LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL ‘CASO DE MIGUEL’

Cargos del PNV justifican al juez contratos menores a Errexal

Los testigos niegan que tuviesen directrices de adjudicación

Javier Carro, durante el pleno ordinario de la Cámara. / L. RICO

El juez Roberto Ramos, que instruye el caso De Miguel —la presunta trama de corrupción por la que están imputados exdirigentes y excargos públicos del PNV—, escuchó ayer a quienes eran presidentes de las Cuadrillas alavesas en 2005. Los responsables de estos organismos declararon como testigos para explicar los detalles de varios contratos que las Cuadrillas firmaron con la empresa Errexal, una de las supuestas empresas pantalla del exdiputado foral Alfredo de Miguel. Cada contrato suponía 15.000 euros procedentes de una subvención de la Dirección de Juventud para realizar sus planes de juventud.

Los testigos explicaron uno por uno que la premura hizo que todos apostaran por pedir un presupuesto a la misma empresa, pero sin que hubiera directrices políticas detrás. En septiembre de 2005, recibieron una carta del entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, hoy imputado en el caso, en la que se les informaba de la futura aprobación de estas subvenciones. En octubre se reunieron con la jefa de servicio, Oro Otxoa de Eribe, quien también compareció ayer. Días después se constituía Errexal. El Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria de ayudas el 27 de diciembre de 2005, lo que obligaba a realizar con suma rapidez los contratos, ya que el plazo expiraba a final de año.

En este contexto, las seis Cuadrillas pidieron presupuestos a Errexal, cuyo administrador, Iñaki San Juan, los remitió sin demora, generando curiosas situaciones. Por ejemplo, el mismo día en que el entonces presidente de la Cuadrilla de Zuya, Javier Carro, actualmente parlamentario peneuvista, recibió el presupuesto, adjudicó a las pocas horasun contrato menor y al día siguiente hizo lo propio con otro, sumando 15.000 euros entre ambos. En total, con este procedimiento Errexal recibió de las seis cuadrillas 90.000 euros.

Antes de los presidentes, a primera hora de la mañana, declaró ante el juez, también como testigo, Otxoa de Eribe. Esta responsable aseguró que nadie recomendó a Errexal en la reunión de octubre y explicó que la única vez que ayudó a una mercantil a entrar en el registro de contratistas fue a Errexal y que lo hizo por indicación del entonces director de Juventud.

Liñares dice no saber cómo llegó el presupuesto de Errexal a su fax

¿Cómo contactaron las cuadrillas con Errexal? Aitor Aginaga (Campezo) explicó que fue él quien contactó con Iñaki San Juan para ver si su empresa podía encargarse de este trabajo y señaló que lo hizo por las encuestas que realizó en 2004. Entonces Errexal aún no existía. Otros, como Angel Santamaría (Añana), Alberto Ortega (Laguardia) o el parlamentario jeltzale Javier Carro (Zuya) aseguraron que no conocían previamente la empresa —fue Aginaga quien les puso en contacto—. Es más, Mari Carmen Liñares (Salvatierra), parlamentaria del PNV, fue más lejos al asegurar que no sabía por qué había recibido un fax con el presupuesto de Errexal, empresa a la que contrataría después.

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