Bienestar Social echa a la calle a una docena de organizaciones de mujeres

La dirección general de Familia y Mujer rescinde el alquiler del inmueble que ocupan

Las asociaciones de mujeres disponen de 15 días para abandonar las instalaciones

La dirección general de Familia y Mujer ha dado orden a 12 organizaciones de mujeres de desalojar las instalaciones en las que desarrollan distintos programas de voluntariado, como la atención a las víctimas de agresión sexual, a las mujeres masectomizadas o separadas y divorciadas.

La directora general de Familia y Mujer, Celia Ortega, ha comunicado por carta a esta docena de asociaciones que rescinde el contrato de alquiler del inmueble en el que desarrollaban su actividad, en una céntrica calle de Valencia, por lo que tendrán que "abandonar las instalaciones junto con sus pertenencias" antes del próximo día 25.

Celia Ortega asegura en su carta que la rescisión del contrato de alquiler de los despachos que ocupan se produce "por causas ajenas a esta dirección general".

Las organizaciones de mujeres que ocupan este inmueble contratado por la Generalitat dispusieron de espacio en la sede de la dirección general de la Mujer desde mediados de los años ochenta y hasta el año 2004, fecha en la que el Consell decidió reubicarlas en un piso alquilado en la calle de Martínez Cubells en Valencia. Un inmueble que sufraga la dirección general de Familia y Mujer para el que cuenta con un presupuesto de 28.000 euros anuales.

Entre las entidades afectadas por el desalojo figura la Asociación por la Coeducación, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades, la Asociación de Amas de Casa Aitana, Mujeres Periodistas del Mediterráneo, Associació de la Dona Major, el Centre de Assistència a Víctimes de Agresió Sexula, Associació de Comares, Acció Positiva, Asociación de Mujeres Masectomizadas, Protección e Integración de la Mujer y Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Estas entidades ya habían visto en los últimos años como disminuían las subvenciones de la Generalitat para la realización de sus programas, que se sostienen básicamente gracias al voluntariado. La orden de desalojo, con apenas dos semanas de margen para buscar una solución, supone un mazazo a la actividad de estas entidades de mujeres que pone en riesgo su actividad.

Las responsables de estas organizaciones critican las formas utilizadas por la directora general de Familia y Mujer, que no ha dado ninguna explicación, y solicitarán con urgencia una entrevista con el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré. El último plan de Igualdad, presentado el pasado otoño por el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene entre sus finalidades potenciar el tejido asociativo de mujeres

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