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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Vamos a contar mentiras

Quien tenía datos opacos, facturas ocultas y agujeros negros eran los Gobiernos populares de Madrid y Valencia.

Uno de los pasajes más escalofriantes de la última novela de Almudena Grandes, El lector de Julio Verne, es cuando Nino, hijo de un guardia civil, se pone a cantar en mitad de la noche, una y otra vez, la vieja canción infantil Vamos a contar mentiras.

Nino intenta acallar así el ruido aterrador que le llega del otro lado del tabique del cuartelillo, donde un grupo de guardias civiles torturan a luchadores antifranquistas de la Sierra Sur de Jaén.

He recordado esas brillantes páginas de la gran escritora madrileña —con hondas raíces andaluzas— al observar el uso continuado de la mentira por parte de muchos políticos. De manera muy especial, en estos momentos, los del PP.

Porque parece que, imitando a Nino, los dirigentes populares piensan que orquestando una algarabía ensordecedora, plagada de patrañas y mentiras, podrán ocultar el grito desesperado de millones de españoles que están sufriendo, ¡y de qué manera!, los hachazos del Gobierno Rajoy al Estado de bienestar.

El último ejemplo: la aparición de montañas de facturas impagadas, y mantenidas ocultas hasta el último minuto, por los Gobiernos populares de Madrid, Valencia y Castilla y León. Unas facturas que han duplicado el déficit anunciado de Madrid y que alcanza los 2.000 millones de euros; otros 869 en Valencia y 137 en Castilla y León. Más de 3.000 millones entre las tres. El equivalente al tajo dado a Educación por el ministro Wert. Por ello, el déficit del Estado ha subido cuatro décimas: del 8,5% al 8,9%.

Con ser grave ese desvío, lo peor es el intento del Gobierno para ocultarlo y minimizarlo. Porque el dato era conocido desde hacía un mes. Pero ni los presidentes de las comunidades afectadas, ni los responsables del Ministerio de Hacienda, ni la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, que lo conocían, dijeron esta boca es mía.

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Por el contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dirigieron siempre sus ataques contra Andalucía, amenazándola con intervenir sus cuentas. Arenas afirmó incluso que “Andalucía está en suspensión de pagos”.

Pero se descubrió el pastel. Andalucía ha tenido un desajuste de 32 millones de euros, 62 veces menos que Madrid. Un desvío considerado irrelevante por los técnicos de Hacienda.

Quien tenía datos opacos, facturas ocultas y agujeros negros eran los Gobiernos populares otrora presentados como ejemplo de buena gestión: Madrid y Valencia. Comunidades gobernadas por los populares desde hace 17 años. No era posible echarle el muerto a Zapatero. Es más, el inquisidor Beteta ha sido consejero de Hacienda en Madrid en el tiempo en el que las facturas se arrojaban al fondo del cajón (2008-2011).

Por ello, Griñán dijo el martes que tenía “serias dudas sobre la solvencia de Beteta”.

Daba risa escuchar desde Chicago al presidente Rajoy decir que su Gobierno ha “operado desde la verdad”. Y, superándose a sí mismo, el ahora arrinconado Esteban González Pons quiso reivindicar su antiguo protagonismo con esta frase que pasará a la historia del cinismo: “No importa quién mentía más o quien mentía menos; lo que importa es que se mentía en la época de ZP”.

Ante esta actitud de los responsables del Gobierno central, mucho nos tememos que la propuesta de Griñán de plantear un sistema más justo de repartir la carga del déficit, será rechazada sin estudiarla siquiera. Aunque beneficie a muchas comunidades gobernadas por el PP.

Pero va a ser que no. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, dijo ayer en Canal Sur Televisión que esa oferta era una “falacia”. Es decir, una mentira.

¿No se cumplirá más bien el refranero: cree el ladrón (mentiroso) que todos son de su condición? Hala, ¡vamos a contar mentiras!

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