Funcionarios ¿intocables?

Que levante la mano el funcionario andaluz que no conozca a un trabajador al que le hayan congelado o bajado el salario en los últimos meses. O aumentada su jornada laboral. O, en muchos casos, despedido. Que la levanten.

Que digan cuantos de sus vecinos y amigos tienen salarios atrasados. Que lo digan.

Ante el desolador panorama del mercado laboral en España, con más de cinco millones de parados, es penosa la actitud de algunos ciudadanos que tienen asegurado de por vida su puesto de trabajo.

La crisis provocada por un grupo de especuladores sin escrúpulos está golpeando a millones de personas en todo el mundo. Para hacer frente a esta crisis, los Gobiernos están aplicando durísimos recortes que cercenan el Estado del bienestar, deterioran los servicios públicos, ponen en la calle a millones de trabajadores y empobrecen a la ciudadanía, que ve recortados sus derechos laborales y salariales. Esta es una verdad como un templo.

En España, el PP está aplicando con mano de hierro las normas dictadas por Berlín. Las decisiones que toma Rajoy afectan directamente a los Gobiernos autonómicos. En cascada, todos obedecen las órdenes impartidas. De no hacerlo, corren el riesgo de ser intervenidos. Si así fuera, perderían el control total (ya lo han perdido de manera parcial) de la política económica de su territorio. Entonces, los recortes actuales serían cosa de niños comparados con los hachazos que darían los procónsules enviados por Bruselas. Esta es otra verdad como un templo.

Ante esta agresión brutal contra la gran masa trabajadora, hay dos maneras de afrontar el futuro. Allá donde gobierna la derecha (PP o los nacionalistas catalanes), se despide sin contemplaciones ni dialogo a empleados públicos por docenas de miles y se privatizan o cierran hospitales y escuelas.

En Andalucía, el Gobierno de izquierdas intenta mantener el puesto de trabajo de los 261.399 empleados públicos y no privatizar los grandes servicios. Pero, como la orden tajante es controlar el déficit, no queda otra opción que reducir salarios.

La Junta ha retrasado hasta el día 15 la aprobación de su plan de ajuste para negociar con los sindicatos cómo distribuir el recorte de 777 millones de euros de las nóminas de los empleados públicos. Las dos partes deben aceptar las propuestas sensatas, por ejemplo, que no se toquen los sueldos más bajos. Enrocarse en posiciones del todo o nada, como parece sugerir en los últimos días Comisiones Obreras, no resuelve el problema.

Los sindicatos de clase deben pensar en todos los trabajadores de Andalucía, no solo en los empleados públicos. Estos no son los únicos que sufren. La memoria del CES afirma que el 50% de los hogares españoles viven peor que antes de la crisis. Casi medio millón de hogares andaluces (447.000) tienen a todos sus miembros en paro. Una muestra de solidaridad por parte de los que tienen asegurado su puesto de trabajo no estaría nada mal.

Más rechazable es la actitud de los sindicatos corporativos. Para ellos, la defensa de sus particulares intereses, laborales y políticos, está por encima de todo lo demás. El seguidismo que dirigentes de esas agrupaciones hacen de la política del PP es manifiesto. Un exdirigente del CSIF es diputado autonómico del PP.

El secretario general de UGT, Manuel Pastrana, denunciaba en este periódico la “demagogia barata” de esas organizaciones corporativas, defensoras de “unos derechos en los que únicamente están dispuestos a creer si los beneficiados son ellos”.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, iba más allá: “Que se les caigan las caretas”, y digan claramente si lo que desean es “que se eche a todos los interinos y a los trabajadores eventuales que tiene la Junta” con tal de mantener ellos, los funcionarios de carrera, sus salarios intocables.