La comisión de los ERE levanta un vendaval político antes de empezar

Valderas reitera que IU no impondrá “vetos ni propiciará cacerías”

Diego Valderas, en una conferencia en Sevilla. / JULIÁN ROJAS

El esperado trasvase del caso de los ERE al Parlamento andaluz ha levantado un vendaval político. Sin conocerse aún cómo será la comisión que va a investigar este espinoso asunto, cuya aprobación está prevista para la semana próxima, los partidos hacen cábalas sobre sus plazos, el periodo que se debe examinar y, muy especialmente, quién tiene que comparecer. La clave está en manos de Izquierda Unida, ahora socio del PSOE en el Gobierno autónomo, que inclinará la balanza hacia un lado u otro.

Por eso las palabras de sus dirigentes se tasan con la precisión de un joyero, si bien hasta el momento de ellas únicamente se desprende que esta fuerza política no ha definido su posición y dirá lo que crea oportuno en el seno de la comisión. El vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, incidió el miércoles en la línea de la neutralidad y la lejanía, al tiempo que atribuyó a la Cámara todas las decisiones: “No habrá vetos, ni prisas, ni líneas rojas, ni cacerías”.

El tono impoluto, sin embargo, no evitó que las declaraciones de Valderas fueran un claro contrapunto a lo que dijo el día anterior su compañera de Gobierno Susana Díaz, quien se opuso a la comparecencia del presidente, José Antonio Griñán, la primera gran polémica de la comisión que todavía está por nacer. La consejera de la Presidencia e Igualdad parte de la premisa de que ni Griñán ni su predecesor, Manuel Chaves, saben nada de las irregularidades cometidas en la Consejería de Empleo y, por lo tanto, su asistencia a los trabajos están fuera de lugar. Una tesis que explicó ayer con más extensión y llaneza el portavoz socialista en la Cámara, Mario Jiménez: “Los presidentes de la Junta no pueden estar al tanto de todos los procedimientos de la Administración, y si no los conocen, ¿para qué van a ir? ¿para montar un espectáculo? ¿para el envilecimiento de la política? El interés de la comisión es aclarar no fusilar. Es necesario tener mucho cuidado con los señalamientos indebidos. El criterio para llamar a la comisión es el conocimiento directo de lo que se investiga, quien no sepa de eso no tiene por qué ir”.

No obstante, Jiménez aseguró que esta es una apreciación personal, igual que ocurre con lo expresado por la consejera Díaz, y no una opinión colegiada del Gobierno andaluz, que se mantendrá al margen de los trabajos porque el protagonismo reside exclusivamente en el Parlamento.

Tanto Griñán como Chaves manifestaron, cada uno por su parte, que están dispuestos a comparecer si les llaman, aunque el primero despejó que, en cualquier caso, están obligados a acudir. Griñán reiteró que era ajeno a lo que estaba ocurriendo: “Lo ha dicho Chaves y lo confirmo: en el momento que se tuvo una noticia de alguna irregularidad, se puso en conocimiento del juzgado”. El expresidente fue todavía más taxativo: “El Consejo de Gobierno, y yo como presidente de este Consejo, en ningún momento, nunca, nunca, nunca, ni amparó ni conoció ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad”.

El PP arremetió contra la “actitud inverosímil” y “manifiestamente irresponsable” del Gobierno andaluz por tratar de evitar que declaren los mandatarios de la Junta. El portavoz parlamentario, Carlos Rojas, dijo que sería un “fraude” que no se les llame y apeló a la conciencia de IU para no servir de “tapadera de las vergüenzas” del PSOE.

Los populares han hecho ya una lista de los 24 comparecientes, entre los que figuran los exconsejeros de Empleo Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el actual, Manuel Recio; de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, y el actual, Antonio Ávila, además de la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. También están los extinterventores de la Junta Manuel Gómez y Rocío Marcos y otros antiguos cargos.

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