El sector privado controlará las recetas de los médicos públicos

El nuevo modelo sanitario entrega buena parte de la gestión a las empresas

El consejero de Sanidad, Luis Rosado. / CARLES FRANCESC

La Generalitat pretende ceder al sector privado el control de los medicamentos que prescriben sus propios médicos. Este es uno de los aspectos que contempla el nuevo modelo sanitario que la Administración que preside Alberto Fabra está diseñando, a cuyo borrador ha accedido este diario. El nuevo escenario, que debería entrar en funcionamiento en enero del próximo año, entrega buena parte de la gestión y supervisión del sistema a la iniciativa privada.

Las empresas se encargarán del “control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria y exprótesis [prótesis que no requieren cirugía] realizada en los centros de atención primaria y especializada”. Para ello, intervendrán en “el seguimiento de la prescripción por médico y patología” o “la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico”. También en la “formación” de los médicos, en el “desplazamiento [en la prescripción] hacia medicamentos genéricos o sin protección de patente” o en la “incentivación” de los facultativos con relación al “seguimiento de determinadas pautas terapéuticas”.

Ambigüedad calculada de un sistema abierto

Si algo está meridianamente claro en el nuevo modelo de gestión que pretende aplicar la Generalitat es que es un paso más hacia la privatización del sistema y que su alcance es general (al contrario de la progresividad que caracterizó la extensión del modelo Alzira), al extenderse a los 18 departamentos de salud que permanecen bajo el control de la Administración pública. También revela que la Generalitat se considera incapaz de controlar el gasto, especialmente el farmacéutico (en hospitales y en las recetas), por lo que se quiere trasladar esta responsabilidad a las empresas.

Al margen de ello, el documento elaborado por Sanidad en el que se sientan las bases del nuevo modelo al que ha accedido EL PAÍS, tiene una medida ambigüedad. El texto incluye frecuentemente expresiones que trasladan la sensación de que está sujeto a cambios. Como cuando se refiere al “alcance inicialmente previsto que conformaría el perímetro del contrato” o cuando plantea que este “inicialmente comprende para algunos servicios el control de la gestión y para otros la prestación de determinados servicios”.

Ello responde a que se trata de la base de la negociación que se abrirá con las empresas interesadas en participar en el modelo, que aportarán sus sugerencias a lo largo del proceso de diálogo competitivo que se abrirá en los próximos meses.

¿Qué plantearán las compañías? De entrada, buena parte de ellas, sobre todo las más vinculadas al sector sanitario, pedirán que se abra el campo de juego y que se traslade al sector privado un mayor número de servicios sanitarios, según ha podido saber este diario. Los grandes márgenes económicos están en la parcela asistencial, no en la auxiliar. Quizás por ello, el texto contenga intencionadamente un planteamiento tan abierto, con margen para externalizar más servicios.

Todo ello se dirige a recortar el gasto que le suponen al Consell las recetas, en unos momentos en los que la Generalitat atraviesa por una situación de extrema falta de liquidez. La Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, paga con cuatro meses de retraso a las farmacias (debe 480 millones de euros), una tardanza que ya le ha costado dos cierres patronales, el último, la semana pasada.

El control del gasto farmacéutico es solo uno de los aspectos que quedarán bajo la órbita del sector privado en el vuelco que supondrá la nueva organización del mapa sanitario valenciano, que la Generalitat ha bautizado como “modelo de gestión compartida” público-privada y cuyo diseño sigue quemando etapas.

Rosado anunció ayer que en la reunión del Gobierno valenciano que se celebrará hoy presentará a sus compañeros del Consell un documento en el que se especificarán las necesidades que deberán cumplir las empresas interesadas en participar en el modelo.

La filosofía de partida de la vuelta de tuerca privatizadora que supone el nuevo escenario de la sanidad valenciana consiste en agrupar todas las actividades que ya están externalizadas en los 18 departamentos de salud que gestiona directamente la Generalitat y cederlas a un único operador privado para que se ocupe en bloque de todas ellas en cada departamento (o varios, según se distribuyan los lotes).

En un principio, cuando a finales del mes de abril la Consejería de Sanidad anunció esta medida, dijo que la parcela que iba a quedar desgajada del control de la Administración sería básicamente la actividad de soporte a la estrictamente sanitaria. Ello implica la limpieza, las tareas de mantenimiento, la restauración, la seguridad, la lavandería, los archivos clínicos, la gestión de residuos, la esterilización de equipos, la adquisición de material sanitario, el suministro de energía o el vestuario. La suma del coste de todas estas partidas para la sanidad valenciana en 2011 fue de 377 millones, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Sanidad también apuntó que dentro de este conjunto de servicios que se concentrará en manos de un único gestor privado estarán incluidos algunos servicios sanitarios ya externalizados. A pesar de que se le dio menos importancia a todo ello, aquí es donde está el gran volumen de gasto que se transferirá y de donde se pretende ahorrar. Toda esta porción de actividades relacionadas con la parcela sanitaria que se transferirá al sector privado supuso en 2011 1.987 millones de euros (1.137 corresponden al gasto en recetas).

