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“Estamos al límite: cualquier nuevo recorte afectará a la calidad docente”

El rector de la Universidad Jaume I ha tenido que renunciar a proyectos como la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda y de la Audiencia al aplazarse el pago de 13,6 millones del Consell

Vicent Climent, rector de la Jaume I, en su despacho de la institución académica de Castellón.
Vicent Climent, rector de la Jaume I, en su despacho de la institución académica de Castellón. ÁNGEL SÁNCHEZ

Vicent Climent (Castellón, 1954), rector de la Universidad Jaume I desde hace dos años, ha tenido que renunciar a proyectos previstos este curso como la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda y de la Audiencia provincial al aplazarse el pago de 13,6 millones de la Generalitat. Ha ahorrado 1,2 millones en gastos de mantenimiento y ha reducido hasta 104 millones (un 8,5% menos) el presupuesto. Sin margen para más ajustes, asegura que cualquier otro recorte iría en detrimento de la docencia y la investigación. Climent pide al Consell que cumpla con los pagos para no rechazar la Facultad de Ciencias de la Salud y critica las formas del ministro de Educación por no escuchar a los rectores.

Pregunta. Después de los ajustes ¿qué le espera a la universidad con el decreto de racionalización del gasto público educativo?

Respuesta. Se crea un escenario de gran incertidumbre. La subida de tasas es muy elevada y aunque es difícil predecir el impacto exacto no es atrevido aventurar un descenso de la matrícula y un incremento de la morosidad. La sensación que se tiene desde las universidades es que en el ministerio no existe una política universitaria, sólo existe la política de los recortes o de los ajustes, se legisla desde un punto de vista económico y se olvidan temas de fondo y aspectos colaterales.

P. ¿Qué implicará la subida de tasas para la Jaume I?

R. El aumento se ha establecido sin saber cuáles son las consecuencias. La Jaume I ha detectado este año un aumento de morosidad de los estudiantes de grado que se ha multiplicado en un 3,5. Y esto solo con el tímido aumento del pasado año del 7,5%. En los másteres la morosidad ha alcanzado el 15%. Si ahora se plantea un 33%, la morosidad puede tener una repercusión muy grande. Pero además hay temas de fondo que plantea la aplicación del Real Decreto que ni siquiera se han podido discutir en el foro en donde deberían haberse tratado: el Consejo de Universidades. Por ejemplo, ¿es justo socialmente que la continuidad en una titulación dependa de la capacidad económica? Un estudiante con recursos económicos puede permitirse primeras, segundas, terceras y cuartas o más matrículas, cosa que no podría hacer otro estudiante con menos capacidad económica.

P. ¿Hay alternativa?

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R. Si la subida de tasas se ve desde el punto de vista financiero podemos decir que no parece existir mucho margen de maniobra, pero si lo miramos desde el punto de vista del estudiantado y el papel social de la universidad pública, las consecuencias son muy importantes. El problema es el impredecible impacto en el número de matrículas efectivas y en la morosidad. El grueso de la financiación proviene de la subvención pública y si con una subvención comparable acabamos atendiendo a un número de alumnos significativamente inferior, el país pierde buena parte del retorno esperable de su inversión en conocimiento y capital humano.

P. La semana pasada fue noticia el plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert ¿cómo calificaría este hecho?

R. El plantón manifestó un desencuentro entre lo que hizo el ministerio y lo que solicitaban los rectores. Para mí fue un acto de protesta meditado después de haber agotado todas las vías posibles para podernos manifestar sobre el decreto. No se ha querido escuchar a los rectores y no es un problema de fondo, las formas hay que cuidarlas. En momentos como en los que estamos tiene que haber mucho diálogo y nunca será suficiente.

P. ¿Respalda la eliminación de títulos con escasa demanda?

R. Es algo que no se puede hacer de un mes para otro y nos hemos comprometido a hacer el próximo curso un estudio sobre la oferta, la demanda y si existen duplicaciones porque entendemos que sí que es necesario hacer una reflexión, pero hay que establecer criterios que no solo pueden ser economicistas sino también de territorialidad. Por ejemplo, hay estudios como el Grado en Ingeniería Química de la Jaume I que, siendo una titulación emblemática en Castellón, se ha visto afectada por la crisis del sector cerámico y se ha reducido su demanda. A pesar de que el sector está sufriendo una grave crisis el papel del técnico cerámico está llamado a seguir desempeñando un papel fundamental en la innovación del sector.

P. La Jaume I ha reducido a la mitad el déficit con el que preveía cerrar el año. ¿Es posible apretarse más el cinturón?

R. Desde que tomé posesión hace dos años empezamos a hacer ajustes reduciendo la partida de gastos corrientes en un 10% cada año. Hasta el momento se ha atacado especialmente el gasto corriente. También se ha sido muy riguroso en nuevas infraestructuras, reduciendo éstas a lo imprescindible: la Facultad de Ciencias de la Salud. En gasto corriente ya no nos queda más recorrido. Estamos en una situación límite. Cualquier recorte adicional afectará ya a la calidad de la docencia y de la investigación, aspectos que hemos intentado conservar contra viento y marea.

P. Recientemente la Fundación Caja Castellón-Bancaja ha anunciado que no podrá seguir con su aportación de 600.000 euros, más de la mitad destinada a la investigación. Con las nuevas medidas, ¿en qué situación se quedan los investigadores?

R. El plan de investigación de la Jaume I está dotado con 4,3 millones de euros, de los cuales 395.000 euros, un 10%, procedían de la fundación. Esto supondrá revisar algunos programas del plan y reasignar recursos. Mi voluntad es luchar por mantener la inversión en investigación y preservarla de los recortes. A nivel general el momento para la estabilización del personal investigador no es bueno, pues la incertidumbre y las limitaciones del decreto estatal de diciembre de 2011 impiden la contratación de personal. Estamos en una situación límite y si finalmente la Generalitat no puede cumplir los compromisos de pago, no sé si podremos seguir preservando la docencia, la investigación y sobretodo la inversión fundamental para la facultad de Ciencias de la Salud.

P. ¿En qué punto se encuentra el proyecto?

R. La facultad de Ciencias de la Salud concentra toda la inversión en obra pública de la universidad. La primera fase del edificio debe iniciar su proceso de licitación antes de agosto, pero para ello necesitamos que se nos asegure una cierta estabilidad en el presupuesto. La Generalitat ha retrasado dos años el pago de 13 millones con los que contábamos para abordar la financiación del edificio y necesitamos que cumpla lo que está firmado para poder abordar la construcción. Hemos de despejar estas incertidumbres antes de mediados de julio para tomar una decisión que asegure liquidez durante la construcción.

P. Y en este escenario de recortes, ¿qué papel juega la VIU?

R. La VIU nace ya con una contestación de muchos ámbitos pero también de las universidades porque no entendíamos para qué se creaba, pero dijimos que si tenía sentido debía ser colaborando con las cinco universidades públicas y se firmó un convenio con el compromiso de que estuvieran en el patronato. Eso no se ha cumplido. También entiendo que la situación económica ha cambiado mucho y no sé qué papel juega ahora. Es un organismo que funciona con dinero público pero como entidad privada. Creo que en los tiempos que corren la Generalitat debe dar respuesta ya a qué debe hacer con la VIU.

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