La falta de fondos desbarata los compromisos de pago del Consell

La morosidad del Consell genera despidos y aboca al cierre a empresas y servicios sociales

Vela afirma que los pagos son inminentes con la vista puesta en la ayuda del Gobierno

DESESPERACIÓN POR LOS IMPAGOS. Miembros de entidades de lucha contra el sida y de familiares de personas con alzhéimer se concentraron este miércoles ante la Consejería de Sanidad para protestar por la situación de abandono a la que se enfrentan por los impagos de la Generalitat. Según denuncian, las 32 asociaciones están soportando un “fuerte impacto” que obliga al despido de trabajadores. / TANIA CASTRO

Las vías de agua de la Hacienda valenciana se multiplican. El plan de pago a proveedores cubría deudas de la Generalitat hasta 31 de diciembre de 2011 y debería empezar a hacer ahora efectivos los abonos. El problema, según señalan empresarios y asociaciones, es, de un lado, que los impagos a proveedores continuaron a partir del 1 de enero de este año y se mantienen hasta hoy; y del otro, que hubo deudas que por sus características no pudieron ser incluidas en dicho plan, en el que el Consell batió ampliamente las solicitudes de crédito del resto de autonomías.

Distintos acreedores, desde los institutos tecnológicos hasta el Ayuntamiento de Valencia, habían recibido además el mensaje de que aguantaran hasta junio y que entonces se liquidarían, al menos, parte de las deudas. Pero junio ha llegado y, según las mismas fuentes, el mensaje ha cambiado y ahora parece muy difícil que puedan recibir el dinero este mes.

La situación en muchos sectores que suministran productos o dependen de subvenciones públicas es crítica y se anuncian ya cierres. El Gobierno valenciano reconoce su impotencia: sin la ayuda del Gobierno no puede colocar deuda para hacer frente a los pagos. Y el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, espera que la aprobación de una fórmula similar a los hispanobonos sea inminente.

La morosidad de la Generalitat afecta a sectores muy diversos. La Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental (Afiem), informó este miércoles de que ha decidido solicitar a la Consejería de Bienestar Social el cierre de los centros que gestiona, “al adeudar a fecha de hoy subvenciones pendientes del año 2010 y 2011, provocando con ello que la entidad no pueda estar al corriente de sus pagos y obligaciones”.

Hacienda espera que el Consejo de Ministros dé este viernes una solución

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad valenciano (Cermi), que asegura representar a cerca de 400.000 personas en la comunidad autónoma, comunicó que ha constituido un grupo de crisis para analizar los efectos de la deuda del Consell, que alcanza “a más del 90% de las entidades que lo componen”. La morosidad, agregó Cermi, “pone en peligro la situación familiar de muchos valencianos y valencianas, pues en estos momentos más de 2.000 trabajadores tienen nóminas pendientes del presente ejercicio”.

La plataforma de proveedores sanitarios, que agrupa a una treintena de pequeñas y medianas empresas, señaló que desde el 1 de enero de 2012 (el resto está incluido en el plan para proveedores) el Gobierno autonómico solo les paga facturas de menos de 300 euros. La deuda acumulada en estos cinco meses supera solo con esas firmas —hay decenas de empresas más que no integran la plataforma pero que presentan problemas similares— supera los 10 millones de euros.

Desde inicios de año, indica su portavoz Vicente Peiró, se ha abandonado la práctica de esconder facturas en el cajón —se guardaban sin contabilizar y por tanto técnicamente no existían—. Ahora se tramitan y se envían a Sanidad, pero ante la falta de fondos no se abonan, afirma Peris. “Muchas empresas están aguantando sin pagar a sus proveedores, pero este es el escalón final para muchas de ellas, que van a cerrar”, agrega.

Estando todos los días encimas de la Administración autonómica, apunta Peiró, es posible “cobrar alguna factura”, pero esa actitud no es la habitual.

La impresión en los acreedores es que solo cobran quienes pueden presionar

La impresión es que consiguen cobrar quienes tienen poder de presión suficiente para forzar a la Generalitat. Es el caso del laboratorio Roche, que tras salir a la luz que había dejado de suministrar fármacos a 12 hospitales españoles, entre ellos cuatro valencianos, ha visto cómo se empezaban a normalizar los pagos. O las farmacias valencianas, que tras convocar para hoy y mañana cierres patronales, lograron ayer cobrar 120 millones de euros correspondientes a la deuda de enero. El consejero de Sanidad, Luis Rosado, consideró “imposible”, dada la situación económica, trasladarles un calendario de pagos estable.

El Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, es una de las instituciones a las que la Generalitat prometió ingresar, si no todo, parte a principios de junio. Llegada la fecha, el Consistorio no ha recibido el presupuesto prometido. La alcaldesa fue hermética al ser preguntada este miércoles al respecto. “Hablo con el presidente todos los días”, dijo sin concretar si ha hablado con él recientemente del abono de la deuda.

Una deuda que los grupos de la oposición municipal estiman en 30 millones de euros solo por transferencias de ejercicios cerrados entre 2004 y 2011. En septiembre pasado la regidora aseguró que le había trasladado al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, una lista detallada del dinero pendiente.

Los institutos tecnológicos, a los que la Generalitat debe 50 millones de euros, recibieron también el mensaje de que en junio se regularizaría la situación, algo que el consejero de Economía Máximo Buch les reafirmó el viernes pasado. El Impiva (Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciano), el organismo de la Generalitat a través del cual debía hacerse el pago ya les ha advertido, sin embargo, que es improbable que el dinero llegue este mes. Fuentes de los institutos, que han aplicado expedientes de regulación de empleo y reducciones salariales, sitúan “la fecha de defunción” de varios de ellos para septiembre u octubre de este año si el Consell no atiende la deuda.

La morosidad alcanza incluso a las patronales. La de la provincia de Valencia, la CEV, anunció el lunes el despido de 28 trabajadores, la mitad de su plantilla, al tiempo que destacaba que las Administraciones le deben casi siete millones de euros. La mayor parte corresponde a la Generalitat. Y el presidente de la patronal autonómica, Cierval, José Vicente González, recordó ayer que la deuda total del Consell asciende a 23 millones de euros.

González se declaró, sin embargo, “más optimista que hace dos semanas” sobre la posibilidad de cobrar. El motivo: la adopción de alguna fórmula de apoyo del Gobierno, que “si no se llama hispanobonos se llamarán loqueseanbonos o avales de emisiones de deuda”. De lo contrario, agregó, “ninguna comunidad va a poder aguantar”.

El mismo optimismo mostró a última hora de la tarde el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ante una interpelación de la diputada de Compromís Mireia Mollà sobre los impagos de la Generalitat. Vela afirmó que los pagos se realizarán antes de lo que muchos creen. En el ánimo de la Generalitat crece la esperanza de que el Gobierno pueda aprobar en el consejo de ministros de este viernes una fórmula similar a los hispanobonos que el consejero Vela ha pedido reiteradamente.

 

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