Mas recurrirá al TC el recorte en sanidad de Rajoy pero aplicara los ajustes

El Gobierno catalán recurrirá finalmente ante el Tribunal Constitucional el real decreto de medidas urgentes de sanidad porque entiende que invade competencias autonómicas. El recurso no implica en ningún caso dejar de aplicar los ajustes previstos, avanzó ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

El Consejo de Garantías Estatutarias, organismo de la Generalitat que vela por el ajuste de las leyes al Estatuto y a la Constitución, dictaminó el lunes que varios preceptos del real decreto ley son contrarios a la Constitución y vulneran competencias de la Generalitat. El Gobierno catalán anunció ayer el recurso como algo “automático” pero no criticó el fondo de las medidas. Es más, defendió que lo que realmente hace falta son nuevos ajustes.

Con este recurso el Gobierno catalán corrige parcialmente el tiro tras haberse negado a recurrir la otra gran reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la laboral, que también fue duramente criticada por el Consejo de Garantías. En el caso de la reforma laboral, las competencias autonómicas quedan minadas porque la Generalitat pierde la condición de autoridad laboral. Sin embargo, el Gobierno de CiU, firme defensor de la reforma, obvió las recomendaciones de su organismo asesor.

El PP avisa que el recurso daña las relaciones entre Mas y Rajoy

Lo que no queda claro, más allá del recurso de inconstitucionalidad, es qué cumplimiento del decreto hará exactamente el Gobierno de CiU. Hasta ahora el Gobierno catalán había asegurado que los inmigrantes sin papeles, al revés de lo que dicta el decreto ley, tendrían atención médica como el resto de los ciudadanos. Homs hizo ayer un significativo cambio en este discurso, sin aclarar exactamente sus consecuencias concretas. El portavoz afirmó que el Gobierno catalán no piensa desobedecer el decreto de reforma sanitaria del Ejecutivo central y garantizará que cualquier extranjero sin permiso de residencia sea atendido “si tiene una urgencia sanitaria”. Homs reconoció que existe un “margen para la interpretación” de lo que es urgente o no.

Hasta ahora la directiva que seguir en este asunto era la que marcó el consejero de Salud, Boi Ruiz, en una comparecencia parlamentaria el pasado 9 de mayo. Aseguró Ruiz que dejar de atender a los inmigrantes “no se puede hacer desde un punto de vista solidario”. Su tesis es que la desasistencia podría comportar que se reprodujeran enfermedades erradicadas, como la tuberculosis, y que se puedan importar otras si no existe ese tratamiento. “Aunque sea, si quieren, desde una perspectiva egoísta, hay que atender a todo el mundo", agregó Ruiz, sin diferenciar entre atención urgente y no urgente. De hecho, el real decreto deja claro que los inmigrantes tendrán que recibir atención médica urgente.

Homs se amparó ayer en que el Consejo de Garantías considera “legítimo y correcto” que no se proporcione a los inmigrantes sin papeles más que la atención urgente.

Fuentes del Gobierno insistieron en que no hay un cambio de rumbo real en las declaraciones de Homs, sino que lo que se busca es evitar un “efecto llamada” de inmigrantes en situación irregular que necesiten atención médica. “No puede parecer que en Cataluña se atiende a todo el mundo”, concluyeron. Según Homs, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy no tiene por qué enturbiar las relaciones con el PP.

Pese a la posibilidad de que el Gobierno central contraataque con un recurso contra la decisión de la Generalitat de implantar el copago por receta farmacéutica, Homs se mostró confiado en que esta amenaza no se ejecutará. “¿Cómo explicaría el Gobierno ante las instituciones europeas que recurre una medida de una comunidad autónoma que va en la línea de lo que pide precisamente Europa?”, se preguntó.

El Partido Popular de Cataluña sí se mostró irritado por la decisión del Gobierno catalán. Su portavoz en el Parlament, Enric Millo, aseguró ayer que el recurso puede afectar negativamente a las relaciones entre el Ejecutivo de CiU y el presidente Mariano Rajoy. Millo celebró que el Gobierno catalán siga aplicando las medidas contenidas en el decreto y aseguró que sería “una excentricidad” rebelarse contra la ley como pide el PSC.