El 15-M recurre las multas de la Delegación del Gobierno en Madrid

El registro de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la calle de García de Paredes, ha tenido esta mañana más actividad de la habitual. Alrededor de un centenar de integrantes del Movimiento 15-M afectados por las multas cursadas por este organismo ha acudido juntos este mediodía a presentar recursos contra estas sanciones, a las que consideran nulas o sin la suficiente motivación. En algunos casos, como las impuestas por manifestación no comunicada, el importe puede alcanzar hasta los 1.000 euros.

Las sanciones proceden de los cuatro días de asambleas, comisiones y gritos mudos con los que el movimiento celebró su primer aniversario. Al margen de los 28 detenidos por resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad en los cuatro desalojos de la Puerta del Sol, la policía identificó a un total de 560 indignados en esta plaza fuera del horario límite de las concentraciones autorizadas y remitió los datos a delegación, el organismo competente para sancionar. El artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana tipifica como “falta grave” supuestos como la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones de tránsito público ordenada por la autoridad. La multa habitual en estos casos es de 300 euros pero variará según cada caso concreto, según la Delegación del Gobierno.

Los congregados este mediodía han formado una larga cola en la calle vigilada por una quincena de agentes antidisturbios, integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que permanecían en los alrededores. Los responsables del Registro de la Delegación han permitido la entrada de los activistas de seis en seis, lo que ha motivado que algunos hayan esperado cerca de media hora para poder presentar la documentación.

Patricia, una de las responsables de la comisión de legal del 15-M, ha explicado que se han presentado tres tipos de recurso. La mayoría correspondía a personas que fueron sancionadas el 27 de abril con hasta 300 euros por una falta leve de desobediencia o de alteración del orden público, recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92. Otras multas correspondían a los días posteriores. Algunas personas han recibido notificaciones en las que se les obliga a pagar hasta 1.000 euros por manifestación no comunicada a la Delegación del Gobierno.

El tercer tipo de recurso se refiere al derecho constitucional de transparencia de la Administración pública. Los solicitantes han pedido que les informen de cuantos expedientes sancionadores ha puesto este organismo desde el 15 de mayo de 2011, cuando comenzó la acampada en la Puerta del Sol.

Las alegaciones se han basado en que los sancionados se muestran disconformes con el relato de hechos que ha recogido la policía, en especial la UIP, para tramitar las denuncias. Aseguran que en ningún momento se les ordenó nada y que existen vicios en el procedimiento.

La Delegación del Gobierno tendrá ahora que resolver si mantiene las sanciones o, por el contrario, las anula por las alegaciones presentadas por los afectados. El acto de protesta ha transcurrido sin incidentes.