El alcalde de Los Barrios defiende ante el juez el préstamo solicitado a un particular

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), el andalucista Jorge Romero, ha prestado este jueves declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras como imputado por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos y exacciones legales. Está acusado por una operación de factoring (o factoraje, una empresa se hace cargo por un pago de los créditos pendientes de cobrar y se ocupa de gestionar los pagos de los mismos) realizada el pasado diciembre. Un particular concedió 1,5 millones de euros a un interés de un 28% anual a pesar de los informes en contra de los funcionarios habilitados del Estado.

A la salida de los juzgados, Romero ha dicho estar "asombrado" "por tener que declarar por pagar las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento”. “Había tres nóminas que abonar a la plantilla y gracias a esta operación, nos pudimos poner al día. Operaciones de factoring como ésta se hacen en el ayuntamiento de Los Barrios, desde 2008”, ha dicho Romero, quien ha asegurado que, “lo haría otra vez” si la nómina de los trabajadores de ello dependiese.

La portavoz del PSOE en Los Barrios, Estefanía Ruiz, considera que, “el alcalde se excedió en sus atribuciones, usurpó las competencias del pleno e hizo caso omiso a los informes desfavorables de la Tesorería y la Intervención Municipal”. Por eso han acudido los socialistas a los tribunales de justicia.

Los socialistas consideran que “Romero cerró el acuerdo para el citado crédito pese a los informes en contra de la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento, que la consideraron como una operación de tesorería encubierta, excediéndose en sus atribuciones y usurpando las competencias del pleno de la Corporación municipal”.

La dirección local del PSOE asegura estar convencida de que los tribunales condenarán la actuación de Romero en este asunto “porque, en caso contrario” - dicen - “se sentaría un grave precedente y supondría un atentado contra las leyes que regulan el funcionamiento de las administraciones locales y garantizan su transparencia”.

Los dos altos funcionarios habilitados citados a declarar el pasado miércoles, se ratificaron en las conclusiones expuestas en sus informes respecto a la ilegalidad de la operación.

Asimismo, el empresario algecireño que ejerció de prestamista, Rafael Cañamaque, aseguró en los juzgados que, “para el préstamo no se pactó ningún tipo de interés sino una cantidad fija en concepto de ganancia por el anticipo del dinero”, lo que pone aún más en evidencia, según la portavoz del PSOE, “la irregularidad del crédito en cuestión”.

“El señor Romero trata de justificarse argumentando que recurrió al dinero de un prestamista particular ante la imposibilidad de obtener financiación de las entidades crediticias, la crisis de estas y la situación económica de la institución municipal, pero lo cierto es que las entidades a las que se dirigió le negaron el crédito en diciembre por no acudir cumpliendo con los requisitos que para la concesión del mismo se exigían: la autorización del pleno del Consistorio, los informes correspondientes de los técnicos municipales competentes y el presupuesto de 2012 ya aprobado”, explicó Ruiz.