Artur Mas deberá comparecer en el Parlament para detallar cómo piensa recortar los 1.500 millones de euros la tercera oleada de ajustes de su mandato para cumplir con el 1,5% del déficit acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente catalán anunció en una conferencia de prensa la nueva tanda de ajustes el 15 de mayo sin concretar por dónde iba pasar la tijera y la oposición le instó comparecer en la Cámara. Todos los grupos de la cámara, incluida Convergència i Unió (CiU) aprobaron por unanimidad las explicaciones de Mas.

“Este gobierno nunca se esconde”, afirmó perplejo Ramon Espadaler, portavoz adjunto de CiU tras la intervención de la oposición. La realidad es que el ejecutivo siempre mostró su voluntad de informar del plan pero con celeridad. El resto de grupos rechazó el calendario porque quería aunar en una misma sesión conocer el plan y debatir resoluciones para modificarlo. Esta facultad prosperó a iniciativa del Partido Popular para ira de los nacionalistas, que se quedaron en minoría. Las resoluciones no son de obligado cumplimiento para el Gobierno pero unos Presupuestos sin tener la luz verde de la Cámara quedarían empañados.

Toda la oposición exigió a Mas información por razones de transparencia y de calidad democrática. El grueso del ajuste se sustenta en los 1069 millones de los recortes de educación y sanidad del Gobieno de Rajoy (728 y 341, respectivamente) y el resto en recortes en empleados públicos; subvenciones y en las asignaciones a empresas públicas. La oposición alberga dudas de que esas cuentas cuadren. Hasta el gobierno recela porque antes de presentar el plan estimaba que el decreto de sanidad de Rajoy implicaría solo 150 millones de euros.

“El programa está lleno de incertidumbles”, señaló la socialista Rocío Martínez-Sampere. Dolors Camats, portavoz de Iniciativa, recordó que el 15 de mayo Mas también anunció una cumbre de partidos sobre el pacto fiscal —ya celebrada— pero aún no se sabe nada de los recortes cuando “se desbordan a diario”.

Donde no llegarán los recortes es en las asignaciones que reciben los expresidentes de la Generalitat. Jordi Pujol, Pasqual Maragall, y José Montilla tienen asignadas una pensión, una oficina y su personal y, excepto Montilla, que es senador, un sueldo mensual. Ciutadans pedía un profundo recorte de esta partida, en línea de los ajustes que ha hecho la Generalitat: "Se baja el sueldo a los funcionarios y no se baja el de los expresidentes", enfatizó el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Solidaritat pretendía ampliar las incompatibilidades. CiU presentó una enmienda a la totalidad porque, en palabras del diputado nacionalista Gerard Figueras, “no es momento ni de populismos ni de oportunismo político". La proposición de ley fue rechazada con los votos de CiU, PSC, y PP, cuyos argumentos giraron entorno del respeto a la figura del expresidente.