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Mena deja a Cleries sin la gestión de la renta mínima

Entidades y partidos rechazan el cambio por la “poca sensibilidad” de Empresa

Francesc Xavier Mena (a la izquierda) y Josep Lluís Cleries durante su comparecencia en el Parlament el pasado mes de agosto.
Francesc Xavier Mena (a la izquierda) y Josep Lluís Cleries durante su comparecencia en el Parlament el pasado mes de agosto.Carles Ribas

La renta mínima de inserción (RMI), la ayuda de 420 euros que reciben aquellas personas que no cuentan con ningún otro ingreso, pasará a ser gestionada exclusivamente por el Departamento de Empresa, que dirige Francesc Xavier Mena, quitando así las competencias que hasta ahora tenía el Departamento de Bienestar Social, cuyo titular es Josep Lluís Cleries. Este departamento se encargaba de la valoración y la gestión de los casos, mientras que Empresa se encargaba del pago de las ayudas.

Con la gestión en exclusiva de la RMI, Mena se apunta un tanto ante Cleries, con el que ha mantenido diferencias durante el caos originado en verano a raíz de la revisión sorpresa de esta ayuda. La alarma social generada provocó la disculpa del titular de Bienestar Social, mientras el responsable de Empresa se mostraba inflexible y acusaba de defraudadores a muchos de los beneficiarios. “Hay gente que cobra más de la RMI que trabajando”, decía Mena en agosto, a la vez que apuntaba hacia los marroquíes, asegurando que “muchos” de ellos cobraban la ayuda, a pesar de haber regresado a su país.

La muestra más clara de la descoordinación entre ambos departamentos se plasmó en el episodio de la base de datos de los beneficiarios. Empresa utilizó un listado desfasado para enviar los cheques de la RMI en agosto (que muchos beneficiarios no recibieron por esta causa), dejando de lado los datos oficiales de Bienestar Social.

Este departamento pierde ahora casi todo su papel en todo el proceso. Incluso se ha visto reducida su presencia en la Comisión Interdepartamental, encargada de aprobar o denegar las ayudas. Hasta ahora, Bienestar contaba con tres de las nueve sillas de la comisión, que ahora se reducirán a una. Empresa pasa de tres a cuatro representantes y se queda con su control.

El cambio organizativo no ha gustado nada a las entidades sociales. Nuria Carrera, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales lo calificó de “mala decisión”, mientras que las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) pusieron el acento en la falta de diálogo con Mena.

Los partidos de izquierda también expresaron ayer su preocupación por este cambio orgánico. Desde ERC, Pere Bosch, incidió en la “poca sensibilidad” mostrada por Mena hacia los beneficiarios de la RMI. A Laura Massana (ICV) le alertó que la Generalitat haya justificado el cambio en el hecho de “ganar en eficiencia”. Eva Granados (PSC) vio incoherente que Empresa gestione una ayuda con marcado carácter social. “Es hacer leyes con la calculadora y no pensando en la gente”, remachó.

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