La juez acusa a los responsables de Cobre Las Cruces de dañar el acuífero

La magistrada procesa a tres directivos de la mina por delito medioambiental

Actividad en la mina sevillana Cobre Las Cruces. / GARCÍA CORDERO

El sistema ideado para llegar hasta el mineral en la explotación de Cobre Las Cruces en Sevilla falló hace cuatro años. Y las consecuencias penales todavía están sobre la mesa.

La magistrada instructora de este caso, Ana Escribano, ha dado un paso más para que se celebre el juicio contra los tres directivos de la empresa minera que están imputados. La fiscalía especializada en delitos medioambientales había reclamado que se procesara a los tres responsables de la explotación y la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla accede a que se abra el procedimiento abreviado en un auto de 9 de mayo.

Informes contradictorios

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla emplea las declaraciones de varios especialistas e informes técnicos en su auto del 9 de mayo. Entre los análisis que se citan están los elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que han ofrecido varias versiones en el caso de la explotación de Cobre Las Cruces en Sevilla.

“Es cierto que los informes finales del Cedex y del IGME no ponen de relieve un comportamiento negligente por parte de la empresa y minimizan los riesgos de la explotación”, señala la magistrada. Sin embargo, la juez sostiene que esas conclusiones se contradicen con otro informe que firmó el “propio Cedex”. La magistrada añade que también “son bien distintas” a las que ha llegado la fiscalía especializada en medio ambiente, que ha contado con el “correspondiente asesoramiento técnico”.

La instructora recuerda que el informe de la fiscalía ha puesto “en duda las conclusiones del IGME y no descarta la posibilidad de relación de causalidad entre el aumento de niveles de arsénico y contaminación del acuífero y la actividad minera”.

Los acusados son Francois F. (ex consejero delegado y máximo responsable de la empresa hasta 2010), William T. W. (director de la mina) y Paz C. S. (directora de medio ambiente de la mina). A los directivos se les imputan un delito medioambiental y otro de daños. Fuera del proceso se queda Juan Carlos B. U., director del departamento de aguas desde agosto de 2008, ya que los hechos son posteriores a su llegada.

El caso se remonta a comienzos de 2008, cuando la empresa estaba realizando las labores de profundización para llegar hasta la veta, que está en mitad del acuífero sevillano de Gerena-Posadas, que resultó dañado.

La magistrada señala en su escrito que las conclusiones de los expertos consultados en la fase de instrucción “ponen de relieve gravísimos incumplimientos por parte de los responsables de la mina del condicionado de sus autorizaciones y por ende de la normativa medioambiental”.

La juez también sostiene que los técnicos han detallado los incumplimientos de las condiciones por las que la Administración concedió la explotación del mineral y del sistema de drenaje y reinyección diseñado para llegar a la veta. “Tales incumplimientos se encuentran relacionados causalmente no solo con el potencial peligro para el medio natural así como para personas y bienes, sino también han producido daños en el entorno que se han evaluado económicamente”, señala.

La juez detalla en su auto los daños que provocó la empresa minera. Recuerda que se efectuaron “muchos más sondeos de los permitidos” y que se construyeron “balsas en zona de policía que han supuesto riesgos concretos para el normal discurrir de las aguas y abastecimientos de los arroyos”. También indica que “a través del defectuoso sistema de drenaje” se provocó una “disminución del volumen del acuífero y un aumento de los niveles de arsénico en las aguas superficiales”. Por último, Ana Escribano advierte de que “las deficiencias en la previsión de los taludes han podido y podrían en el futuro causar problemas de estabilidad de no haberse tomado y continuar las medidas oportunas de vigilancia y control”.

La magistrada recuerda en su escrito que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que en mayo de 2008 decidió suspender las operaciones de drenaje y reinyección ante los incumplimientos de la empresa, valoró en 584.839,81 euros solo el coste de la eliminación de las balsas y de la restauración ambiental.

Tras detectarse los primeros incumplimientos de Cobre Las Cruces, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía decidieron paralizar la explotación a mediados de 2008. La compañía tuvo que rehacer su sistema de drenaje y reinyección, que volvió a recibir el visto bueno de la Junta en julio de 2009.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla reconoce en su auto que la Administración regional ya abrió varios expedientes a esta sociedad. Pero añade que “la gravedad de las conductas (...) y el potencial riesgo que conllevan hace que pese a la existencia de sanciones en vía administrativa ya impuestas por incumplimientos objeto de la querella, dichas conductas hayan de ser también objeto de imputación penal”.

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