Malaya entra en su fase definitiva

Los testigos sitúan a Roca en el centro de mando del Consistorio de Marbella

Juan Antonio Roca, de espaldas y el fiscal López Caballero. / JULIÁN ROJAS

El juicio del caso Malaya es una auténtica carrera de ultrafondo en la que sus protagonistas llegan, en algunos casos literalmente, con varios kilos menos a la meta. La vista oral, que se inició el 27 de septiembre de 2010 y acumula 179 sesiones, entra este martes en su recta final, con la exposición de las conclusiones definitivas, en las que las acusaciones concretarán las penas que finalmente solicitan para los acusados, en especial para el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

A lo largo del juicio, y en especial en el cuarto y último bloque, el protagonismo de Roca, en prisión desde marzo de 2006, no ha hecho más que crecer. El cuarto bloque, dedicado a analizar los cohechos supuestamente cobrados por Roca de promotores con intereses en Marbella y que luego este derivaba en parte a los concejales que debían dar el visto bueno a las licencias, se inició con una confesión histórica. El 7 de noviembre de 2011, en la sesión 104, Roca admitía por primera vez que cobró no menos de 33,3 millones de los promotores y entregó sobres con aproximadamente tres millones de euros en dinero negro a los ediles.

30 años de prisión

  • En la jornada de mañana martes el fiscal deberá presentar sus conclusiones definitivas sobre el caso Malaya. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público reclama para Roca 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros
  • El exasesor urbanístico está acusado de blanqueo, prevaricación, cohecho, malversación y fraude.
  • En la causa hay procesados un total de 17 concejales de la última corporación gilista marbellí. La edil para quien se pide mayor pena es la exalcaldesa Marisol Yagüe. El fiscal solicita para ella 20 años de prisión.
  • El exteniente de alcalde y promotor Pedro Román se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel.

En aquella sesión trascendental, Roca confirmó la veracidad de los apuntes que figuraban en su contabilidad secreta, hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores. Sin embargo, trató de desvincular los pagos y los cobros de la concesión de actos administrativos favorables a los promotores. Roca afirmó que cobró las cantidades en concepto de “asesoramiento” y “participación en negocios privados” con los promotores. El exasesor y mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil mostraba con una mano y ocultaba con la otra.

La causa, con 95 procesados, se ha tenido que dividir para hacerla gobernable. Tras un bloque inicial dedicado al análisis del pelotazo urbanístico de la llamada operación Crucero Banús y otros dos bloques centrados en los entramados de blanqueo de capitales supuestamente elaborados por Roca y sus principales asesores, el juicio se adentró en los supuestos cohechos.

Uno de los momentos cumbre de esta fase lo constituyó el careo que sostuvieron Roca y la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe acerca de los 1,8 millones de euros que supuestamente pagó el asesor urbanístico a la exregidora. Era la sesión número 140, y el careo se desarrolló así:

La confesión de Roca y su careo con Yagüe sacudieron el juicio

Roca. Lo siento, cariño, pero no puedo estar de acuerdo en que no te entregué dinero.

Yagüe. Él sabe que lo quiero mucho y que quiero que salga mañana de la cárcel, pero no me entregó nada.

La cuarta fase de la vista oral ha sido la que ha concentrado mayor número de testigos. Inicialmente, las acusaciones y defensas propusieron más de 400 nombres. Sin embargo, la advertencia del presidente del tribunal, José Godino, de que si las sesiones no avanzaban con buen ritmo se vería obligado a fijar jornadas de juicio en el mes de agosto, tradicionalmente inhábil en la justicia, hizo que muchos abogados renunciaran a los testigos no esenciales. Finalmente el número de comparecientes se redujo aproximadamente en un 50%. En las últimas semanas, las sesiones se han desarrollado en horario de mañana y tarde.

La prueba testifical ha servido para apuntalar la idea de que Roca ocupaba, desde la sombra, un papel central en la vida municipal marbellí, y en especial en el urbanismo. Testimonios como el de Raquel Escobar, exasesora jurídica del departamento de Urbanismo, señaló que, respecto a las licencias de obra, “Roca proponía en la mayoría de los casos a los concejales el sentido del voto”. También dijo que el exasesor, pese a estar formalmente fuera del Ayuntamiento, “tenía conocimiento de absolutamente todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella”.

Las defensas se han centrado en desvirtuar el trabajo de la policía

Otro punto de interés en la prueba testifical ha sido conocer el volumen de la fortuna con la que llegó Roca a Marbella en mayo de 1992 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil. Este punto es vital para que Roca pueda justificar o no parte de las ganancias de su entramado empresarial, que, además, no figuraba a su nombre. Sin embargo, entre los peritos de la Agencia Tributaria y los de las defensas ha sido imposible llegar a un acuerdo. La acusación mantiene que Roca llegó a Marbella casi en la ruina—con 43 millones de pesetas de patrimonio y 39 de deudas—, mientras que la defensa habla de un patrimonio equivalente a 15 millones de euros.

Durante las sesiones han desfilado por la sala del juicio numerosos mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que han tenido que defender su labor ante unos abogados que les acusan de haber realizado sus informes con errores y precipitación.

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