La Junta aplaza el plan de ajuste para dialogar con los sindicatos

El Gobierno andaluz va a posponer la aprobación del decreto del plan de ajuste del Presupuesto autonómico, en el que se recortan 2.800 millones de euros, hasta mediados del mes de junio. Esta medida la han pedido los sindicatos y los dos socios del Ejecutivo autónomo, PSOE e IU, la han asumido de pleno. Pero que se suspenda no quiere decir que el Gobierno tenga margen para anular uno de los principales apartados del plan: el ahorro de 777 millones de euros en las retribuciones salariales de todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía.

La noticia la anticipó el sindicato de funcionarios CSIF que se atribuyó como un éxito propio el aplazamiento. El anuncio oficial lo realizó este viernes el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en un lugar poco apropiado: una rueda de prensa en calidad de coordinador general de Izquierda Unida en la sede de su formación. Minutos después, también lo confirmó el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en otra conferencia de prensa en la sede federal del PSOE, donde mantuvo una entrevista con Alfredo Pérez Rubalcaba.

El disgusto, las movilizaciones de todas las centrales sindicales y la espiral de declaraciones en contra de la bajada de sueldos en la Administración han ido a más en la última semana. A la Junta todavía le duele la gran bronca de la legislatura anterior, cuando aprobó un decreto de reforma del sector público sin consenso previo. Lo que ha hecho el Gobierno de coalición ha sido abrir un pequeño paréntesis hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado el próximo 15 de junio, con el objetivo de llegar a un acuerdo con los sindicatos.

La idea de la Junta es recortar salarios y evitar los despidos de personal no fijo.

IU se muestra "indignada" con las gratificaciones a personal de confianza

“Hay tiempo suficiente para ir a una negociación con los sindicatos sin que esté el decreto del plan de ajuste en la mesa”, dijo Valderas. Este abogó por que los representantes de los trabajadores propongan “alternativas” para buscar una salida consensuada.

El recorte de 777 millones del capítulo 1 del Presupuesto, el que afecta a los gastos de personal, viene dado por la decisión del Gobierno central de ampliar la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. También se incrementarán las horas lectivas de los profesores. Según han afirmado tanto Griñán como la consejera de Hacienda y Administración Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ese horario dejaría en la calle a 23.804 personas que ahora prestan sus servicios en la Junta como eventuales. El Gobierno quiere evitar los despidos a toda costa y en todo caso que sean los sindicatos los que digan que ese es el camino, como afirmó Aguayo en una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado domingo.

El decreto ley del plan de ajuste se iba a aprobar el próximo martes en el Consejo de Gobierno, según indicaron varias fuentes. Una vez que se apruebe se tramitará en el Parlamento.

La propuesta que ha hecho Valderas es rebajar aún más los salarios de los altos cargos de la Administración, que acumulan una disminución salarial del 20% en dos años. También se van a reducir los por ahora intocables salarios de los altos directivos de las empresas públicas, como aprobó el Parlamento el pasado jueves. La intención es que nadie cobre más que el presidente andaluz cuyo sueldo para 2012 era de 68.981,88 euros brutos.

IU ha propuesto que los llamados mileuristas de la Administración no se vean afectados por el recorte salarial. También ha propuesto que se eliminen los “privilegios” de los altos cargos y de personal de confianza, como los complementos de productividad que perciben algunos. En este sentido, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, dijo ayer que su formación está “defraudada, indignada y sorprendida” con las gratificaciones recibidas por personal de confianza del consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, la mayor de ellas de 3.435 euros. “Hay que eliminar de manera definitiva esta práctica en la Junta y en el caso de la gente que ya lo ha recibido que se proceda a la devolución de los complementos”.

Ávila autorizó el pago de estos complementos el pasado día 2 de mayo, según informó el diario El Mundo, 13 días antes de que su compañera Martínez Aguayo informara oficialmente del plan de ajuste que prevé fuertes recortes salariales, entre ellos, la eliminación del pago de complementos en las pagas extra del mes de junio y de diciembre.