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EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN

Blasco reconoce que trató sobre proyectos con el jefe de la trama

Compara a Tauroni con “decenas de personas que dirigen ONG”

La diputada de Compromís Mireia Mollà en las Cortes Valencianas.
La diputada de Compromís Mireia Mollà en las Cortes Valencianas.

En junio de 2011, la policía grabó una conversación de Augusto César Tauroni con Rafael Blasco, que estaba a punto de dejar de ser consejero de Solidaridad y Ciudadanía, en la que este último decía a su interlocutor que “va a salir todo muy bien” y le animaba: “Lo importante es resistir”. Según el actual portavoz parlamentario del PP, la conversación entraba dentro de “las relaciones habituales” que tuvo “con Tauroni como con decenas de personas que dirigen ONG”. La presencia de Tauroni detrás de la Fundación Hemisferio y de una trama que saqueaba las subvenciones de cooperación de la Generalitat, que ha llevado a la juez a imputar a 22 personas, (solo sigue en prisión el propio Tauroni), únicamente la ha desvelado la investigación.

En otra conversación entre ambos, Blasco comentaba a Tauroni: “Lo que no podemos estar es en cierto monocultivo”. Y le interrogaba: “Hola, una cosa, eso que me tenías, que me dijiste, lo de traducirlo al inglés, ¿no lo tendrás, verdad?”. Tauroni respondía: “No, pero lo tendré el fin de semana o el lunes”. A la pregunta de qué tenía que traducir su interlocutor, el ahora portavoz parlamentario del PP respondió ayer: “No lo recuerdo muy bien, sería algún documento relacionado con algún proyecto... Documentación que estarían intercambiándose la consejería y esa ONG”. ¿Cómo sabía el consejero que Tauroni gestionaba proyectos para esas ayudas si no figuraba formalmente en ninguna de las organizaciones que los presentaban? “No saque deducciones que la justicia no ha hecho”, respondió Blasco. Se da la circunstancia de que esta segunda grabación es del 4 de noviembre de 2011, cuando Blasco ya hacía meses que no era consejero y nada tenía que ver con proyectos de cooperación.

Blasco reiteró, tras la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas, su denuncia de lo que calificó como “campaña de falsedades” sobre las ayudas de cooperación y pidió respeto a la presunción de inocencia.

Fabra anuncia que Blasco seguirá de portavoz “si no hay imputación”

Rafael Blasco insistió en criticar las “informaciones tendenciosas”, que, en su opinión, se están publicando sobre el escándalo de las ayudas de cooperación y reiteró “la máxima convicción de que la actuación política de la consejería ha sido correcta y la actuación administrativa también ha sido correcta”. “Ha quedado claro que Blasco no tiene ninguna imputación en este sumario”, señaló el portavoz del PP, hablando de sí mismo en tercera persona. “De momento no han pedido responsabilidad judicial a Blasco”.

La imputación, que fuentes próximas a la investigación consideran inevitable y que obligaría a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia, parece marcar una línea roja. Así, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, declaró por la tarde: “Siempre he defendido la presunción de inocencia y si no hay imputación el señor Blasco seguirá siendo portavoz del Grupo Popular”.

Como portavoz, precisamente, impidió Blasco por la mañana que prosperara una iniciativa relacionada con el caso. Los grupos de la oposición apoyaron una propuesta de Compromís para que las Cortes hagan una declaración de condena de la conversación grabada por la policía en la que Augusto César Tauroni, el supuesto cabeza de la trama, habla con su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, sobre la diputada Mireia Molla, y el letrado le pregunta: “¿Y si la violamos?”. Mollà, de Compromís, y Clara Tirado del PSPV-PSOE, son las diputadas que presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que dieron lugar a la investigación que ha desmantelado la trama de corrupción.

Aunque el portavoz del PP, como explicaron el resto de portavoces, se negó a apoyar la iniciativa en la Junta de Síndics porque habría que condenar también una serie de “frases indecorosas” que se han pronunciado en la Cámara y que atribuye a la propia Mollà, Blasco dejó abierta la posibilidad de que los populares apoyen la declaración, que también condena los “insultos, intimidaciones y amenazas” proferidos contra periodistas y sobre personas de diferentes razas (denominadas “negratas” por los imputados) en las conversaciones recogidas en el sumario. En todo caso, Blasco calificó de “deplorable” la alusión a Mollà y señaló que no se le puede hacer a él responsable de lo que hablen Tauroni o cualquier otro. “Me han sorprendido no agradablemente algunas de las cosas que he leído y algunas de las informaciones”, sentenció sobre el caso.

