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La Junta exige al Gobierno que cumpla el Estatuto y pague la deuda

Susana Díaz anuncia que pedirá una reunión de la comisión bilateral

El País
Susana Díaz y Jiménez Barrios, en el Parlamento.
Susana Díaz y Jiménez Barrios, en el Parlamento.GARCÍA CORDERO

Mientras arrecia la crisis y crece la bronca política en torno a la inminente comisión de investigación parlamentaria del fraude de los ERE, la Junta no ha descuidado los asuntos pendientes con el Gobierno de Mariano Rajoy. La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, reiteró este miércoles en la Cámara que su Ejecutivo va a luchar por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en cuanto a las inversiones del Presupuesto de 2012 y exigirá el pago de los 1.504 millones de inversiones no ejecutadas de los ejercicios de 2008 y 2009. Para tratar estas reivindicaciones, solicitará la reunión de la comisión bilateral Junta-Estado.

 “No dudaremos en plantear acciones políticas y jurídicas para la defensa y el cumplimiento del Estatuto”, advirtió Díaz, quien, además, precisó que la Junta “no renunciará” a gestionar la cuenca del río Guadalquivir. La consejera también se refirió a los recursos ante el Tribunal Constitucional que la Junta prepara contra los decretos del Gobierno de regularización del gasto sanitario y de ampliación de horarios de los docentes.

Desgranó las líneas estratégicas de su consejería para la actual legislatura y ofreció a los grupos colaboración y el “necesario diálogo y entendimiento”, aunque también con los agentes sociales en búsqueda de acuerdos para salir de la crisis. “La austeridad y la eficacia son el sello de este Gobierno”, dijo y atribuyó una vez más al recorte presupuestario del Gobierno central el plan de ajuste que tendrá que aplicar la Junta (2.700 millones menos).

La consejera adelantó para este mandato la aprobación de normas como la reforma de la Ley Electoral para “mejorar” la representación y el voto exterior, para lo que se creará un grupo de trabajo, o el contrato-programa de la RTVA que asegure su “financiación adecuada y rigurosa” y su carácter público. El Gobierno tiene también la intención de aprobar las leyes de participación institucional y transparencia, así como el desarrollo de la ley de Igualdad de Género para dar respuestas a las “mujeres más vulnerables”.

La pretensión es incorporar al IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) a la comisión delegada de asuntos económicos que actualmente trabaja en el plan de choque por el empleo.

La diputada del PP Eva Martín denunció la “falsa austeridad” del Gobierno andaluz, ya que se mantiene el “derroche” de las “embajadas” de Andalucía en Madrid y el exterior y de los “sueldazos” de los altos cargos. “El Gobierno andaluz ha cometido auténticos desmanes con el dinero de los andaluces en un contexto de crisis económica sin precedentes en nuestra comunidad”, apuntó. Martín criticó, además, que el Gobierno hable de lograr grandes acuerdos cuando los tres objetivos del texto (pleno empleo, calidad de la educación y convergencia con Europa) han sido los “tres grandes fracasos”.

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Alba Doblas (IU) denunció “el chantaje” permanente del Gobierno central a Andalucía y que se plantee una posible “intervención”. Sobre el plan de ajuste elaborado por el Gobierno andaluz apuntó que “sin duda es mejorable y necesario cambiarlo sustancialmente”.

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