El Supremo decidirá si Martín cometió delito cuando era alcalde de Sanxenxo
El ahora diputado recalificó unos terrenos de su promotora que la empresa vendió luego como urbanizables
El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín.
La remisión de las diligencias al alto tribunal se produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.
Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra un año después.
En el recurso, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, “alegando una situación de indefensión” porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.
Causa reactivada en mayo
Casi tres años después de que la Audiencia de Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los legajos en un anaquel del archivo donde se había inspeccionado varias veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo récord.
Aunque gracias a la aplicación informática Minerva las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través del abogado de los vecinos de Portonovo.
Antes de dictar el auto de inhibición a favor del Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha redactado su informe de conclusiones.
Se referían los vecinos a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en al catálogo de zonas húmedas de Galicia.
La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la investigación por si “pudieran derivarse responsabilidades penales” de Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo transcurrido.
