La Junta planta cara a Alaya

El Gobierno afirma que la Guardia Civil le acusa mediante suposiciones, sin pruebas, y tilda la instrucción judicial de “causa general” y “proceso inquisitorial”

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz. / PÉREZ CABO

La Junta cambió de estrategia ayer en el caso de los ERE. Por primera vez desde que hace año y medio nació el caso por corrupción en la Consejería de Empleo, el Gobierno atacó de manera frontal la instrucción. “Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios”, cargó la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, contra la investigación. La número dos de la Junta acusó a la Guardia Civil de investigar a la Consejería de Empleo basándose en “suposiciones y valoraciones que son impropias porque no están sustentadas en ningún tipo de medio probatorio que les permita afirmar lo que dicen”. Díaz fue tajante al despreciar el nuevo informe y anexos con 1.356 páginas de instrucción: “No aparece nada nuevo. La Guardia Civil no concluye nada que la propia Junta no hubiera puesto en conocimiento de la juez”, dijo sobre las conclusiones policiales.

La juez Mercedes Alaya investiga otras tres consejerías (Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo) para saber si al igual que Empleo concedieron ayudas a empresas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Además, el gabinete jurídico y la Intervención General están siendo examinadas con lupa por parte de la magistrada. La Guardia Civil considera al Consejo de Gobierno partícipe del sistema de ayudas presuntamente fraudulentas al aprobar las modificaciones presupuestarias cada año. De ahí que Díaz tildara la investigación dirigida por la juez de instrucción de “causa general”.

Los investigadores hacen un detallado retrato de la gestión que imperó en Empleo durante 10 años, pero también analizan por qué la Intervención General lo permitió. Los guardias civiles destacan que el sistema creado de ayudas discrecionales no se detuvo a pesar de los sucesivos informes contrarios de la Intervención General. Y, en ese punto, consideran que debió haberse emitido informe de actuación sobre el menoscabo de fondos públicos. Además, que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debió conocer los informes menos tajantes emitidos durante su etapa como titular de la Consejería de Economía y Hacienda. “Los informes debían ser conocidos” por Griñán porque la Intervención advertía en los propios oficios que estos eran “para su traslado al titular de la Consejería (...) máxime cuando el IFA [agencia pagadora de las ayudas] era una entidad reiteradamente incumplidora”, subrayan los agentes. Ayer, Díaz negó la mayor: “No hay ninguna comunicación al consejero de Hacienda sobre alguna irregularidad y eso se puede constatar con la declaración del interventor”.

La juez ha ido un paso más allá que la Guardia Civil y ha sugerido una supuesta connivencia entre Griñán, la Intervención General y el gabinete jurídico para permitir que el sistema de ayudas siguiera adelante. Pero el presidente andaluz ya había estado en el punto de mira de la magistrada en diferentes ocasiones a lo largo del año pasado. El punto álgido del enfrentamiento estuvo motivado por las actas de los Consejos de Gobierno, que devino en un conflicto de jurisdicción. Entonces la instructora llegó a insinuar que la Junta podría incluso alterar u ocultar “partes relevantes” de las actas.

Hasta ahora, las críticas de Griñán hacia la juez han sido siempre de soslayo, y sí ha acusado al PP de “manipular, engañar y jugar” con la instructora, quien recoge en sus autos “lo que ustedes dicen”, sostuvo el presidente. Ayer, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, echó más leña al fuego y acusó a Alaya de intentar “implicar o vincular” a Griñán con los ERE “a cualquier precio”, informa Efe. “A mi partido le sorprende enormemente la orientación que la Guardia Civil le da a este informe”, añadió Jiménez.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, censuró las críticas de la Junta y le acusó de ocultar información a la juez: “Para proteger la democracia es necesario defender a todas las instituciones, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo cuando te dan la razón”.

Mientras, los agentes han acusado al diputado socialista José Antonio Viera de promover ayudas ilícitas concedidas, y esto aboca el caso al Tribunal Supremo porque Viera es aforado. Un próximo informe sobre la Sierra Norte sevillana “concretará” el papel desempeñado por Viera, pero de momento los indicios y declaraciones de imputados en su contra se acumulan. Al no estar personado en el caso, esto podría generarle una indefensión jurídica que anulara su procesamiento.

La juez maneja estas variables porque el retraso en enviar la causa al alto tribunal es una medida más controvertida a medida que pasa el tiempo. Y el tiempo es también la respuesta al crudo enfrentamiento entre la Junta y la juez. A medida que la investigación avance, se comprobará si se confirman o desmienten las tesis de la magistrada que considera ilegal el fondo en su totalidad y no solo el manejo del mismo que se hizo desde distintas dependencias de la Consejería de Empleo.

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