Los dueños de un piso protegido no podrán comprar una segunda residencia
El Gobierno aprueba la ley de Vivienda sin garantías de apoyo en la Cámara
Los beneficiarios de una vivienda protegida no podrán adquirir otra en el mercado libre, en ninguna parte de España, so pena de verse obligados a devolver la primera. La reglamentación posterior puede ampliar el ámbito de la prohibición también al extranjero, en previsión de que haya quienes vean una escapatoria, por ejemplo, en el sur de Francia. También podrá la Administración intervenir cuando los adjudicatarios de un piso protegido doblen durante tres años seguidos los ingresos máximos para aspirar a ellas.
Esta es una de las novedades del proyecto de ley de Vivienda que ayer aprobó el Gobierno para su envío al Parlamento. Buena parte de su contenido se ha ido ya conociendo durante el tiempo de gestación, lo mismo que las críticas y desacuerdos del PNV y el PP con la nueva norma. El texto no tiene pues, garantizada su luz verde en la Cámara, tanto por razón de mayorías como de plazos, ya que depende también de los meses que dure finalmente la actual legislatura.
El Ejecutivo necesita a uno de esos dos partidos para aprobarla, cuyas críticas hacia el anteproyecto conocido hace más de un año rememoró ayer el consejero, Iñaki Arriola. El mismo apuntó entonces que el consenso parecía “complicado”. Ayer sostuvo que el Gobierno cumple con el envío del proyecto a la Cámara y que los partidos de la oposición tendrán que “retratarse” si desean oponerse a su contenido. Euskadi, como con la Ley Municipal, lleva toda la vida del autogobierno sin una ley de Vivienda que recoja la dispersa normativa en la materia.
La primera discrepancia nace ya en el que para el Gobierno es el objetivo primordial de la ley: convertir el derecho a la vivienda contenido en la Constitución en un derecho subjetivo, tal y como se hizo, por ejemplo, con la Renta de Garantía de Ingresos. Eso incorpora la obligación de las administraciones de garantizar un techo a todo ciudadano que no pueda costearlo por sí mismo y provee a este del derecho a exigírselo incluso ante los tribunales. La ley prevé que se haga de modo gradual: el primer año de vigencia de la ley llegaría a las familias de tres, cuatro o más miembros que ingresen menos de 15.000 euros anuales; el segundo, a las de dos que estén por debajo de 12.000 y, a partir del tercero, también a las personas solas y que no superen los 9.000 euros.
La vivienda pasa a ser un derecho subjetivo y exigible ante los tribunales
El PP discrepa de esta concepción de ese derecho, que su parlamentaria Nerea Llanos ve imposible de materializar y consiera que se incorpora “de cara a la galería”. “Queremos una ley, pero no cualquier ley”, señaló en declaraciones a EL PAÍS.
El PNV , en cambio, lo vio “positivo” en su momento, pero criticó que no alcanzara a los mileuristas y pidió extenderlo “a todos los ciudadanos”, según dijo al conocer el anteproyecto el también parlamentario Ricardo Gatzagaetxebarria. Ese derecho subjetivo se cubriría facilitando una vivienda protegida de alquiler, o, en su defecto, con ayudas para un alquiler libre.
Tras su aprobación ayer en el Consejo de Gobierno, fuentes del grupo próximas a su portavoz en la materia, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, criticaron “el modo de proceder del consejero” al no haberles dado a conocer el proyecto antes de aprobarlo el Ejecutivo. “Los antecedentes no son buenos”, indicaron, aunque no entraron al detalle de las propuestas del proyecto, Para el PP sí parece claro que las cuestiones que ya comunicó al gobierno que no le gustaban “siguen en el proyecto”, según Nerea Llanos.
Los populares se oponen al canon —10 euros por metro cuadrado, o incluso la obligación de alquilar— que los ayuntamientos podrían imponer a las viviendas vacías durante más de dos años sin motivo justificado. El proyecto no considera así las que estén ofertadas en el mercado o permanezcan desocupadas por razones laborales, de estudios o enfermedad y dependencia. Llanos indicó que su partido “quiere que salga la ley, pero tampoco cualquier ley”. El proyecto prevé diferentes precios para los adjudicatarios de pisos protegidos, según los ingresos, así como preferencia para las familias más numerosas y los más antiguos en las listas.
La ley persigue también impulsar la rehabilitación, que se podrá forzar con el acuerdo de la administración y el 50% de los propietarios. Permitirá también dividir o unir viviendas y dar uso de tales a lonjas o plantas bajas sin que la comunidad de vecinos pueda vetarlo.
El Gobierno registrará los contratos y será depositario de las fianzas. El proyecto prevé también un aumento de las sanciones por infracciones, tanto a las promotoras como a los adjudicatarios.
