El Gobierno intenta blindar a Griñán ante la comisión de los ERE

IU pide al Ejecutivo que se “abstenga” de marcar directrices sobre los trabajos

Susana Díaz, tras el Consejo de Gobierno de este martes. / GARCÍA CORDERO

La última vez que el Parlamento andaluz creó una comisión de investigación fue hace 17 años. Entonces, los votos de los diputados de Izquierda Unida fueron decisivos para acotar el trabajo parlamentario ya que el PSOE no tenía mayoría suficiente. Es una situación similar a la actual, con la notable diferencia de que IU gobierna en coalición con el PSOE en Andalucía y no está para nada en el acoso y derribo del Ejecutivo. Ahora bien, eso no significa que no persiga distinguirse de sus socios en aquellos asuntos que no afecten a la estabilidad del Gobierno, como el de la comisión de investigación del caso de los ERE a la que el Parlamento dará luz verde la próxima semana.

El PSOE depende de IU en esta comisión de investigación como un ciego de su perro lazarillo. Le faltan diputados para vetar tanto el listado de comparecientes como la duración de la comisión. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se dejó bien claro este martes cuáles son sus preferencias y sus deseos de evitar el paseíllo caminito de la comisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de cualquier otro miembro del Consejo de Gobierno.

“No encuentro en estos momentos ningún motivo ni ninguna justificación para que se produzca esa solicitud entre otros motivos porque en el propio atestado de la Guardia Civil no hay ningún elemento probatorio que nos lleve a pensar que tenga que ir el presidente ni ningún miembro del Consejo de Gobierno”, aseguró la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz. En su opinión, tampoco hay “ningún miembro del Consejo de Gobierno que tuviera conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades”, en alusión al expresidente Manuel Chaves.

Díaz habló en nombre de todo el Gobierno, es decir, por boca también de los consejeros de IU que saben de primera mano el vértigo que la comisión provoca en el PSOE. Pero dicho esto, la consejera de la Presidencia dejó en manos de los grupos parlamentarios la decisión final de las personas que deben contestar a las preguntas de los diputados sobre las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo pagados con dinero público. “No me va encontrar ninguna contradicción”, remató.

La posición del Gobierno, que quiere que las conclusiones de la comisión se aprueben antes de las vacaciones de verano (a lo que se opuso el popular Jaime Raynaud), no gustó al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro. Este afirmó no tener ninguna idea cerrada ni de la duración de los trabajos ni de los comparecientes, pero no descarta que lo hagan Chaves y Griñán. El presidente andaluz afirmó hace un mes no tener ningún inconveniente en ir a declarar y este martes lo volvió a decir si es esa la decisión de los grupos. Pero si lo hace, lo lógico es que lo hagan todos los cargos políticos por debajo de su rango que decidan los grupos parlamentarios. En este sentido, no acudir a una comisión de investigación parlamentaria está contemplado como un delito de desobediencia en el artículo 502 del Código Penal.

“El Gobierno debería de abstenerse de decir qué duración va a tener la comisión, qué comparecientes ni nada que se le parezca porque no le corresponde sentar cátedra y son decisiones de los grupos parlamentarios”, afirmó el portavoz de IU, quien reiteró que no propiciará “para nada” que la comisión se convierta “en una cacería”. Castro aseguró que “a priori” deberían comparecer los consejeros de Empleo.

La intención de IU es “desenredar la madeja desde el principio” y para ello los primeros que quiere citar a declarar son los interventores de la Junta de Andalucía. La Intervención General de la Junta emitió varios informes de reparo advirtiendo contra el procedimiento administrativo seguido para conceder y pagar los ERE, pero no elevó ningún informe de actuación —una especie de código rojo que hubiera hecho saltar todas las alarmas— porque no encontró entonces menoscabo de fondos públicos.

Desde el primer momento, la juez Mercedes Alaya ha enfocado su investigación hacia dos líneas: por un lado, los intrusos que cobraron ilegalmente las pólizas y por otro, el procedimiento administrativo. Y en esa vertiente sugiere en sus autos que Griñán como consejero de Economía y Hacienda conocía los informes de la Intervención. Es lo que opina también en su último atestado a Guardia Civil, que sostiene que los informes “debían ser conocidos” por Griñán. Díaz despachó como “falsa” esta aseveración.

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