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La acumulación de escándalos agita la sanidad pública catalana

Entidades sociales y trabajadores llevan a los tribunales a varios gestores

Los denunciantes critican la pasividad de partidos y órganos de control

El diputado de CiU Xavier Crespo, en el Parlamento de Cataluña.
El diputado de CiU Xavier Crespo, en el Parlamento de Cataluña.

La pax sanitaria que ha reinado en Cataluña durante casi 30 años empieza a dar síntomas de agotamiento. La crisis, los recortes (un 10% del presupuesto en 2011), la contestación interna y la creciente movilización social cuestionan el sólido pacto tácito zurcido desde los años ochenta por políticos y gestores sanitarios. La llamada sociovergència ha tenido en la sanidad su máximo exponente, un terreno de consenso en el que CiU y el PSC se han repartido áreas de influencia mientras los gestores sanitarios gozaban de una estabilidad y unos ingresos envidiados en el resto de España.

En los últimos 18 meses han estallado más escándalos en la sanidad catalana que en las dos décadas anteriores, un cúmulo de pagos irregulares, adjudicaciones sin concurso, favores políticos y salarios millonarios con un nexo en común: la aparente incapacidad de los órganos de control para ponerles coto. Ante el creciente descrédito institucional, una suma dispersa de profesionales sanitarios, activistas, entidades sociales y formaciones de nuevo cuño amenaza con desbordar a partidos e instituciones dando un paso al frente para airear y llevar estos casos a los tribunales.

Los denunciantes critican la pasividad de partidos y órganos de control

Según Joan Benach, profesor de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra, la crisis y los recortes han llevado a una parte de la población a “despertar y exigir que los responsables de todo caso de corrupción rindan cuentas”. “Cuesta entender la impunidad que ha reinado durante años”, opina Carme Pérez, radióloga del hospital de Sant Pau que ha destapado numerosas irregularidades en el centro. “No queremos erigirnos en jueces, sino que los responsables respondan por sus acciones”, afirma Àngels Castells, integrante de la Iniciativa Penal Popular (IPP), organización que agrupa a una veintena de entidades sociales y que quiere llevar el caso Crespo a los tribunales. Este caso es quizá el de mayor calado institucional por el papel desempeñado en él por CiU, el Departamento de Salud de la socialista Marina Geli y la Sindicatura de Cuentas catalana. Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (Selva) y diputado por CiU en el Parlament, donde preside la comisión de salud, dirigió entre 2000 y 2003 una empresa filial de la corporación pública que gestiona los hospitales de Blanes (Selva) y Calella (Maresme). La Intervención de la Generalitat detectó irregularidades en la compañía, lo que motivó en 2005 la apertura de una investigación por la sindicatura. Los auditores encontraron pagos irregulares por 1,3 millones de euros y unas pérdidas patrimoniales y de ingresos de 2,7 millones para los hospitales. Los principales beneficiados eran Crespo, su esposa, varios médicos y otros dos ediles de CiU y PSC.

La sindicatura, sin embargo, nunca remitió la auditoría al Parlament. Tras recibir presiones de CiU, el pleno del organismo decidió guardarla en un cajón, alegando defectos técnicos, y enviar al Tribunal de Cuentas solo las irregularidades iniciales reveladas por la Intervención. El segundo capítulo de esta historia se escribió mientras el Tribunal de Cuentas examinaba el caso entre 2007 y 2010. Salud no solo no se personó, sino que ayudó a Crespo en su defensa. El tribunal, ante la actitud de las partes perjudicadas —Generalitat y hospitales—, archivó el caso en 2010.

Pese a la gravedad de las irregularidades, que, según el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt, podrían constituir delitos de malversación, societarios y negociaciones prohibidas a funcionarios, la respuesta institucional al caso ha sido muy tibia. La sindicatura se ha enrocado en un debate administrativo —alega que la auditoría no tiene validez ya que no fue aprobada en el pleno—, CiU ha cerrado filas en torno a Crespo y diputados socialistas incluso han salido en su defensa. Solo Iniciativa per Catalunya (ICV) y, en menor medida, Esquerra Republica (ERC) han exigido que la sindicatura haga público el informe Crespo, que ICV quiere enviar al Tribunal de Cuentas.

Ante esta situación, la asamblea de la Iniciativa Penal Popular (IPP) votó el pasado jueves presentar una querella contra los responsables del caso Crespo. “Si partidos y Generalitat no hacen el trabajo que de ellos se espera, la sociedad debe tomar el relevo”, explican representantes de la IPP.

La Sindicatura de Cuentas ocultó una auditoría que halló irregularidades

También el caso Ramon Bagó ilustra una forma de hacer las cosas que hasta hace poco nadie ha cuestionado. Empresario, exalcalde de Calella por CiU y cruz de Sant Jordi —máximo galardón de la Generalitat—, Bagó ha acaparado en las últimas décadas decenas de millones de euros en contratos en los hospitales catalanes, muchos sin concurso público, para su empresa de restauración. Bagó es también uno de los hombres fuertes de la sanidad catalana. Impulsor y directivo del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) —un organismos público de origen municipalista que cuenta con un pequeño holding de empresas que gestiona decenas de centros en Cataluña—, ha logrado muchas adjudicaciones por esa vía.

