Crespo salpica al vicealcalde Grau en el contrato irregular de Aguas

Enrique Crespo, expresidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y principal imputado en el caso Emarsa, se defendió este miércoles ante el juez “de los sambenitos” que le han colgado. El último, que había adjudicado a Aguas de Valencia un contrato irregular por 50 años, a tenor de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Crespo, en sus declaraciones al juez del caso Emarsa, ya había responsabilizado de las irregularidades al consejo de administración.

El fallo del TSJ ha anulado la adjudicación de la Emshi a Aguas de Valencia del contrato de suministro de agua en alta a 44 municipios del área metropolitana durante 50 años y unos ingresos de 2.500 millones. Uno de los argumentos de la anulación es que Secuenzia Píxel, sociedad externa que hizo una valoración previa de las ofertas, está especializada en informática y televisión digital, no en temas hidráulicos. “Esta empresa se contrató por indicaciones del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau”, dijo Crespo en su declaración. Y añadió que el Consistorio estaba preocupado en este contrato porque podía afectar a sus intereses y no confiaban en la imparcialidad del técnico de la Emshi Alejandro Mulet por sus antecedentes políticos. Por ese motivo, dijo Crespo, exigían un informe previo de valoración de las ofertas por una firma que les daba confianza, como era Secuenzia.

Grau negó poco después que el Ayuntamiento haya tenido que ver con la Emshi, al tener su propia empresa de suministro de agua potable (Emivasa). El vicealcalde recordó que una vez Crespo le consultó la forma en que el Ayuntamiento había llegado a esa fórmula de empresa mixta, pero señaló que no le aconsejó “absolutamente nada”.

Aguas de Barcelona ha revelado también ahora que, cuando se adjudicó el contrato ahora anulado, ofreció 18 millones de euros más que Aguas de Valencia, que ganó el concurso, por gestionar el servicio de agua metropolitano.

En Emarsa se heredaban los puestos de trabajo y se colocaba a políticos

Del caso Emarsa, Crespo también declaró este miércoles que en la compañía había normas de contratación “no escritas pero sí asumidas históricamente por la empresa” según las cuales se heredaban los puestos de trabajo, “pasando de padres a hijos” cuando había una jubilación, e incluso se contrataba a “personas procedentes de partidos políticos que ya habían dejado la actividad política activa”. El expresidente de Emarsa contestó a preguntas de su abogado por la limitación de poderes del gerente de la empresa que se hizo en un consejo.

Crespo, que tras estallar el caso tuvo que dimitir de los cargos de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, explicó que fue un planteamiento que hizo el secretario del consejo, Blas Pérez Blesa, después de años en que esa costumbre de otorgar cargos correspondía al presidente de la firma pública. Sin embargo, Crespo aseguró que él renunció a esa prerrogativa no escrita y que incluso hubo consejeros que le criticaron por romper la tradición.

Las declaraciones de Crespo van en la línea de las hechas en enero pasado por el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno, que aseguró que, en la depuradora de Pinedo, “casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos y todos los empleados de Emarsa eran militantes del PP”. Y añadió: “Casi 3 millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP”.