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El bumerán de Valdevaqueros

La reacción al proyecto se ha convertido en un quebradero de cabeza político

La playa de Valdevaqueros vista desde el terreno de la promoción.
La playa de Valdevaqueros vista desde el terreno de la promoción. JULIÁN ROJAS

El primer paso dado por el Ayuntamiento de Tarifa para la construcción de 350 viviendas y 1.423 plazas hoteleras en el entorno de la playa de Valdevaqueros se ha convertido en una verdadera patata caliente. La reacción y la movilización popular contra el proyecto, tanto la ejercida in situ como en los medios de comunicación y redes sociales, han cortocircuitado el mensaje político.

Un ejemplo lo dio ayer la portavoz de vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, que empezó su comparecencia ante la prensa asegurando: “El proyecto viene del PSOE”. A continuación,

la diputada autonómica popular subrayó que su partido defenderá que el cumplimiento de todas las normas, que se preserve el medio ambiente y que se garantice la seguridad jurídica. El discurso de Martínez se produce horas después de que el alcalde Tarifa, el también popular José Andrés Gil, defendiera el Plan Parcial del Sector SL-1 Valdevaqueros. “Tenemos derecho a desarrollarnos”, aseguró al EL PAÍS el alcalde tarifeño. El proyecto es bueno por un lado, pero bueno por otro. Y todo al mismo tiempo.

Algo que también le ha sucedido al Gobierno andaluz. Mientras los concejales socialistas de Tarifa votaban a favor del plan parcial —con el apoyo, el 28 de mayo, de la delegada provincial de Medio Ambiente—, el único concejal de IU lo hizo en contra. Después de que la reacción contraria a la decisión del Consistorio fuera tomando fuerza y presencia, el nuevo consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, afirmó que la Junta sería muy rigurosa a la hora de evaluar el impacto en la zona del proyecto.

La responsable del PP de vivienda y ordenación del territorio insistió ayer en enmarcar el tema de Valdevaqueros dentro de la competencia entre partidos y aventuró “bastantes discrepancias” entre los miembros del Gobierno de coalición PSOE-IU en estos asuntos.

En este sentido, Martínez destacó que IU hubiera votado en el Parlamento andaluz en contra de la modificaciones a la ley del Suelo y de la ley de Derecho de la Vivienda y sostuvo que la coalición de izquierdas había sido “muy beligerante” con el decreto de regularización de viviendas ilegales.

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La disputada andaluza popular también ve diferencias entre los partidos coaligados en el Gobierno de la Junta en las iniciativas relacionadas con la dación en pago (entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda generada por su compra), ya que el PSOE no había apoyado en el Congreso un decreto del sobre esa materia.

“Parece que sigue en campaña electoral”, dijo Martínez en alusión a la consejera de Fomento, Elena Cortés, tras recordar que esta había suscrito la iniciativa de organizaciones sociales y sindicales para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago.

La dirigente del PP recordó el “caos” que, en su opinión, caracterizó a los departamentos encargados de Fomento y de Vivienda en la legislatura anterior y en esta nueva también prevé problemas al haberse dividido las competencias entre IU (Fomento y Vivienda) y PSOE (Ordenación del Territorio)

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