El Instituto de la Memoria desata un nuevo conflicto en torno a las víctimas

Loza confía en la incorporación del PP, que arremete contra el proyecto

Jesús Loza (a la izquierda), ayer en la Cámara con los cuatro parlamentarios que registraron la proposición de ley del Instituto de la Memoria: desde la derecha, Mikel Unzalu (PSE), Iñigo Iturrate (PNV), Aintzane Ezenarro (expulsada de Aralar) y Mikel Arana (Ezker Anitza). / L. RICO

Los impulsores de la proposición de ley para crear un Instituto de la Memoria que abarcaría en su ámbito de actuación el terrorismo, la represión de la dictadura, la Guerra Civil y los excesos policiales en el contexto de la lucha antiterrorista, mostraron ayer su esperanza de que el alto consenso que ya representan (59 de los 75 parlamentarios de la Cámara vasca) se complete con la incorporación del PP. El comisionado del lehendakari para la paz y la convivencia, Jesús Loza, aseguró luego que esa formación “no ha mostrado una postura cerrada”.

Sin embargo, el partido de Antonio Basagoiti arremetió ayer, lo mismo que UPyD, contra el proyecto. Su portavoz parlamentario, Antón Damborenea, advirtió de que si no se corrige, algo que los populares intentarán a través de sus enmiendas, su grupo se opondrá a un órgano que “lo mezcle todo” y que, a su juicio, sirve para justificar de forma indirecta el terrorismo. El PP no quiere “un cajón de sastre”, una iniciativa de “memoria inclusiva”, como proclaman sus impulsores, sino algo centrado exclusivamente en el terrorismo, de cualquier signo, pero solo terrorismo. La nueva entidad reabre así el recurrente conflicto político entre los partidos a cuenta de la violencia y las víctimas.

Para EA, en el bando opuesto, “la iniciativa nace viciada” porque no ha contado “con todas las sensibilidades”, en referencia a la antigua Batasuna.

Díaz Bada dimite de la comisión que está organizando el Centro Memorial

El PNV, el PSE, Ezker Anitza y tres de los cuatro parlamentarios del grupo de Aralar dieron ayer el primer paso para la creación del Instituto registrando en la Cámara una proposición de ley conjunta. La fórmula asegura una rápida tramitación que permitirá que quede constituida esta misma legislatura. El debate de su toma en consideración, que propiciará pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión, se celebrará antes del fin de junio con toda probabilidad.

El Instituto será un órgano de gestión del Gobierno para todas las políticas de memoria, convivencia y derechos humanos, hasta el punto de que queda abierta la posibilidad de que sustituya a las actuales direcciones de Víctimas del Terrorismo y de Derechos Humanos. Pese a su adscripción al departamento del Ejecutivo que tengan la responsabilidad de las políticas citadas, en su Consejo de Dirección figurarán representantes del Parlamento (cuatro), las Diputaciones (tres), los Ayuntamientos (tres) y otras tantas personalidades independientes, junto a 14 altos cargos del Ejecutivo.

La dirección del Instituto sumará a instituciones e independientes

Pese al apoyo mayoritario con el que llega al Parlamento, la presentación de la proposición de ley se vio mediatizada ayer no solo por el rechazo popular, sino también por el conflicto que al PP y al Gobierno central les planteó la sorpresiva dimisión de Teresa Díaz Bada, representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la comisión bilateral que debe alumbrar en paralelo el Centro Memorial para las víctimas del terrorismo. Su constitución y ubicación en Euskadi son sendos mandatos de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en el Congreso en 2011.

Díaz Bada, hija del jefe de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado en 1984 por ETA, consideró que los trabajos de la comisión suponen una “concesión política a Batasuna”.

Su nuevo papel como partido de gobierno está suponiendo para el PP un cambio en sus relaciones con parte de las víctimas del terrorismo, que ya han convocado para el 9 de junio la primera manifestación en su contra, con motivo del plan de reinserción de etarras. En la legitimación de las posiciones del partido y la acción del Gobierno central está jugando, entre otros, un importante papel Mari Mar Blanco, parlamentaria popular y hermana del asesinado concejal Miguel Ángel Blanco. Ayer mismo fue designada por el ministro de Interior, Jorge Díez Fernández, para sustituir a Díaz Bada.

“El Gobierno y el Estado de Derecho apuestan por la impunidad”, dijo esta última, quien consideró que el Memorial será “una chapuza” y que el Instituto de la Memoria realiza “una equiparación de víctimas inmoral”. “Ahora resulta que aquí ha habido sufrimiento por todas partes, todas las violencias son equiparables”, sostuvo. Y personalizó sus críticas tanto en Loza como en otro miembro de la comisión, el también parlamentario del PP, Carlos Olazábal, además de censurar al ministro de Interior su presencia en la clausura del Congreso sobre Memoria y Convivencia celebrado toda la semana pasada en Bilbao.

Olazábal replicó que las acusaciones de Díaz Bada “nada que ver con la realidad de lo que se está trabajando” en la comisión. Esta se reunió ayer en Bilbao y acordó constituir un Real Patronato, adscrito al Ministerio del Interior, que dirigirá el Memorial. El Rey será presidente de honor, la presidencia la ocupará el jefe del Ejecutivo y la vicepresidencia, el lehendakari.

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