Además, el borrador elaborado por la Consejería de Sanidad va más lejos de lo que se planteó inicialmente respecto a la cesión a la empresa gestora de servicios relacionados con la asistencia o el diagnóstico. Es verdad que se transfieren al operador privado servicios ya concertados, como el diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética, la oxigenoterapia o la hemodiálisis. Pero lo mismo sucederá con otros que se mantenían al margen del sector privado, como la farmacia hospitalaria (donde controlará las compras o supervisará la “correcta utilización” de los fármacos).

En otros servicios sanitarios, la prestación privada no consistirá en la gestión directa, sino en el “control para la mejora de la gestión”. Es decir, en ahorrar con medidas como las “mejoras de eficiencia”, la “introducción de mecanismos de incentivación al ahorro” o el “seguimiento del gasto”.

Quizás el caso más relevante dentro de esta categoría (el control de la gestión) sea el de la prescripción de fármacos. Esta cuestión (supervisar qué recetan los propios médicos) ha sido uno de los grandes caballos de batalla de las concesionarias de los departamentos de gestión privada (el modelo Alzira). En el caso de los facultativos heredados de la Consejería de Sanidad (con categoría de estatutarios), las empresas no tienen capacidad de incentivarlos o supervisar su prescripción. Lo que destila el documento elaborado por Sanidad sobre el nuevo modelo es una clara apuesta por el control de las empresas sobre lo que recetan los médicos de la red pública.

El grueso del ahorro previsto se obtendría en la parcela sanitaria

Además de las recetas, quedan “bajo el control y mejora de la gestión” de la gestora privada servicios como los de radioterapia, medicina nuclear, neurofisiología, diálisis peritoneal, tratamientos del espectro autista, radiocirugía o la neurorrehabilitación posterior a un accidente cerebral. El documento alude a que el “colaborador privado” supervisará estas actividades en los departamentos en los que se hayan contratado estos servicios con empresas privadas (frecuente en algunos casos para combatir las listas de espera, por ejemplo en el caso de los estudios neurofisiológicos del sueño).

El texto elaborado por la Consejería de Sanidad servirá de punto de partida a la negociación que se abrirá con las empresas interesadas en participar en el modelo (mediante el procedimiento de contratación del diálogo competitivo) y que definirá los límites exactos del contrato.

Una vez se ponga en funcionamiento, a principios del año que viene, la Comunidad Valenciana volverá a situarse en la vanguardia de la privatización de la sanidad pública sanitaria con el estreno de este nuevo modelo en solitario en España. Ya se destacó en 1999 con la aplicación de la fórmula de la concesión administrativa a la sanidad (el modelo Alzira) que cubre la asistencia del 20% de los valencianos, se ha exportado a Madrid y pronto lo hará a Castilla-La Mancha.

Una nueva vuelta de tuerca hacia la privatización de la sanidad pública

Estos son algunos de los aspectos más relevantes del Documento de evaluación previa jurídica, económica y financiera a la tramitación del expediente de contratación del contrato entre el sector público y el sector privado para la gestión compartida de los departamentos de salud.

El nuevo modelo de gestión compartida de la sanidad pretende que se concentre [en manos privadas] la contratación de la gestión y prestación conjunta de determinados servicios sanitarios y no sanitarios para los departamentos, que mayoritariamente ya son actualmente prestados de forma externa.

El alcance del contrato inicialmente comprende, para algunos servicios, el control de la gestión y, para otros, la prestación de determinados servicios sanitarios y no sanitarios a la población protegida.

El control de la gestión por parte de la gestora privada se aplicará a la farmacia con receta, las exoprótesis, microcirugía, dispensación de metadona, tratamientos de espectro autista, neurorehabilitación, diálisis peritoneal, medicina nuclear, neurofisiología, o radiocirugía.

La prestación del servicio por parte de la empresa afectará a la farmacia hospitalaria, las endoprótesis, el material sanitario, la oxigenoterapia, el diagnóstico con resonancia magnética, el transporte no asistido o la hemodiálisis.

En el caso de la prestación privada no sanitaria, las parcelas incluidas son la limpieza, el mantenimiento, la restauración, la seguridad, la lavandería, los archivos de las historias clínicas, la gestión de residuos, la esterilización de material o la provisión de material sanitario o de energía.

La dirección será única y mixta en cada departamento, y la compondrá personal nombrado por la Administración y perteneciente a la entidad adjudicataria del contrato.

El plazo preliminarmente fijado para la duración del contrato será de entre 15 y 20 años.

La Generalitat estima un ahorro del 15% en los servicios sanitarios (300 millones al año) y del 10% en los servicios no sanitarios (37) por la mejora en la eficiencia esperada del sector privado.

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