Torres acusa al

Consell de "alentar" a personajes

como Tauroni

Para Enric Morera, portavoz de Compromís, que pidió también el amparo del presidente de las Cortes, Juan Cotino, para la diputada Mollà, es inadmisible que “unos mafiosos” hablen de la posibilidad de cometer un delito contra una parlamentaria. Morera presentará una queja ante el Colegio de Abogados junto a la también diputada Mònica Oltra contra Gómez Tejedor por sus afirmaciones.

Marga Sanz, de Esquerra Unida, mostró su apoyo a Mollà, dijo que las Cortes “tienen la obligación de denunciar” lo ocurrido y criticó a Blasco, de quien dijo que es “el epicentro del escándalo”.

El portavoz socialista Antonio Torres fue incluso más lejos al acusar al Consell que gobierna el PP de haber “alentado” a personajes como Tauroni, que comenzó a hacer negocios con la Administración pública para después “saquear las arcas públicas”. Torres recordó que Tauroni recibió en 2001 una adjudicación de 6,7 millones a través de la empresa Lonerson, que “se unió en una UTE con una empresa semipública llamada Tissat, integrada por la Generalitat, Iberdrola, Bancaja y Telefónica”. Tauroni, según el portavoz socialista, accedió a esa unión, en la que tenía el 60% del capital, “con una empresa que no sabía hacer la o con un canuto”.

Reequilibrio, control y déficit

A. B.

“No se ha escondido nada”, exclamó ayer el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, sobre el déficit real en las cuentas de la Generalitat valenciana que afloró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 17 de mayo, en el que se aprobaron los planes de reequilibrio financiero de las comunidades autónomas. Vela, que compareció ante una comisión de las Cortes Valencianas, dijo que habitualmente es la Sindicatura de Comptes la que “fiscaliza y determina el importe” de las denominadas facturas en los cajones, o pagos sin consignación presupuestaria, que se acumulaban cada año en áreas como las prestaciones farmacéuticas. Este año lo ha hecho la propia Generalitat para poder incluirlas en el plan de pagos a proveedores, añadió.

Otra versión es la que ofreció el portavoz socialista, Antonio Torres, tras la Junta de Síndics, para asegurar que “el plan de reequilibrio ya está incumplido”. Torres recordó que el Consell cifró en febrero en un 3,68% del PIB el déficit de 2011, lo que representaba 3.839 millones de euros. El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo situó, unos meses después, en el 4,5% porque se incluían 681 millones de facturas en los cajones de 2011, pero no se contaban otros 981 pendientes de 2010, que hubo que incluir después. Con ello, el déficit subirá al 5,4%, ¿Cómo se va a recortar la diferencia para cumplir con el 1,5%?, se preguntó Torres, que señaló que el ajuste de 2.397 millones previsto se quedará corto y exigió que el presidente de la Generalitat dé explicaciones. En efecto, el jefe del Consell, Alberto Fabra, ha solicitado comparecer en las Cortes para explicar el plan de reequilibrio financiero pero la comparecencia todavía no tiene fecha.

El consejero Vela afirmó que las medidas contenidas en el plan de reequilibrio no modificarán “la composición en esencia del presupuesto”, dado que, en todo caso, “lo que habrá será no ejecución de gastos y alguna generación de créditos por mayores ingresos”. Vela insistió en que los hispabonos son la solución del problema de liquidez, aunque da igual cómo se llame el mecanismo, que parece encaminarse hacia un sistema de aval por parte del Estado.

El consejero explicó en la comisión la nueva unidad de control del gasto, “creada para llegar a parcelas donde tradicionalmente el control interno de la Generalitat no llegaba tan profundamente”. El gasto farmacéutico, el turno de oficio de los abogados, el funcionamiento de los centros docentes públicos, los gastos de personal del hospital La Fe o la empresa Vaersa son áreas en las que se centrará este año ese nuevo control. La oposición criticó que la intervención no aplicara antes estos mecanismos. “¿Cómo era posible que nadie informara de los desvíos en obras y servicios?”, se preguntó el socialista Rafael Rubio.

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