Un juzgado ve prevaricación de la Junta por frenar un hotel en Cabo de Gata

La juez abre diligencias previas por las medidas tomadas por el Ejecutivo andaluz tras el visto bueno del Supremo al proyecto en Campillo de Gata

Vista de las Salinas en Campillo de Gata. / JULIÁN ROJAS

La aplicación de la justicia no siempre coincide con los deseos de la mayoría ni con la actualidad de las decisiones. Un antiguo proyecto de urbanización en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha recibido un nuevo impulso desde los tribunales. En esta ocasión, está vinculado a la construcción de un hotel en el paraje del Campillo de Gata, en la zona norte de Las Salinas. El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha dictado el inicio de procedimiento abreviado contra ex altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y de su Delegación en Almería por un presunto delito de prevaricación.

Dicho procedimiento deriva de una querella criminal presentada en julio de 2010 por la empresa Círculo Agroambiental, promotora del hotel, poco después de que la Junta emitiera dos resoluciones por las que ordenaba la paralización de las obras de construcción, detenimiento que hizo efectivo a finales de junio. El Ayuntamiento había dado en 1999 el visto bueno y la licencia de obras y construcción al complejo promovido por el ya fallecido empresario marcos Eguizábal que, con el diseño del arquitecto portugués Álvaro Siza, pretendía levantar un hotel de 50 habitaciones. En 2009, el TSJA, tumbó los recursos de la Junta al proyecto por “defectos de forma”, entre otros motivos y, un año después, el Supremo rechazó el recurso del Ejecutivo andaluz.

Las resoluciones las suscriben el ex viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez Martín, el secretario general de la Delegación de Medio Ambiente, Augusto Ignacio Segura de Torres, y los ex delegados provinciales del Gobierno y de Medio Ambiente, Miguel Corpas y Clemente García, respectivamente. A estos últimos exime de responsabilidad la juez al considerar que “no queda debidamente justificada su participación” en los hechos imputables.

 El hotel —de 50 habitaciones y sobre una superficie de 2.648 metros cuadrados— cuenta con licencia municipal del Ayuntamiento de Níjar, entonces socialista, en 1999. A partir de esa fecha, la Junta de Andalucía emprendió acciones judiciales para intentar impedir su construcción al alegar que se encontraba en zona de protección.

La normativa de aplicación vigente en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el PORN de 1994, establece un grado de protección de C2 que implica la prohibición de realizar cualquier tipo de construcción en la zona. Normativas dictadas con posterioridad elevan el grado de protección.

La argumentación presentada por el Ejecutivo andaluz no superó el rigor garantista de los tribunales. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó dos resoluciones favorables a los intereses empresariales. Una de ellas fue recurrida al Supremo, quien daba vía libre en mayo de 2010 al inicio de las obras por parte de Círculo Agroambiental, propiedad de la familia del desaparecido empresario y bodeguero Marcos Eguizábal.

Otros proyectos han recibido respaldo esta semana. Al apoyo manifiesto y sin cortapisas del PP a la apertura del hotel del Algarrobico se suma la anulación de la protección ambiental de un sector en Aguamarga (Níjar) sobre el que se planea la construcción de un macrohotel por el que se triplicaría la población de este pequeño núcleo costero en el Parque Natural.

Los grupos ecologistas han anunciado un recurso ante el Supremo y ante la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea para impedir la construcción de este hotel que, sin embargo, cuenta con una sentencia desfavorable del Supremo que no ha sido tenida en cuenta durante este proceso, según denuncian los grupos conservacionistas.

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