El camino a las autonómicas

El PP da por hecho que los ‘exiliados’ no podrán votar en los próximos comicios

Fernández Díaz admite la dificultad política y jurídica de la iniciativa

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (centro), quien presentó ayer a Basagoiti, saluda tras la conferencia a Andoni Ortuzar en presencia del presidente del PP vasco. / SANTOS CIRILO

En el mejor de los casos, no será a corto plazo. El PP tiene asumido que su intención de que se reconozca el voto en Euskadi a los exiliados por el terrorismo de ETA no se podrá aplicar en las próximas elecciones autonómicas ni aunque Patxi López decida agotar la legislatura y convocar los comicios para 2013. Al complejo encaje legal de la iniciativa se suma el corto periodo de tiempo disponible hasta la próxima cita con las urnas, en la que los sufragios que se reivindican podrían jugar un papel para conformar el futuro Gobierno vasco.

Los populares apuestan por alcanzar un “amplio consenso” de cara a futuros comicios, aunque el Parlamento autónomo ya reflejó hace un año su soledad en esta materia y el actual Ejecutivo de Vitoria y el PSE han ratificado su rechazo a la iniciativa, al igual que el PNV y Aralar.

Fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien el pasado domingo adelantó que el Gobierno trabaja para encajar en el marco jurídico una pretensión que tildó de “razonable”. Ayer, durante su presencia en el Fórum Europa de Bilbao, en el que presentó al presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, insistió en la necesidad de que “puedan tener reconocido su derecho de sufragio aquellos vascos que por el terrorismo tuvieron que salir de Euskadi y trasladarse a otras zonas de España”. Admitió la dificultad política y jurídica de la iniciativa, tanto en público como luego en conversación con EL PAÍS, pero recalcó también que no por ello va a arredrarse. “Vamos a intentar encontrar la respuesta legal a lo que nos parece que es de justicia”, ratificó.

Socialistas, PNV y

Aralar arremeten

contra la pretensión

de los populares

El Gobierno encargó en su día un informe a la Abogacía General del Estado para que analizase los cambios que se deberán introducir en la ley de Régimen Electoral General, pero la semana pasada todavía no estaba concluido, según fuentes populares.

A la incertidumbre jurídica sobre una posible vulneración de la igualdad, materia en la que inciden los detractores de la propuesta, se suma la dificultad de definir con exactitud el concepto de exiliado, así como el número total de afectados. “No hay un número ni siquiera aproximado, qué va. Una cosa es cuánta gente se marchó por todos los motivos y otra cosa es cuánta gente, una vez que se reconociese el derecho estaría dispuesto a acogerse a él”, recalca un dirigente popular implicado en la posible reforma.

Algunos —pocos— de quienes se vieron obligados a cambiar de residencia por ETA siguen censados en Euskadi. Otros, en cambio, están arraigados ya en otras comunidades autónomas y no desean retomar vínculos con Euskadi. Un diputado del PP recalcaba ayer que los beneficiados por la iniciativa, que deberían acreditar su condición de exiliado y su deseo de votar, se extenderían a las elecciones autonómicas, generales y europeas, no así a las municipales y forales.

Basagoiti: "Esto es la verdadera normalidad del País Vasco"

Para el PP y el Gobierno, con todo, por encima de dificultades lo importante es el reconocimiento mismo del derecho. “Esto es mucho más profundo que un resultado electoral, que una táctica cortoplacista. Esto es la verdadera normalidad del País Vasco”, defendió Basagoiti.

El Gobierno vasco se muestra reacio a una iniciativa que, de puertas hacia dentro, consideran que incluso podría ser “inconstitucional”, en lo que coincide con el PNV. Su titular de Interior, Rodolfo Ares, la calificó ayer en ETB como un “señuelo electoral”. El Ejecutivo de Patxi López ultima su plan de ayudas para facilitar el regreso de quienes tuvieron que huir por la amenaza etarra. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, situó ayer tras la pretensión de recuperar el voto exiliado un “intento de manipulación del censo electoral”.

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