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Cierran tres ambulatorios y se privatizan los servicios no sanitarios

Aguirre elimina una vacuna infantil y se restringe la operación de cambio de sexo

Elena G. Sevillano
Vacunas en el centro de salud Espronceda de Madrid.
Vacunas en el centro de salud Espronceda de Madrid.ULY MARTÍN

Si las demás comunidades autónomas no lo ofrecen, Madrid tampoco. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta mañana que va a retirar de su cartera de servicios sanitaria todo lo que no aplique el Estado en el resto de comunidades. Ha puesto dos ejemplos de servicios por los que habrá que pagar: el cambio de sexo y la vacuna del neumococo. También dejará de financiar los tratamientos contra el tabaquismo.

A falta de más explicaciones por parte de la Consejería de Sanidad, este anuncio significa que Madrid va a ceñirse a la cartera básica de servicios que ha venido anunciando el Ministerio de Sanidad, pero que aún no está aprobado. Falta por aclarar cuándo entra en vigor el recorte. Cuándo, por ejemplo, dejará de vacunarse a los niños para prevenir infecciones a los 2, 4 y 15 meses, como se hace actualmente. El ahorro previsto por eliminar la vacuna del neumococo y de los tratamientos contra el tabaco es de 8,5 millones, informa Sanidad. 

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Madrid, igual que otras comunidades autónomas, ha venido ofertando gratuitamente servicios sanitarios que no estaban incluidos en la cartera común y que en otras regiones había que pagar. La vacuna del neumococo, recomendada por la Asociación Española de Pediatría, es un ejemplo. Se administra gratuitamente desde noviembre de 2006. También la ofrece Galicia. Los expertos llevan años reclamando un calendario de vacunación común para toda España, algo que los sucesivos ministerios de Sanidad han ido prometiendo que implantarían. El año pasado las sociedades de pediatras, que siempre elogian a Madrid por ser la que más se ajusta al calendario que consideran “ideal”, pidieron incluir el neumococo en esa lista unificada.

Aguirre ha señalado esta mañana una excepción en el caso del cambio de sexo: las personas que hayan residido al menos los últimos dos años en la Comunidad y cuenten con diagnóstico de trastorno de identidad. Madrid atendió en 2011 a 117 personas en diferentes momentos de su proceso de cambio de sexo. “Eso es echar carnaza populista y una maniobra de distracción. La transexualidad es una patología para la que tenemos tratamiento. Negarlo es una aberración y su coste es escaso”, opina el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, José Manuel Freire, que critica también el “ahorro en personal” que ha decidido el Gobierno regional. “Especialmente cuando hay impuestos, como el de Sucesiones, que podría reportar él solo 2.000 millones a Madrid”.

La Comunidad de Madrid creará una tasa de 10 euros por emisión sucesiva de la tarjeta sanitaria individual, ha anunciado también Aguirre. Además de otra por la estancia de mayores en centros de día. Si la tarjeta se rompe o se pierde habrá que pagar 10 euros. Estas dos medidas entran dentro de la subida de tasas que había anunciado el Gobierno regional y que hoy se ha concretado un poco más. La Comunidad ha precisado, informa Europa Press, que cada año se emiten más de un millón de tarjetas sanitarias, en gran parte debido a su pérdida o deterioro, lo que supone un coste para el erario público de 10 millones de euros. "Con la nueva tasa se pretende cubrir parte de dicho coste", han afirmado estas fuentes.

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El resto de medidas que pretenden ahorrar en el apartado de la sanidad tienen que ver con el cierre de servicios. El Gobierno regional cerrará tres centros de especialidades médicas en Alcobendas, Aranjuez y Arganda. Tanto el personal sanitario como los pacientes que atienden pasarán ahora a los hospitales de cada localidad, los tres construidos recientemente y de gestión mixta público-privada. Solo el ambulatorio de Aranjuez tiene más de 100.000 usuarios, que lógicamente se sumarán a los que ya acuden a las consultas de los hospitales. A ellos habrá que añadir los pacientes que ya no puedan acudir a cuatro centros de urgencias de atención primaria (dos en la capital: Doctor Esquerdo y Barajas; uno en Aranjuez y uno en Leganés), ya que cerrarán las noches de los días laborables. En caso de problema grave de salud, habrá que acudir a las urgencias del hospital más cercano.

Cerrar los tres ambulatorios ahorrará 3,1 millones de euros, informa Europa Press. Estos tres cierres se suman al del centro de especialidades de Fuencarral, que ha provocado varias manifestaciones y concentraciones de protesta de los vecinos afectados. Uno de los mayores ahorros, a juicio de la Comunidad de Madrid, procederá de privatizar todos los servicios no sanitarios de los hospitales, es decir, la cocina, el mantenimiento, la lavandería... La intención del Gobierno regional es acabar con 26 categorías profesionales que se dedican a estos menesteres y ponerlos en manos de empresas mediante concursos públicos. El ahorro previsto: unos 42 millones al año. La privatización empezará por las cocinas y las lavanderías.

Otra manera de evitar el desembolso de varios millones será retrasar la apertura del hospital de Collado Villalba, prevista inicialmente para este año. Los presupuestos de 2012 le destinaban 21,9 millones, que tocará desembolsar en 2013, cuando finalmente se inaugure. Se trata de un hospital de gestión enteramente privada de la empresa Capio, propiedad de un fondo de capital riesgo. La primera previsión era abrirlo en 2011; Aguirre llegó a declarar la obra de interés general para agilizar los trámites.

Los empleados públicos de la sanidad notarán en sus nóminas este nuevo recorte, más allá del descenso del 3,3% que comparten con el resto. Está previsto eliminar algunos complementos que perciben, como la cantidad que cobra un médico cuando asume la consulta de un compañero ausente. Apenas se ha facilitado información sobre este capítulo. El Gobierno regional confía en ahorrar 42 millones al año con la creación de una junta central de compras de productos sanitarios, una medida que se ha anunciado reiteradamente en los últimos años.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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