La Fiscalía General de Galicia está preparando una demanda civil colectiva de cientos de afectados por la adquisición de participaciones preferentes, según anunció ayer en Vigo el fiscal superior Carlos Varela. La demanda puede convertirse en una de las acciones judiciales más numerosas en materia de consumo en Galicia. La oficina del fiscal ha recibido cerca de 400 casos procedentes de reclamaciones al Instituto Galego de Consumo y un centenar remitidos por la Fiscalía de Pontevedra.Fuentes próximas a la fiscalía confirmaron que la demanda se presentará en el plazo de un mes, aproximadamente.

La demanda podría centrarse en las claúsulas abusivas que contienen estos productos financieros y en los métodos de comercialización de los mismos. La CNMV declaró estos productos como “de alta complejidad” y, sin embargo, eran comercializados a ahorradores que no querían arriesgar su dinero. Solo en Novagalicia Banco hay más de 43.000 clientes afectados en la comunidad autónoma. La demanda se refiere exclusivamente a esta entidad, ya que es la única de las que vendieron este producto financiero que cuenta con su domicilio social en Galicia.

Canje por acciones

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae) expresó ayer sus críticas a la posibilidad de que las entidades puedan canjear por acciones la participaciones preferentes que en su día vendieron a los ahorradores, tal y como recoge el decreto de reestructuración del sistema financiero aprobado por el Gobierno central. El vicepresidente de Adicae-Galicia, Agenor Gómez, explicó que las acciones son un producto “muy volátil”, por lo que un canje podría acabar con pérdidas para quienes lo acepten.

Gómez apuntó que en el caso de Novagalicia Banco no se está ofreciendo una solución factible a los ahorradores y reclamó una solución tanto a la Xunta como al Banco de España. En su opinión, debe realizarse el saneamiento de lo que calificó como “un activo tóxico”. Adicae ha presentado demandas de conciliación contra 15 entidades financieras en toda España. “No queremos meter a los ahorradores en un laberinto judicial”, indicó Gómez, quien denunció que las entidades no están facilitando a los clientes la documentación que solicitan para presentar reclamaciones.