El informe oculto del diputado Crespo

La Sindicatura de Cuentas no difundió una investigación que acusaba al exalcalde de Lloret de Mar de lucrarse con dinero de hospitales

Iniciativa pide a la presidenta del Parlament de Cataluña que la auditoría sea publicada

El pleno de la Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador de las Administraciones catalanas, votó en 2006 no enviar al Parlament de Cataluña un informe que atribuía a Xavier Crespo —alcalde de Lloret de Mar (Girona) entre 2003 y 2011 y actualmente diputado por CiU y presidente de la Comisión de Salud en la Cámara catalana— numerosas irregularidades que acabaron beneficiando al político y a su esposa con dinero público de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y Calella.

El informe alertaba sobre pagos sin justificar de más de 350.000 euros, realizados por una filial de la corporación, Centros Médicos Selva y Maresme (CMSC), en parte pagados a Crespo, su mujer y dos empresas, una de las cuales era propiedad del matrimonio. A pesar del informe hecho por sus propios auditores, el pleno de la Sindicatura aprobó con seis votos a favor —dos de síndicos nombrados a propuesta de CiU, dos del PSC, uno del PP y otro de ERC— archivar el informe. Solo hubo un voto en contra, el del síndico propuesto por ICV, Agustí Colom, que había dirigido la investigación. En un duro voto particular, Colom reprochó a sus compañeros el archivo alegando que “la Sindicatura no puede obviar su conocimiento de varias operaciones” que “constituyen manifiestas irregularidades a fin de que se depuren responsabilidades contables y de otra naturaleza”.

La Sindicatura trató de frenar el informe antes de que llegara al pleno

Casi seis años después, el informe sigue sin ver la luz, guardado en los cajones de la Sindicatura y la corporación, a la que este organismo remitió una copia para que pudiera presentar sus alegaciones. Ahora, ICV quiere que el informe sea hecho público y así lo ha solicitado al Parlament. El consejero de Interior, Felip Puig, anunció el 3 enero de 2011 el nombramiento de Crespo como número tres de su departamento en calidad de secretario de Seguridad. El caso estuvo envuelto en el misterio: Crespo renunció a su acta de diputado, pero luego se desdijo. El 22 de febrero renunció al cargo en medio de las suspicacias de la oposición, que habló abiertamente del caso Crespo porque el Gobierno demoró semana tras semana la confirmación de un nombramiento que nunca se produjo. Después, Crespo ya no optó a revalidar la alcaldía.

La investigación sobre las actividades de Crespo arrancó tras la llegada a la Sindicatura de Cuentas, en agosto de 2005, de otro informe, elaborado por la Intervención General de la Generalitat, en el que se detallaban irregularidades administrativas y contables que podían “dar lugar a la exigencia de responsabilidades”. El pleno de la Sindicatura votó el 4 de octubre de 2005 seguir el trabajo de la Intervención e investigar las cuentas de CMSM, dedicada a la atención médica a turistas extranjeros. La Sindicatura encontró nuevas irregularidades. La más grave era que la corporación no podía justificar pagos superiores a 350.000 euros realizados a través de CMSM. Una de esas partidas fue a parar a Crespo y su mujer: “Se ha detectado que CMSM pagó 15.377 euros que corresponderían a lo que se puede considerar gastos propios del señor Xavier Crespo y la señora Guadalupe Oliva”. Así lo hizo constar Colom en su voto particular.

En el periodo investigado, Crespo ocupaba, como alcalde de Lloret, un puesto en el consejo rector de la corporación. También era propietario, junto con su mujer, Guadalupe Oliva, de Llomecen, empresa que según varias fuentes gestionaba dos centros médicos en Lloret. Las transacciones de CMSM a Llomecen, creada en 2004, también cayeron bajo la lupa de la Sindicatura, así como las operaciones de CMSM con Assessoria Croal, con base en Pineda de Mar, dedicada a la atención sanitaria y propiedad de Carme Aragonés, directora comercial de la corporación en el periodo investigado.

La mayoría tumbó la auditoría tras negarse el síndico Agustí Colom a retirarla

La Sindicatura encontró también otras “irregularidades en las retribuciones, cuentas que no incluyen determinadas operaciones y pagos por la prestación de servicios de profesionales sin apoyo documental acreditativo”. Todo ello consta en el proyecto de informe 29/2005-IP, realizado por el equipo auditor que lideró Colom.

Ese proyecto de informe fue debatido en el pleno de la Sindicatura un año después de iniciar la investigación. Era el momento de aprobarlo y remitirlo al Parlament y “ponerlo en conocimiento de los órganos competentes” para aclarar las irregularidades detectadas. Pero el pleno de la Sindicatura no está por la labor. Una semana antes, algunos síndicos ya habían intentado evitar que se debatiese el asunto. “Es peculiar el procedimiento seguido por el pleno en que se ofrece al síndico ponente [el propio Colom] la posibilidad de que retire del orden del día el debate y, si cabe, la aprobación del informe”. Colom no acepta la propuesta e insiste en que su informe suba al pleno, alegando que su retirada “no es la forma propia de actuar de la Sindicatura”.

Una semana después, sin embargo, el rodillo de la mayoría decide dejar sin efecto la investigación y elevar al Tribunal de Cuentas solo el informe previo realizado por la Intervención General, una investigación parcial e incompleta que la propia Sindicatura había decidido continuar. El Tribunal de Cuentas no vio en lo detectado por la Intervención hechos de suficiente gravedad para proceder contra Crespo.

El diputado de CiU insistió ayer en destacar precisamente que tanto el Tribunal de Cuentas como la Sindicatura archivaron el caso “a su favor” y que él “da por cerrado” el tema. Sin embargo, a raíz de una iniciativa de la revista local Cafèambllet, ICV ha decidido pedir a Núria de Gispert, presidenta del Parlament, institución de la que depende la Sindicatura, que desentierre el informe. “Exigimos que se haga público”, declaró ayer el diputado Joan Boada.

Crespo renunció a ser el 'número tres' de Felip Puig en Interior

Centros Médicos Selva y Maresme se disolvió en 2008. La empresa, que nació para hacerse con el lucrativo negocio de la atención sanitaria a los turistas en la comarca, había levantado ampollas entre los competidores, que acusaron a la corporación de “competencia desleal”, según una fuente conocedora del sector. La corporación, nacida en 2001, gestiona los hospitales de Calella y Blanes, y siete centros de atención primaria. En el periodo investigado, estaba presidida por Robert Pujol, familiar de la esposa de Crespo. La gestión estaba en manos del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).

Un portavoz de la corporación recalcó ayer que la entidad ya subsanó las irregularidades detectadas durante esa investigación.

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