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Medio Ambiente sostiene que nunca propuso una incineradora en O Irixo

La consellería asegura que solo certificó que el plan de Estela Eólica cumplía los requisitos La Xunta dice que el vertido de los residuos es un tratamiento “óptimo”

Manifestación convocada por la plataforma contra la incineradora de O Irixo, el pasado enero.
Manifestación convocada por la plataforma contra la incineradora de O Irixo, el pasado enero.NACHO GÓMEZ

La Consellería de Medio Ambiente ha pasado en apenas cinco meses de apoyar como innegociable la ubicación de una planta de tratamiento de residuos en O Irixo (Ourense) a desentenderse por completo del proyecto. El secretario general de Calidad y Evaluación Ambiental, Justo de Benito, argumentó ayer en el Parlamento que el Gobierno gallego nunca defendió el polémico emplazamiento, que se frustró tras el rechazo del PP orensano. “La Xunta lo que dijo es que O Irixo cumplía” con las determinaciones del Plan de Residuos, sostuvo De Benito, que añadió que la consellería “nunca se pronunció” sobre el proyecto de Estela Eólica porque “nunca tuvo ningún proyecto que analizar”.

El responsable de Calidad y Evaluación Ambiental compareció junto al conselleiro Agustín Hernández el pasado 5 de diciembre para anunciar la construcción de la incineradora en O Irixo. La rotundidad con que ambos defendieron entonces la elección de la localidad orensana, con relación de inversiones y puestos de trabajo incluida, se fue debilitando a medida que creció la oposición vecinal y política, hasta llegar al total desentendimiento de ayer.

El PP amplía a las industrias la moratoria a los derribos

“Lo que ocurrió es que una empresa que se presentó al concurso eólico se ofreció para ejecutar este proyecto y propuso la localización de O Irixo”, relató el secretario general de la consellería de Medio Ambiente. La Xunta informó de que esa propuesta cumplía las exigencias del Plan de Residuos de la consellería, “nada más”. Pero el proyecto quedó a expensas de la presentación de un proyecto para su tramitación ambiental, “y varios meses después no se ha hecho”, añadió en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carmen Gallego.

Gallego reprochó al cargo de Medio Ambiente el “absoluto fracaso” de la política de gestión de residuos después de tres años de gobierno, en los que la Xunta de Feijóo, acusó, se limitó a “tirar abajo el plan que dejó el bipartito” y dejar el nuevo “sin desarrollar”. Justo de Benito replicó que el Gobierno anterior hizo “una demostración clara de cómo no hacer un plan de residuos”, y acusó a la diputada del PSdeG de creer que un proyecto semejante “se hace en una servilleta de bar, con cuatro cifras”.

De las preguntas que realizó la socialista en la comisión parlamentaria, De Benito dejó una sin contestar: qué planes tiene la Xunta para la segunda planta de tratamiento de residuos tras fracasar el proyecto de O Irixo. El responsable de Calidad y Evaluación Ambiental no lo aclaró, pero no puso impedimentos al depósito de los vertidos en el vertedero de Areosa, integrado en la planta de Cerceda, actualmente en fase de ampliación. “El vertido de residuos es un tratamiento adecuado; no el óptimo, pero adecuado”, afirmó De Benito, que acusó al PSOE de “alarmar irresponsablemente” con los efectos del vertido de residuos.

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En la misma comisión parlamentaria, el PP sacó adelante con sus votos el texto de la Lei de Vivenda con las enmiendas añadidas ayer mismo, para que se someta a aprobación definitiva en el próximo pleno. La nueva norma extenderá así a naves industriales la moratoria a la ejecución de sentencias de derribo a edificios declarados ilegales, tal y como propone una enmienda del PP que contó con el voto en contra de la oposición.

Del mismo modo, los populares rechazaron una propuesta del PSdeG que introducía matices en la moratoria, que cuenta con informe en contra de la Asesoría Xurídica de la Xunta y el rechazo del Colegio de Arquitectos de Galicia. El Tribunal Constitucional admitió a trámite una impugnación contra una medida similar aprobada en Cantabria, que obliga a indemnizar a los propietarios antes de efectuar el derribo.

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