_
_
_
_
_

El apoyo social que reciben Bildu y Amaiur desazona a las víctimas

Un informe, realizado por la Fundación Fernando Buesa y Bakeaz, recoge 22 testimonios Critica el desdén social por el “coste ético y cívico” del terrorismo

La gerente de la Fundación Buesa, Mila García de la Torre (izquierda), con la sociologa Izaskun Sáez de la Fuente y el director de Bakeaz, Josu Ugarte, hoy en Vitoria.
La gerente de la Fundación Buesa, Mila García de la Torre (izquierda), con la sociologa Izaskun Sáez de la Fuente y el director de Bakeaz, Josu Ugarte, hoy en Vitoria.Adrián Ruiz de Hierro (EFE)

Un informe sociológico realizado por encargo de la Fundación Fernando Buesa y Bakeaz resalta que uno de los mayores motivos de desazón de las víctimas del terrorismo, y en concreto de las personas amenazadas durante décadas, reside en el temor que albergan a pasar de haber sido acosadas y perseguidas a caer en el olvido y que se haga "tabla rasa de lo sucedido durante 50 años".

La autora del estudio, la socióloga Izaskun Sáez de Ugarte, quien ha trabajado sobre el resultado de 22 testimonios recogidos el año pasado, tanto antes como después del cese definitivo de ETA, por el Observatorio de la Vulneración de los Derechos Humanos por parte de la Violencia Terrorista, ha resaltado en la presentación del informe esta mañana en Vitoria que uno de los síntomas que más inquieta a las víctimas, respecto de esa eventual amnesia social, serían los buenos resultados electorales de las marcas que engloban a la izquierda abertzale —Bildu y Amaiur—, sin que sus dirigentes hayan hecho ninguna "relectura crítica" de su responsabilidad pasada no solo en la "legitimación de la violencia terrorista", sino también en su "dinamización". El colectivo social que les ha votado estaría convirtiéndoles ahora en "fedatarios de la paz".

Sáez de Ugarte, que repasa en el informe los problemas de todo índole que describen las personas entrevistadas —desde el calvario de vivir escoltadas, hasta los conflictos familiares que en ocasiones les ha desencadenado con sus propios hijos su condición de amenazados— concluye que la implicación social en la repulsa contra las amenazas y coacciones vividas por importantes colectivos ha sido "muy escasa" y que las muestras de solidaridad hacia quienes las padecían "no ha llegado ni al umbral de lo políticamente correcto".

El estudio pone de manifiesto que las víctimas, antes, durante y después de los hechos victimizadores, tienden a ser objeto de "procesos de cosificación que buscan despojarlas de su dignidad humana". Dichos procesos, se indica, únicamente resultan operativos "si quienes los llevan a cabo han sido socializados en la identificación de personas que piensan diferente o desempeñan determinados cargos como enemigos".

Advierte además de que se genera un círculo vicioso revictimizador ante demandas de reparación y de justicia insatisfechas, "el retorno heroico de los victimarios a sus lugares de origen y cuando la sociedad e incluso el círculo próximo de la víctima mira para otro lado muchas veces por miedo a la estigmatización o tiende a una perversa equiparación de las muertes, la de la víctima y la del victimario". De este modo, señala que "en lugares emblemáticos para el entorno del nacionalismo radical la revictimización ha resultado especialmente cruel".

La investigación explica además que la mayoría de las víctimas no viven de su condición de tales y tienen, además, dificultades de inserción laboral, bien por sus limitaciones psicofísicas, por la escasa solidaridad del entorno de trabajo o por el mero hecho de ir escoltadas. Por último, se apunta que si ante la muerte, la conciencia social de rechazo ha crecido poco a poco, "la reacción ante la intimidación y la amenaza no ha traspasado el discurso de lo políticamente correcto y la sociedad vasca no ha sido consciente de su coste ético y cívico".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Dos de cada tres entrevistados fueron varones y un tercio mujeres. La mitad del colectivo tenía entre 41 y 60 años y sólo un 10% era menor de 30 años. Alrededor del 50% de las víctimas están casadas y, de ellas, la mayoría tienen dos hijos.

Casi el 40% se declara concejal de un partido no nacionalista, pero también están presentes, aunque de forma aislada, las voces de profesores, directivos de empresas y pequeños y medianos empresarios, periodistas, jueces y miembros de la Ertzaintza y de la Policía Municipal. El 80% de las entrevistas se realizaron a personas perseguidas o amenazadas. Sólo cinco fueron familiares de víctimas asesinadas y, además, tres de ellas sufrían violencia de persecución.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_