserción”. En su opinión, los reclusos “tendrían que cumplir sus penas” en cualquier caso, pero podrían hacerlo con una política penitenciaria “mucho más próxima y adaptada al nuevo escenario” sin ETA.

Calparsoro señaló también durante su intervención que la Ertzaintza tendrá que adaptar sus actuaciones al escenario de paz, porque “ha crecido en un contexto de violencia terrorista que ha condicionado” su forma de intervenir. Se refirió así a los nuevos protocolos en los que trabaja ya Interior, cuya aplicación será efectiva en los próximos meses. Entre ellos destaca la limitación del actual material antidisturbios a las unidades especializadas, en detrimento de las de Seguridad Ciudadana.

Ya en materia judicial, el fiscal superior advirtió de que la Justicia “no debe permanecer impasible” ante la crisis, sino que tiene que contribuir a “paliar sus consecuencias más dramáticas”. En este sentido, emplazó a la maquinaria judicial a estar preparada para dar respuesta a los delitos que puedan llevar “a miles de personas al paro, a que miles de inversores vean peligrar sus ahorros o a que haya que recortar los sueldos”. Así, valoró que el Ministerio Público haya actuado de oficio para investigar posibles delitos en la creación de Bankia, porque “hay una demanda social” de que “se ponga coto” a los posibles “delitos de cuello blanco”.

Menos categórico se mostró en torno a la polémica suscitada por los gatos del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, al limitarse a reconocer que, en algunas instituciones, se han utilizado fondos públicos de manera “laxa”.

Más vigilancia sobre el cannabis

Santurtzi acogió ayer y anteayer la reunión semestral de la junta de la Fiscalía Especial antidroga. En la cita en el que se abordó la necesidad de intensificar la vigilancia sobre las asociaciones que propugnan liberalizar el consumo de sustancias estupefacientes, entre ellas los grupos procannabis, ya que no existe ningún “limbo legal” al respecto, según consideró el fiscal jefe de la especialidad, José Ramón Noreña.

El máximo responsable del Ministerio Público en la materia presentó ante los medios las conclusiones de una cita en la que se recalcó el “estricto sistema legal de autorización y control” que pesa sobre el cultivo de plantas como la marihuana. En este sentido, Noreña insistió en que se ejercitarán las acciones penales correspondientes contra la comisión de delitos “mientras la regulación sea la que es”, y pese a la existencia de “un movimiento favorable a la despenalización”. No obstante, reconoció que se trata de “un tema complicado”.

El fiscal jefe antidroga, por otro lado, se refirió a la ponencia del Parlamento vasco que estudia dar un marco legal a las asociaciones de consumidores de cannabis. En este sentido, consideró que “no cabe” que Euskadi regularice este tipo de colectivos, porque es una competencia exclusiva del Gobierno central. “Tenemos una ley de estupefacientes y una Constitución, donde ciertos aspectos de la sanidad son competencia exclusiva del Estado”, argumentó Noreña.

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