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'caso epsilon'

El Ejecutivo destina otros 900.000 euros para cubrir una operación fallida

El Gobierno aprobó ayer una ampliación de capital en la sociedad pública Sprilur por 939.700 euros para capitalizar un préstamo con el que dio cobertura a las pérdidas que le provocaba anualmente el desventajoso alquiler de 450 euros mensuales por el que sus responsables en 2004 cedieron dos pabellones en Azkoitia a la fallida escudería Epsilon Euskadi.

Esta cifra se suma a los 16,3 millones en que el Gobierno cerró hace un mes con Kutxabank la adquisición del edificio de la compañía, a la que se obligaron los gestores anteriores, en este caso del Parque Tecnológico de Miñano, y que podía haber subido hasta seis millones más.

La escudería Epsilon, liderada por el catalán Joan Villadelprat y apadrinada durante años por el PNV, obtuvo a través de este partido cuantiosas ayudas y ventajas, tanto de la administración vasca que dominaba, como también de la del Estado, en este caso a través de sus negociaciones presupuestarias.

El préstamo, transformable en subvención, lo concedió la SPRI, empresa matriz de Sprilur, para enjugar las pérdidas que le suponía a esta arrendar e ese precio las dos naves citadas, valoradas en 2,6 millones de euros. Epsilon Euskadi logró diez años de contrato en esas condiciones onerosas para el erario público pero enormemente convenientes para la compañía privada, incluyendo además derecho de compra. Su única condición era utilizar las instalaciones y darles uso como centro de alto rendimiento automovilístico y actividades de formación.

En 2011, una vez destapada por el actual Gobierno la insostenible situación en que se hallaba la empresa, el Ejecutivo descubrió además que los pabellones de Azkoitia no se estaban utilizando para los fines comprometidos. Sprilur instó a Epsilon a abandonar las instalaciones que disfrutaba desde seis años antes y el 30 de septiembre se rescindió el contrato. Fue entonces cuando la sociedad pública pidió la ampliación de capital autorizada ayer para pagar el préstamo pendiente de la SPRI, que, entre 2004 y 2011, sufragó 1,7 millones a modo de subvención para compensar la ruinosa renta pactada con Epsilon por los anteriores gestores.

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