El Gobierno revisará las ayudas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz

El Ministerio de Industria asumirá en exclusiva el análisis de las solicitudes para la concesión de ayudas a la reindustrialización en la bahía de Cádiz. En anteriores convocatorias, habían sido la Diputación y la Junta las encargadas de supervisar las empresas beneficiarias. Sin embargo, el Gobierno central ha cambiado esta directriz en 2012 tras las irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva, cuando varias de estas subvenciones acabaron en un mismo empresario gallego que no llegó a desarrollar los proyectos. El sumario de este caso, instruido en el juzgado número cuatro de Cádiz, acaba de llegar a manos del PP, que ha alertado de que las ayudas se decidían en reuniones de apenas tres personas en el despacho del entonces presidente de la Diputación, el socialista Francisco González Cabaña.

El empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña recibió hasta 25 millones de euros de fondos públicos en ayudas concedidas por Industria para la bahía de Cádiz. Lo hizo con el aval del gerente del plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, quien semanas después de descubrirse las irregularidades aseguró haber sido engañado “por un golfo”. La investigación judicial se centra en desentrañar la trama de empresas montadas por Dávila Ouviña para recibir ayudas públicas y también en el papel que tuvieron las instituciones que respaldaron sus solicitudes, la Diputación y la Junta. El caso avanzará en el juzgado en los próximos días con nuevas declaraciones después de que el PP acabe de recibir, como acusación particular solicitada hace meses, el sumario completo.

Como un adelanto, el presidente provincial del PP, José Loaiza, desveló que las declaraciones incluidas en este sumario descubren que las ayudas se decidían entre Francisco González Cabaña y Perales, en reuniones mantenidas el despacho del entonces presidente de la Diputación, en compañía de otros cargos públicos. Es algo que siempre ha negado Cabaña, quien ha defendido la independencia de los técnicos provinciales para respetar los criterios de Industria en el reparto de las ayudas. Diputación y Junta tenían el encargo de recomendar algunos proyectos pero era el Ministerio de Industria el departamento que decidía.

Para evitar nuevas irregularidades será el Gobierno central el único que tendrá voz y voto para la selección de las ayudas de 2012. Aunque el reparto de dinero será mucho menor. Habrá 75 millones, 32 menos que el año pasado. Además el PP está tratando de reducir estas partidas para entregar diez de esos 75 millones para la construcción de los buques de acción marítima en los astilleros de Navantia en Cádiz.