El Ejecutivo aprueba el martes el decreto sobre víctimas de excesos policiales

El Gobierno aprobará el próximo martes el decreto de medidas de reconocimiento y ayudas a víctimas de conculcaciones de derechos humanos, en su mayoría excesos policiales, ocurridos entre 1960 y 1978 en el contexto de la lucha contra el terrorismo. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, lo ha presentado estea mañana a los miembros de la ponencia que se ocupa de esta cuestión. En ella no participan el PP ni UPyD, pero el Gobierno informó del contenido al secretario general de los populares, Iñaki Oyarzábal, así como al delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y al propio Ejecutivo central, cuyas indicaciones atendió para evitar un recurso que habría podido invalidar el decreto.

"Es un primer paso para la reparación integral" de esas víctimas, ha dicho Mendia, tras recordar el mandato legal del Parlamento al que obedece este decreto. La principal novedad sobre el borrador presentado en febrero es que se incluirá a los familiares de personas que sufrieran secuelas por actos del tipo amparado por el decreto y hayan fallecido ya.

Una comisión evaluadora presidida por la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, junto a dos asesores -una será Manuela Carmena, encargada de la redacción del decreto-, otros dos elegidos por el Parlamento y uno más, en representación de la sociedad civil, se encargará de examinar y comprobar las solicitudes que los afectados presenten y de dar luz verde a las ayudas. Mendia cree que podrá constituirse en un mes desde la publicación del decreto.

Los destinatarios son, además de 62 personas que resultaron muertas por actuaciones policiales o parapoliciales, las víctimas de las últimas penas de muerte de la legalidad franquista y las de las deficiencias democráticas que acompañaron la transición.

El Gobierno prepara un segundo decreto, para las víctimas habidas a partir de 1978, que espera tener listo antes de medio año, aunque la consejera admite que encontrará más escollos, porque las actuaciones cuestionables, salvo las que resulten delictivas, están amparadas por la legalidad constitucional.