En ocasiones, el conflicto de intereses era flagrante, como en el centro sociosanitario El Carme, de Badalona. Bagó formaba parte del Consejo de Administración de El Carme —una empresa municipal en la que participaba el CSC—, que adjudicó sin concurso a su empresa el servicio de cocina, un contrato de 14 años y más de 10 millones de euros. Nadie levantó la voz hasta hace dos años. Fue una revista local de la provincia de Girona, Cafeambllet. Tras publicar el caso, su editor, Albano Dante, denunció el caso a la Oficina Antifraude, que ahora ultima una investigación.

El caso Innova o caso Prat salpica al presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat. Innova es una gran empresa del Ayuntamiento de Reus con importantes actividades en el sector sanitario. Todos los partidos locales —CiU, el PSC y en este caso también el PP, ERC e ICV— han participado desde los consejos de administración en la formación del holding municipal. Las remuneraciones en Innova eran gigantescas: Prat cobraba 280.000 euros anuales, además de un Audi A6, por dirigir Innova. Otra media docena de altos cargos municipales, entre ellos el gerente del hospital, se acercaban a los 200.000.

Josep Prat fue nombrado tras la llegada de Artur Mas a la Generalitat presidente del ICS, que gestiona la mayoría de los centros de atención primaria y ocho grandes hospitales

Después de 20 años de consenso sobre Innova en Reus, la llegada al pleno (y a los consejos de administración de Innova) tras las últimas elecciones de David Vidal, concejal de la CUP —partido independentista de organización asamblearia—, agitó la política local. “Todo se votaba sin debate ni casi información”, recuerda. Vidal empezó a hacer preguntas y la nueva dinámica destapó, además de las elevadas remuneraciones (hasta entonces secretas), sobresueldos fuera de la normativa y directivos que adjudicaban contratos a sus empresas.

Tras la llegada de Artur Mas a la Generalitat, Prat fue nombrado presidente del ICS, que gestiona la mayoría de los centros de atención primaria y ocho grandes hospitales. Innova, a través de su filial Sagessa, dirige, por su parte, más de una docena de centros sanitarios en el sur de Cataluña que compiten con los del ICS para captar inversiones y fondos públicos. Prat, además, era vicepresidente de USP, un gran grupo hospitalario privado. Nadie se fijó en el evidente conflicto de intereses por compatibilizar los tres cargos hasta que la CUP llevó el caso a la justicia. Prat tuvo que dimitir de sus puestos en Innova y USP. Su caso está hoy en manos de la Fiscalía de Tarragona.

El papel de Cafeambllet con Bagó o el de la CUP con Prat lo asume en el caso Sant Pau Carme Pérez, una radióloga que lleva más de 30 años trabajando en el hospital barcelonés. Tras años viendo cómo se sucedían nombramientos y contratos sospechosos, y después de recopilar toda la documentación posible, Pérez y varios compañeros presentaron a principios de mayo una querella contra los responsables de Sant Pau. Tres de ellos han sido imputados y el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona avanza en unas investigaciones que se prevén largas. La querella de Pérez recoge un cúmulo de sobresueldos y pagos irregulares, y cuestiona varios grandes contratos —el hospital adjudicó a dedo dos de las cuatro fases de construcción de su nuevo edificio— y favores políticos, el más conocido el de Ricard Gutiérrez Martí, hombre del PSC y ex gerente adjunto del hospital hasta 2004, aunque siguió percibiendo el sueldo hasta 2011.

En la sanidad catalana todo está mucho más conectado de lo que parece. El peculiar sistema sanitario se dibuja como una pirámide en la que la Generalitat financia desde la cúspide a cerca de 70 hospitales con múltiples formas jurídicas —fundaciones, consorcios, empresas municipales, entidades privadas sin afán de lucro, los del ICS...— que gozan en la base de una gran autonomía.

El vacío creado por la desvinculación de la Generalitat de la gestión de los centros ha sido ocupado por entidades como el CSC y otros poderes fácticos que con los años han desarrollado una tupida red de intereses no siempre transparente. Prat era el hombre fuerte de Innova, pero también uno de los pesos pesados del CSC, lo mismo que Bagó. El control de la gestión de muchos hospitales ha hecho del CSC, que dirigía los hospitales de Blanes y Calella durante el caso Crespo, un actor clave en la sanidad catalana por sus privilegiados contactos políticos y los muchos cargos que nombra en los hospitales.

El interés de CiU y el PSC de alejar la sanidad de la confrontación política sentó en los años ochenta las bases de la pax sanitaria. Ahora los recortes, los escándalos y el creciente descontento y movilización social amenazan con cuestionarla por primera vez.