OPINIÓN

Semanas caribeñas y fundaciones opacas

Casos como el de Dívar muestran que las viejas tribus se encarnan hoy en el corporativismo, sea judicial o político

La salida a la luz de los viajes y las semanas caribeñas de Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha hecho de general conocimiento hoteles como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, en la Costa del Sol. Hemos descubierto que la vía más corta para ir de Madrid a Oviedo es haciendo parada y fonda en Puerto Banús. Todo con dinero público, pero nadie ha dimitido. En todo caso, siete vocales del CGPJ han pedido que deje el cargo el juez José Manuel Gómez Benítez, que fue quien denunció el caso Dívar.Gómez Benítez debe dimitir por su deslealtad, ya que recurrió a los tribunales en lugar de haber planteado el asunto civilizadamente, en el seno del organismo de gobierno de los jueces. Afortunadamente, el buen tino de la fiscalía decidió preservar la armonía solidaria y acabó archivando tan injusta denuncia.

Desde que tuvo conocimiento de la denuncia, Dívar trasladó a otros colegas del Consejo del Poder Judicial que si él caía no iba a caer solo. En la reunión de la permanente preguntó: “¿Por qué han tenido esa crueldad conmigo, si hay otros vocales que gastan más?”. Su jefe de gabinete llegó a solicitar una relación de todos los gastos de viajes y atenciones protocolarias de los vocales.

Pascual Sala, presidente del CGPJ entre 1990 y 1996, planteó la destitución del entonces vocal Luis Pascual Estivill —que acabó en prisión por vender sentencias—, que estaba imputado en una causa por delito fiscal. La propuesta solo obtuvo el voto de ocho de los 17 vocales.

Ahora solo cinco vocales —entre ellos Gómez Benítez— han pedido la dimisión de Dívar, contra siete que han solicitado la del denunciante. El organismo de gobierno de los jueces ha pasado con notable alto el examen de su vetusto coporativismo.

Lo mismo con los Mossos. Una inesperada sentencia de la Audiencia de Barcelona ha venido a turbar la paz al condenar a entrar en prisión a cuatro mossos d’esquadra que maltrataron “por error” a un ciudadano rumano. La equivocación fue premiada hace unas semanas por el Gobierno central con un generoso indulto que descalificaba la sentencia en firme, con inhabilitación y penas de cárcel, impuesta por el Tribunal Supremo. El portavoz de CC OO de la policía catalana pedía al consejero Felip Puig “algún tipo de presión” porque “él sabe que son inocentes”. Invocaba a que el Ejecutivo interfiriese nuevamente para que la anomalía democrática del indulto, como decía el profesor Joan Queralt en estas páginas, volviera a ser ejercida.

El manual del atavismo marca que cuando se ataca a alguien de la tribu, el resto debe defenderlo. Y ahora viejas tribus se han reencarnado en las corporaciones: judiciales, policiales, políticas… Debe triunfar el espíritu de cuerpo, como cuando en el franquismo, frente al enemigo exterior —bien directamente, bien a través de agentes subversivos— que pretendía arruinar la felicidad de España.

Se malgasta mucha ética de manual dando consejos de aplicación ajena y se desperdician ocasiones para predicar con el ejemplo. En España la incipiente ley de transparencia, por ejemplo, deja fuera de su competencia la Casa Real. En Cataluña, casi simultáneamente, se impulsa un borrador de las mismas características, que hará opacos los ingresos que perciben las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

Después de que la investigación del caso Palau apuntara a que la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, había recibido la tan generosa como insólita donación de 630.000 euros del coliseo modernista, CiU y el PP han decidido enmendar la ley de transparencia para que avance la oscuridad. Mejor con la luz apagada. Hay que ser indulgente con las pequeñas imperfecciones. Las modificaciones pretenden limitar el poder de inspección y de sanción al protectorado de fundaciones, creado para garantizar transparencia, y suprimir el acceso público al registro de esas entidades. Tampoco será necesario que las fundaciones hagan público su balance social.

Los espíritus destructivos no hallarán resquicio para meter su zarpa inquisitorial. El reino de las subvenciones a fundaciones será opaco. Judicatura, policía y partidos brindan ejemplos lo suficientemente edificantes para confirmar ese doble juego de pesas y medidas que se emplea para ciertas tribus y para los mortales sujetos a la legislación común.

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