La policía ve acreditada la financiación irregular de CDC a través del Palau

La Fundación Trias Fargas recibió 6,5 millones de empresas

La UDEF corrobora que Ferrovial pagó al partido a través del Palau de Fèlix Millet

Donaciones a la Trias Fargas y contratos obtenidos.

La investigación sobre el saqueo del Palau de la Música está sacando los colores a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la policía encargado por el juez considera que el partido nacionalista se financió irregularmente con el dinero que grandes empresas adjudicatarias de obra pública donaron a la Fundación Trias Fargas, afín a CDC.

Tras analizar las cuentas de la fundación y de empresas que, supuestamente, realizaron trabajos ficticios para el Palau, la policía corrobora una de las tesis de la investigación: a través de esas firmas y con la mediación de los responsables de la institución musical (Fèlix Millet y Jordi Montull) la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC. Lo hizo, presuntamente, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.

Ferrovial, detalla el documento de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, financió “de forma ilógica” y con “ingentes” sumas de dinero las actividades del Palau. A cambio de una comisión como intermediarios, Millet y Montull se encargaron, supuestamente, de hacer llegar el dinero a sus destinatarios. El informe cita a los antiguos tesoreros de CDC: Carles Torrent y, después de que este falleciera en 2005, Daniel Osácar. En la supuesta trama se “interpusieron” diversas sociedades, “a modo de capas de cebolla”, para simular que se prestaban servicios.

Hicimos donaciones a Convergència como una inversión de futuro”

El caso de Ferrovial, señala el informe, “puede no ser el único en el que se atisba desvío de fondos”. El análisis de las cuentas de la Trias Fargas —rebautizada como Catdem tras el escándalo— revela que, entre 2002 y 2008, la fundación recibió 6,5 millones en concepto de donación de distintas empresas de la construcción (ACS, FCC), el suministro de aguas (Cespa, Sorea), la concesión de autopistas (Abertis) y el sector farmacéutico (Grupo Ferrer). Esas compañías “muy probablemente” participan en concursos y adjudicaciones “cuyo resultado puede estar viciado por esas aportaciones”.

Las donaciones suponen la mayor parte del dinero (65%) que ingresa la fundación. La policía sospecha que parte de esa cantidad acabó nutriendo las arcas de Convergència. Cita, por ejemplo, cómo el mismo día en que Bruesa Construcciones hizo una donación de 60.000 euros a la Trias Fargas, esta transfirió el dinero a una cuenta del partido, como consta en los registros contables. El resto de fondos de la fundación proceden de subvenciones (33%) y de cuotas (2%).

El dictamen destaca el estrecho vínculo entre fundación y partido, que funcionan bajo el principio de “unidad de caja”. De ahí que haya constantes transferencias de fondos entre ambos, algunas bajo el amparo de “supuestos” trabajos hechos por el partido. Tras analizar las cuentas, los investigadores concluyen que puede tratarse de una “facturación sistemática”, que “no guarde relación con una efectiva y real prestación de servicios”. El informe concluye, en definitiva, que se ha hecho “un uso espurio de las fundaciones para canalizar fondos, algunos de los cuales podrían tener procedencia ilícita”.

La fundación transfería el dinero al partido el mismo día que lo recibía

Existen diversas subcuentas —grupo parlamentario CiU, Federació CiU, Grup Parlamentari Català y Fundació Privada Fòrum BCN, ligada a CDC— que también se nutren de las aportaciones de la fundación. Entre 2005 y 2008, se transfirieron 2,9 millones a una de las cuentas, una cifra que “experimenta un aumento constante y sustancial”.

El dinero se hizo llegar a CDC por distintos senderos. Uno de ellos consistía en que las empresas emitían facturas al Palau por trabajos supuestamente ficticios. El importe de esas facturas coincide con las aportaciones que el Palau de la Música hizo a la Fundación Trias Fargas, en virtud de un convenio suscrito por ambas entidades durante varios años. Esas relaciones son “extraordinariamente sospechosas”, ya que los convenios de los sucesivos años apenas varían y son un simple “corta y pega”.

La policía sospecha que parte del dinero que aún no se ha localizado del expolio (cifrado en 35 millones) pudo desviarse a través de las empresas instrumentales. El informe elaborado por el administrador concursal de dos proveedoras del Palau, que lo son también de Convergència —New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent— ha arrojado luz sobre ese punto. Esas firmas facturaron un millón al Palau por trabajos que, según acredita la investigación, no se realizaron. Las empresas también recibieron de Convergència, coaliciones y entidades afines 1,3 millones por trabajos de buzoneo, aunque parte de ese dinero (775.000 euros) regresó al partido en forma de donación.

Un imputado defiende que los trabajos para el Palau no fueron ficticios

El administrador concursal denuncia, entre otras irregularidades, que entregasen 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de las operaciones. La policía recoge ese guante y afirma que esa y otras partidas en metálico apuntan a un delito de blanqueo de capitales. Los investigadores aventuran la hipótesis de que ese dinero, sumado al donativo de 775.000 euros, pudo suponer unos ingresos de 2,1 millones para las arcas de CDC. Y sospechan que el origen de ese dinero está en el Palau. Existe, en todo caso, un “claro nexo” entre las facturas de las empresas y los fondos desviados al partido.

El administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, declaró este viernes como imputado ante el juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled. Menchén aseguró que desconoce por qué salieron 1,3 millones de la empresa y dijo que se enteró al ser imputado en la causa por el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. “No llevaba los temas de administración, éramos cinco socios”.

Menchén justificó la donación de 775.000 euros porque había que “fidelizar” a un buen cliente como Convergència, que aseguraba ingresos y proporcionaba gran carga de trabajo. “Hicimos las donaciones como una inversión de futuro. Quizá no ganábamos tanto dinero, pero tampoco perdíamos”, explicó. New Letter y Letter Graphic han trabajado para otros partidos, pero no les hicieron donaciones porque ni eran clientes asiduos ni manejaban cantidades tan importantes, añadió.

Los concursos “pueden estar viciados”, según los investigadores

Entre 2007 y 2009, las empresas filiales cobraron 804.563 euros de CDC por trabajos “genéricos”, según el informe del administrador concursal. Si a estos se suman los trabajos de marketing electoral realizado para diversas coaliciones electorales ligadas a CiU, la cifra total es de 1,3 millones.

El fiscal inquirió sobre la doble facturación de la empresa: con un cliente “normal”, las facturas rondan los 1.000 euros. Con un cliente como CDC, las cantidades son desorbitadas y los conceptos, vagos. En el caso de los encargos del Palau, Menchén sostuvo que la diferencia se explica en que estos exigían una mayor “creatividad”, ya que se trataba de hacer envíos “personalizados”. Menchén negó que los trabajos fueran ficticios y aseguró que las empresas trabajaron “intensamente” para el Palau. Admitió, sin embargo, que no guarda ningún documento que justifique su existencia.

Los partidos exigieron explicaciones a CDC. Jordi Terrades (PSC), dijo que el informe “va confirmando el triángulo Millet-Ferrovial-CDC”.

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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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