La enseñanza pública valenciana mantiene las movilizaciones

La consejera María José Català afirma que es necesario aplicar los recortes

Los sindicatos critican la actitud de Educación

La consejera María José Catalá, en la reunión con los sindicatos. / MÒNICA TORRES

La reunión celebrada este lunes entre la consejera María José Catalá, y la mesa sectorial de educación —compuesta por los sindicatos CC OO, Fete-UGT, CSIF, Ampe y STEPV— no sirvió para paralizar las protestas convocadas para esta semana y la que viene. La huelga estatal planeada para este martes en todos los niveles educativos era “inamovible”, pero las del miércoles y los días 30 y 31, sin embargo, se aplazarán y en su lugar se llevarán a cabo concentraciones y asambleas en cada centro. En cualquier caso, el encuentro apenas puso en común los diferentes puntos a tratar sin que ninguna de las partes cediera en sus posturas.

El comité de la mesa sectorial insistió en tres propuestas esenciales. Por un lado, la anulación en el profesorado del denominado decreto Vela, pues supone “un recorte en sexenios y un futuro incierto para los interinos”. Por otro, la adecuación a la Comunidad Valenciana del decreto 14/2012, recién aprobado por el ministerio, ya que “empeora la calidad de la enseñanza pública”. Y, por último, el ahorro en otras partidas en favor de la educación. Sin embargo, el encuentro fue visto negativamente por parte de los sindicatos, que consideraron que solo había servido para comunicarle su “desacuerdo” con la política de “hechos consumados” y “reuniones informativas”.

La consejera de Educación se limitó a reconocer que, aunque trasladará las demandas, “a veces no se puede hacer lo que se le pide porque la situación no lo posibilita”. Catalá insistió en que el decreto publicado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, era implacable y que “es necesario aplicarlo” aunque los sindicatos hayan pedido “un nuevo documento para hacer posible la negociación”.

“Como consejera tengo que recibir sus sugerencias, valorarlas, trasladarlas y ver que estamos en una situación muy complicada, pero el Gobierno valenciano siempre está muy receptivo”, defendió. También explicó que desde la consejería se trata de mostrar una “sensibilidad extrema por las situaciones que requieren atención específica” como las necesidades educativas especiales o “que se respete al máximo la legalidad en cuanto a las dimensiones del aula”.

La consejera se escudó en la variable de que, dentro de cada autonomía, se puede llevar a cabo una estimación “muy sensible y muy flexible” de la norma. “En la Comunidad Valenciana”, recordó, “se contará con la resolución del inspector, el área territorial y los docentes” para trabajar en que “no disminuya la calidad” del servicio y, posteriormente, “se hará un seguimiento” para ver lo que supone la aplicación del decreto en el alumnado y el profesorado.

“En una mala situación, en un momento de crisis, es cuando habría que invertir más”, respondió Vicent Mauri, portavoz de STEPV. “La educación es intocable”, persistió, “y habría que buscar dinero de otros ámbitos”, señaló. “No existen motivos pedagógicos, organizativos ni económicos para aplicar los recortes en educación”, añadió, “puesto que hay dinero en otros asuntos, como grandes eventos, que no suponen la creación de empleo”.

La Universidad Politécnica de Valencia, por su parte, mostró su apoyo a las protestas y reiteró su oposición al decreto del Gobierno central. El consejo universitario también anunció un esfuerzo “al límite” para paliar “el efecto que tendrá la subida de tasas” y pidió unanimidad para “garantizar el principio de igualdad en el acceso a la educación”.

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